martes, 3 de mayo de 2016

Martín Appiolaza, especialista en materia de “seguridad democrática”, analizó los cambios propuestos por el gobernador Cornejo






Martín Appiolaza es director de Prevención, Participación Ciudadana y Derechos Humanos de Godoy Cruz y también especialista en materia de seguridad democrática.
En ese contexto, se animó a analizar los paquetes de medidas y declaraciones que realizó en el discurso legislativo el gobernador Alfredo Cornejo a los fines de “combatir la delincuencia”, como el propio mandatario señaló.
En declaraciones a Radio Nacional Mendoza, Appiolaza reivindicó las medidas tendientes a la profesionalización de los uniformados de cara a “una mejor policía contra más efectivos policiales”.
La fuerte inversión en insumos (uniformes, armas 9 mm, reparación de móviles, etc) para las fuerzas policiales por 70 millones de pesos, que se suman a los 561 millones ya contemplados en la Ley de Emergencia de Seguridad sancionada en marzo pasado, fue el primer punto que se le propuso al especialista para analizar.
¿El destino de mayores recursos económicos garantiza la merma del delito? Appiolaza considera que la cuestión de delito y la violencia es “muy amplia, por lo que implica diversas herramientas y dimensiones”.
En este sentido, explicó que es fundamental una Policía preparada como recurso humano con herramientas adecuadas a los tiempos.  Dijo que el equipamiento y el funcionamiento policial tienen cierta periodicidad de utilidad debido a la evolución de las formas de criminalidad que requieren de mayor actualización. Dio cuenta que hay tecnologías que permiten dejar un registro de las actuaciones policiales “que es un reaseguro para las personas, los vecinos y los funcionarios policiales”.
¿Mendoza tiene buenos o malos policías? “Hay de todo”, respondió Appiolaza, “como en cualquier otro oficio o profesión. Los malos policías son la minoría, sino todo se caería a pedazos”. Resaltó la parte del discurso de Cornejo donde ordenó “fin a la policía corrupta”. Para el especialista esta postura marcó “una irrupción, se viene hablando de la cantidad de policías y el Gobernador dijo ‘no quiero muchos policías, quiero buenos policías”. Desde este lugar cuestionó la cantidad de ingresantes a la Fuerza en los últimos años sobre la calidad de la formación.
Las recientes modificaciones a la Carta Orgánica de la Policía (Ley 6722) favorecería a la concepción de la “buena policía” desde la mirada de Appiolaza porque habilita que el 50 por ciento de los efectivos que quedaron “desenganchados” de la carrera policial dentro de la categoría auxiliar y sin posibilidad de acceder al escalafón hoy puedan reengancharse y formarse. ¿Cómo debe ser una buena policía?: “Hay consenso entre los mendocinos de cómo debe ser, rescato a jefes policiales como Roberto Munives por su desarrollo profesional”.
Sobre la polémica creación de la figura del Defensor de Policías, Martín Appiolaza consideró que “no genera desigualdades sociales” con los sectores perjudicados por el mal accionar de ciertos efectivos: “en todo caso habrá que mejorar la Defensoría Pública para todos”, concluyó. 

domingo, 17 de enero de 2016

Control de arsenal policial: importante para prevenir el delito



El descontrol en arsenales policiales alimenta al crimen. El Ministerio de Seguridad dio un paso fundamental al auditar y denunciar el faltante de armas y municiones. Es el principio de cualquier política integral de prevención de la violencia armada.


Publicado en Mdz, 17 de enero de 2016.
Las armas y las balas no nacen de un repollo. Alguien las fabrica, alguien las vende, alguien hace negocio con las armas con márgenes de ganancia muy generosos, alguien las usa. Y alguien las guarda. En todo el mundo, los arsenales oficiales son proveedores de armas y balas que terminan en manos del crimen. Por eso hay que controlarlos muy bien para prevenir la violencia y los delitos más graves. El Ministerio de Seguridad acaba de tomar una medida indispensable: auditó el arsenal policial y denunció que faltan armas. Es la punta del ovillo.
Según la información periodística, detectaron un faltante de 13 ametralladoras, un puñado de pistolas, chalecos antibalas y municiones. Primero: son bienes públicos y bajo custodia de funcionarios públicos, si hubo un ilícito la Justicia tendrá que encontrar a los responsables. Segundo: más grave, ametralladoras, municiones y chalecos andan sueltos por ahí, muy posiblemente en manos de delincuentes que los podrán usar para seguir delinquiendo o incluso para atacar a policías.
Los tiroteos son un tema de preocupación de los vecinos de los barrios del Gran Mendoza. Esas balas y armas salieron de algún lado. En el mundo 50% de las víctimas de homicidios con armas tienen entre 15 y 29 años, el 79% son varones. En América Latina la posibilidad de morir siendo joven es cuatro veces más alta que en el resto del mundo, potenciada por el uso de armas: 66% de los homicidios (el doble que en Asia y África). En la Argentina, 6 de cada 10 homicidios son con armas de fuego. Controlar de dónde salen y a quiénes llegan las armas es un imperativo para la seguridad pública.
Las políticas de prevención de la violencia armada dan buenos resultados en todos lados. Ciudades de Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Escocia, tienen logros importantes. Se trata de evitar que las armas y balas lleguen a las personas inadecuadas, de desmantelar los proveedores y almacenes del mercado negro de armas con inteligencia criminal, de controlar la fuga de los arsenales públicos y privados, de prevenir los tiroteos de banditas juveniles. Aquí cerca, Santa Fe, trabajó en estos ejes y Rosario logró bajar considerablemente los homicidios.
Lejos de los buenos ejemplos, Mendoza parece condenado a repetir sus errores. No es la primera vez que faltan armas y municiones del arsenal policial. Hace 15 años hubo una auditoría. Con el entonces subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Gabriel Conte y el director de Administración, Martín Kerchner, denunciamos el ilícito. Hubo investigación judicial y responsables.
También hubo medidas reparatorias: las Naciones Unidas a través de la agencia regional de paz, desarme y desarrollo (UN-LiREC), contribuyó con dinero y expertos para ordenar el arsenal, darle más seguridad e incluso adaptar una de las piletas de la ex bodega Giol como depósito de armas secuestradas bajo custodia de la Justicia (a la que le habían robado cientos de armas). Paradójicamente al final del gobierno de Pérez y por insistencia del ex gobernador, el depósito de armas judicial pasó a manos policiales por una acordada de la Suprema Corte. Preocupante, después de conocerse los resultados de la auditoría que hizo el Ministerio de Seguridad.
Es vergonzoso para los mendocinos que hayamos retrocedido en la historia. Mendoza supo ser pionera al establecer una política de control de armas que moldeó la actual política nacional y generó precedentes de peso internacional. El propio gobernador Alfredo Cornejo impulsó políticas estrictas de control y persecución de los mercados ilícitos de armas cuando fue Ministro de Seguridad, fue motor en el Parlamento de nueva legislación y luego invitado por las Naciones Unidas para contárselas a representantes de todos los países. Como entonces fuimos noticias por la transparencia hoy somos noticia por el desatino que se apoderó del Estado en los últimos años. La auditoría es un buen primer paso para empezar a remediarlo.
(*) Martín Appiolaza.  Director de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos de la Municipalidad de Godoy Cruz.

jueves, 20 de agosto de 2015

Criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como actores sociales del cambio

APPIOLAZA, Martín (2014). Criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como actores sociales del cambio. En: Mejia Rivera, J. Ballesteros, G. y Murillo, J. (2014) Coord. pp. 49-101. Editorial San Ignacio. Tegucigalpa.





Por Martín Appiolaza

Introducción
En la sociedad posindustrial, en el mundo globalizado huérfano de proyectos de sociedad totales, organizadores del tiempo y las acciones, donde el Estado ya no tiene el monopolio de la fuerza ni el control del flujo de divisas, personas o productos, están emergiendo las parcialidades culturales con fuerte arraigo local. Nuevos tiempos, nuevos problemas: se necesitan nuevas respuestas.
Son noticia todos los días: crimen organizado, grupos criminales que dominan las fronteras, tráfico de drogas y personas a cargo de paramilitares, pandillas cooptadas por el crimen, más leyes, más penas, más represión policial, cárceles abarrotadas, motines, grupos criminales que reclutan dentro de las prisiones y manejan los negocios ilegales en las ciudades vecinas, colusión entre política, grupos económicos, fuerzas de seguridad y crimen. Lo transmite la televisión, lo leemos en internet, sabemos lo que pasa simultáneamente en todos lados. Lo que sucede en nuestros barrios tiene conexión con la dinámica global.
Dijimos: los abordajes clásicos a la cuestión política criminal resultan ineficientes. No alcanza con sancionar leyes que controlen y disuadan porque la institucionalidad estatal resulta ineficiente a la hora de aplicarlas. Los patrones delictivos de otros tiempos son menos precisos en épocas de fortalecimiento de las identidades y autonomización de los sujetos. En consecuencia, las políticas tradicionales prescriben tratamientos correctivos que apelan a un control que se revela ineficiente. Por eso atendimos a la evolución de las teorías criminológicas y la atención a las políticas sociales. El reconocimiento del sujeto emancipado, que alcanza la expansión de sus oportunidades, necesita una política criminal que entienda los nuevos tiempos y atienda los conflictos desde un reconocimiento de las personas condicionadas por sus entornos.
La criminología cultural se pregunta sobre los sujetos transgresores, sobre los grupos transgresores. El nuevo enfoque interpela la definición de pandilla. Llegamos a la pregunta, ahora con un nuevo enfoque teórico, para tratar de definir nuestro objeto de estudio. ¿Qué son las pandillas?
En este capítulo nos ocuparemos de describir la perspectiva teórica de la criminología cultural, su metodología de trabajo y los principales aportes que ha brindado al entendimiento de qué son, cómo funcionan y por qué proliferan las pandillas. Tomaremos dos perspectivas de análisis de los grupos juveniles violentos inscriptas dentro de la nueva criminología, que abrevan en las teorías sobre movimientos sociales y la construcción de ciudadanía en la sociedad de la modernidad tardía. Pensaremos las pandillas como organizaciones y la posibilidad de convertirse en transformadores de sus condiciones sociales.

miércoles, 10 de junio de 2015

En el gobierno de Pérez aumentaron los robos violentos

Publicada 10 de junio de 2015 en MDZol

La seguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación de los mendocinos. Las estadísticas demuestran que hay un temor justificado: la cantidad de robos agravados en el Gran Mendoza ha venido creciendo en los últimos tres años, desde que Francisco Pérez asumió la gobernación de Mendoza. Algunos problemas se habían acentuado en la anterior gestión.

Según los datos provistos por la Procuración General del Ministerio Público de Mendoza, la tendencia es ascendente con un crecimiento que sería superior al 20%. Dentro de los robos agravados, según explican policías y fiscales, predominan los asaltos a mano armada. Es difícil estimar un número definitivo porque muchas de las víctimas de estos delitos no los denuncian (según en algunos tipos de robos se denuncia menos de la mitad).

Es importante valorar que el Ministerio Público difunda esta información, porque permite dimensionar y tratar de comprender qué características tienen los delitos violentos en Mendoza. Especialmente en tiempos electorales, para que las propuestas y los consensos se cimienten en diagnósticos realistas espantando las tentaciones de la demagogia penal o las propuestas mágicas que siguen dañando la confianza pública y profundizando la inseguridad.

(Quien escribe estas líneas ha asumido una posición crítica sobre muchos aspectos de las gestiones de seguridad de los últimos gobiernos. Es bueno que se pongan en cuestión algunas de estas afirmaciones y revise las estadísticas en la página web del Ministerio Público). Mientras tantos, arriesguemos interpretaciones.

El gráfico muestra que hay meses con altos niveles de robos agravados y otros en los que disminuyen. Estas tendencias suelen corresponderse con distintas variables, entre ellas el tiempo: en los meses cálidos aumentan, porque también aumenta la cantidad de personas en la vía pública. Por ejemplo, hubo 902 denuncias en junio del 2012 y 1397 en abril del 2015. Encontrar las razones es un buen camino para empezar a resolverlas: hay que buscar causas económicas (disminución del ingreso real especialmente en grupos más vulnerables), de deterioro social y en algunas culturas criminales (las banditas violentas preocupan en muchos barrios de la ciudad), también problemas en el funcionamiento de la Justicia, en el deterioro al que se ha sometido a la Policía y especialmente en la falta de una política criminal.

La tendencia creciente tiene correspondencia también con el incremento de otros delitos violentos en el Gran Mendoza, como los homicidios. La tasa superó el umbral de 10 asesinatos cada 100 mil muertes que establecen las Naciones Unidas para considerar que existen epidemias de violencia. El año pasado fue de 12,59 colocando a la ciudad entre las más violentas del país y revirtiendo definitivamente la tendencia de descenso que había tenido en la primera mitad de la década pasada.

La seguridad empezará a resolverse lentamente sólo si hay medidas que rompan el ciclo de desaciertos que permitieron el aumento del delito, como ya ha hecho explícito por ejemplo el candidato a gobernador Cornejo. La salida necesita de acuerdos sobre información sólida, profesionalismo y una gestión efectiva de todas las instituciones del Estado que pueden revertir el problema.

miércoles, 25 de marzo de 2015

Necesitamos una inteligencia para reducir el crimen

El presupuesto para la seguridad aumenta. La cantidad de policías aumenta. La cantidad de juzgados y presos aumenta. Sin embargo, crece aún más rápido el delito y los homicidios. Hay que cambiar para ser efectivos: la clave está en entender cómo se organiza el crimen y atrapar a los responsables a partir de información criminal.



Por Martín Appiolaza*. El mundo cambió. El delito cambió. Las viejas recetas ya no funcionan. El crimen crece aceleradamente y los intentos por disminuirlo parecen impotentes. Cada día se necesitan organizaciones policiales y judiciales más preparadas, con funcionarios más especializados y coordinados. Porque las organizaciones del crimen son cada vez más sofisticadas, a veces operan desde cualquier parte del mundo usando bandas locales y suelen tener más recursos que los policías y fiscales.

Cuando hablamos de crimen organizado suena lejano, pero las organizaciones operan muy cerca de nuestras casas. El robo a punta de pistola de un auto, secuestros para trata o la banda que vende de drogas en una esquina, por ejemplo, suelen ser la cara visible de estructuras criminales complejas con muchas ramificaciones. Detrás del que robó el auto está el que lo desarma o bien el que lo saca de la provincia y revende. Detrás de la abuela o el joven que vende marihuana, está el que la importó, el que organizó el transporte por miles de kilómetros, el que pagó sobornos, el que la repartió para que la comercialicen.

Detrás de los asaltos violentos o las peleas por territorios en los barrios hay jefes. Cuanto más impunidad y libertad para actuar tienen esas organizaciones criminales, más violencia sufrimos, más sentimiento de inseguridad y percepción de que la Justicia o la policía no funciona. Por eso una política criminal que busque reducir el delito debe hacer foco principalmente en las modalidades de crimen organizado y sus miembros.

Para atraparlos hace falta información sobre el crimen y un uso inteligente para darle efectividad a la Justicia y la Policía. Una estrategia integral debe sumar mecanismos adecuados de controles patrimoniales, control y lucha contra la corrupción y mecanismos sociales que prevengan las causas que favorecen el crimen como políticas efectivas de salud, educación y trabajo.

Postales de un fracaso

Nunca hubo tantos presos, tantos jueces, tantos policías y tantos delitos. Por este camino todo esfuerzo parece condenado al fracaso. Hace falta un cambio en el modo de abordar el delito que pasa por tener información que permita llegar a las cabezas de las organizaciones que dinamizan el delito en los barrios. De atrapar a los miembros de esas organizaciones antes que sigan cometiendo crímenes. Y de poder anticiparse a la formación de nuevas bandas y de los delitos que quieran cometer.

Se trata de ser inteligentes y de hacer inteligencia: es decir, buscar información que nos permita ser efectivos con los pocos recursos que tiene el Estado. No se pueden seguir tratando de matar moscas a cañonazos, sino de conocer en profundidad las organizaciones, su forma de actuar, sus redes de protección (por definición, estatales y económicas) y la mano de obra violenta que usan, repitiendo varias veces los delitos.

Hace años, Mendoza creó un área de inteligencia criminal que al menos parece ineficiente. La inteligencia criminal, que está en debate en la Argentina, se ha desvirtuado entre operativos de seguimiento político, confundiendo funciones y logrando escasa eficiencia (a la vista está el despliegue de capos narcos que hicieron de Puerto Madero y Nordelta). Si esto pasa en la Argentina, Mendoza seguramente no es una excepción.

Pero en Mendoza se vaciaron los sistemas de información criminal. Hace un tiempo me tocó entrevistar a una funcionaria de Seguridad que hacía un buen trabajo de análisis de información sobre las organizaciones de robo de autos, pero los otros funcionarios preferían manejarse por la intuición. Las consecuencias están a la vista.

A diferencia de otras provincias, hoy prácticamente no tenemos información criminal, no tenemos estadísticas amplias que permitan entender las dinámicas del delito. Nos faltan datos para saber qué características tendrá el crimen dentro de 10 o 20 años y formar policías adecuados para abordar los desafíos que vendrán. En cambio, todo es coyuntura y supervivencia al día, todo es tratar de tapar un escándalo con algún operativo pomposo. Así no se hace política seria ni se consiguen soluciones de largo plazo. Hacen falta políticas de Estado fuera de las especulaciones políticas o las preocupaciones por su continuidad laboral de los funcionarios de turno.

Inteligencia contra el crimen

La inteligencia se aplica en varias áreas de las políticas públicas, para garantizar la vida de los ciudadanos y los derechos ante una multiplicidad de amenazas que pueden afectar el acceso a la comida, poner en peligro la salud o bajar el valor de la producción de recursos de un país. Entonces, ¿por qué no hacerlo bien en seguridad?

Una anécdota: hace una década, trabajando para Naciones Unidas, pude compartir una reunión privada con una de las máximas autoridades del sistema de inteligencia brasilero. En ese momento se quejaba porque le habían cambiado las órdenes: el presidente Lula ya no les pedía que expiaran a adversarios políticos, sino que siguieran de cerca el valor de los alimentos en los mercados mundiales para poder anticiparse a una hambruna, un boom agrícola o conflictos por tierras cultivables.

¿Podremos hacer lo mismo para anticiparnos a las organizaciones criminales transnacionales que pueden intentar desembarcar en la provincia, cooptar las bandas locales e intentar lavados de activos como ya pasó en México, por ejemplo? El crimen organizado tiene una fase depredadora que es la del crimen tal como hoy lo sufrimos en los barrios. Pero luego busca cooptar el Estado comprando a políticos y jueces.

El sistema electoral sin financiamiento público que es una tentación para que el dinero del crimen intente meterse en las campañas electorales. El financiamiento privado de la política favorece que el poder económico (el lícito también) coopte a los partidos políticos y al Estado. Ya hubo dinero vinculado al narcotráfico en al menos en dos campañas presidenciales. La Argentina no ha demostrado capacidad aún para frenar el lavado de activo asociado con la corrupción. Si sucede, la violencia será peor.

Estamos a tiempo de apostar a una seguridad basada en la inteligencia, concentrada en ir a buscar a las bandas, a sus jefes, a sus matones. Si lo logramos, se romperá el ciclo acelerado del incremento de la violencia y también estaremos poniéndole freno a las organizaciones del crimen organizado que quieran afianzarse en Mendoza.


*Investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Asesora a gobiernos y organismos internacionales.