martes, 18 de abril de 2000

De policías y ladrones

Por Martín Appiolaza
Diario Los Andes, 18 de abril de 2000

La Policía de La Rioja se sublevó ignorando las instituciones democráticas: reclama impunidad y mejores sueldos. La Nación echó a los jefes de los guardiacárceles federales porque tenían un plan para matar al juez que los investiga. En Mendoza, pidió licencia el subjefe de la Penitenciaría acusado de torturador, mientras el gobierno intenta contrarrestar las denuncias por violaciones de los derechos humanos.

Estos escándalos que explotaron casi al mismo tiempo y en distintos rincones del país, son síntomas de un mismo problema: las políticas de seguridad pública están agotadas.

Los estudiosos explican que el modelo de policías que tienen las provincias y las cárceles son producto de la doctrina de seguridad nacional, base teórica de las dictaduras de los años '70.

Se preparó entonces a las fuerzas de seguridad para enfrentar al “enemigo” interno que pretendía subvertir el orden público. El esquema terminó confundiendo políticas represivas con la lucha contra el delito.

Así surgieron las policías aisladas de la sociedad y organizadas como ejércitos, que perseguían a los ladrones y los mandaban a las cárceles incapaces de resocializarlos.

Siguiendo esa línea, se propuso la mano dura contra el delito, disparado por la exclusión de los años '90. No funcionó: las policías siguieron moviéndose casi al margen de la legalidad y las cárceles siguieron sobrepoblándose. Ahora, el gobierno nacional sugiere democratizar las policías y alentar la participación de la gente en la prevención del delito. Y pone como ejemplo la reforma de Mendoza y los cambios en la Federal. También eyecta a los jefes penitenciarios de la vieja política y pide que se cumpla con las políticas de reinserción.

La crisis fuerza a un debate sobre políticas de seguridad que Mendoza ya encaró hace tiempo.