martes, 9 de julio de 2002

Un compromiso para el control de las armas

Publicada en Diario Los Andes el 9 de Julio del 2002.

Por Martín Appiolaza

L
a violencia, agravada por la proliferación de armas de fuego, le quita cada año a Latinoamérica el 14% de sus riquezas (BID, 2000). El empobrecimiento y la desigualdad que generan son uno de los principales reproductores de violencia. Es un círculo vicioso que debe interrumpirse de alguna manera y en el que ningún sector de la sociedad puede declararse incompetente.

El ciclo de la violencia se puede comparar con el de la enfermedad del dengue: la infección existe, pero la mejor forma de combatirla es tratar de evitar el contagio controlando al mosquito que la transmite. Las armas son las principales portadoras de la muerte violenta, potenciando la letalidad de la conflictividad social. No es lo mismo un golpe con los puños que un disparo: las estadísticas demuestran que el 80% de los asesinatos en Mendoza se producen con armas de fuego.

El control efectivo de las armas de fuego ya tiene un lugar en la agenda del gobierno argentino. Mejor tarde que nunca. Después de confiar durante años en la registración como única forma de control, está estudiando cómo hacer un programa de desarme ciudadano tomando como referencia el Plan Canje de Armas mendocino.

Pero hace falta algo más que nacionalizar una buena experiencia. La Argentina necesita una política de control de armas enmarcada por una política de seguridad pública consensuada y a salvo de los manotazos torpes de la fracasada demagogia de la mano dura. La clave está en ocuparse de las causas apostando a la prevención en lugar de seguirle el juego a los oportunistas que reclaman con alaridos de guerra que se combatan las consecuencias sociales de la desigualdad con más represión. Siempre es más rentable educar a los conductores y poner barandas a la orilla del camino que hospitales en el fondo del precipicio.

Con su política de Estado, Mendoza logró hace más de 3 años poner la vista en el horizonte de la seguridad y ocuparse de la prevención. Y sólo en el contexto de la prevención se puede pensar en una política de control de armas que se ocupe también del desarme ciudadano. El primer paso fue el Plan Canje, pero además de sacar armas de las casas hay que evitar la proliferación controlando la venta legal e ilegal, la fabricación, el tráfico, las municiones y especialmente combatir la demanda exhibiendo la irrefutable verdad de las estadísticas: un arma en casa lejos de dar más seguridad aumenta los riesgos de homicidio o suicidio para la familia.

En el camino

Con la asistencia de Naciones Unidas (a través del Centro Regional de Lima) y del gobierno de Canadá, Mendoza está informatizando sus archivos, auditando sus depósitos y generando una base de datos que permita conocer todo de un arma: la fabricación, el transporte, las manos por las que pasó, los delitos en los que estuvo involucrada y el lugar preciso en el que se encuentra. La información es lo primero para diseñar una política de armas, y lo más grave es que la Argentina tiene información parcializada e inconexa. Por eso también se está trabajando desde aquí para mensurar el problema social de las armas, su impacto en la salud, en la economía, en el turismo, en la educación.

Por ahora los datos demuestran que sólo una porción relativamente pequeña de los homicidios con armas se producen después de un asalto o una violación. El grueso del problema está en las peleas entre personas o grupos que se conocen previamente. Estas peleas serían menos letales si no usasen revólveres y pistolas que, lejos de lo que podría suponerse, son de calibres chicos y fueron vendidas durante años sin mayores requisitos. La falta de una política que previniese la proliferación nos ha dejado una sociedad saturada de armas.

Además hay un mercado negro incuantificable alimentado por armas que fueron fabricadas y vendidas legalmente, pero en algún momento se las robaron a los dueños o irresponsablemente las vendieron eludiendo todo trámite legal. Esas armas, muchas usadas hoy en el crimen, necesitan municiones que fuera de toda lógica y razón se venden en algunos pequeños comercios de barrio. Incluso se ha detectado que los fabricantes las distribuyen en lugares no autorizados desoyendo las leyes. El control de las fronteras y la venta de armas y municiones deben ser estrictos.

En 1998, Naciones Unidas difundió un estudio que demostró que las sociedades que tienen más armas al alcance de la mano son las que tienen más víctimas por armas. Los números también demuestran que las leyes más restrictivas a largo plazo terminan disminuyendo la cantidad de homicidios con armas. La lógica es sencilla: hay que rescatar armas de la sociedad para salvar vidas.

Un tema de todos

Un cóctel de medidas que incluyan facilidades para que la gente se saque esas armas de encima donándolas al Estado, entregándolas en custodia hasta que se regularicen los trámites, inutilizándolas, informando de su existencia para sacarlas de la clandestinidad, o canjeándola por algún bien, nos permitirá a los mendocinos empezar a controlar el problema. Pero también es necesario controlar al Estado que tienen la responsabilidad de custodiar las armas y destruirlas. Por eso la ONU aceptó el pedido de Mendoza para que ayude a vaciar los depósitos de armas y convertirlos en lugares más seguros evitando robos o faltantes.

Y si todas las armas, las que mataron y matarán mañana, fueron alguna vez legalmente fabricadas y vendidas, no hay que perder de vista el comercio. Al margen del uso deportivo, otros al comprar un arma piensan que están comprando seguridad. Un arma en el hogar aumenta 3 veces el riesgo de ser víctimas de un homicidio para los miembros de la familia y 5 veces el riesgo de suicidio (Kellerman y otros, 1992). Sin ir más lejos, el año pasado en Río de Janeiro hubo 600 veces más muertos entre las personas que intentaron resistir un asalto sacando un arma de fuego, que entre las que sólo entregaron el dinero y no se resistieron (Cano, 2002).

El uso compulsivo de armas en la Argentina tiene que ver con su tradición de violencia. Un arma es también un símbolo de virilidad, un instrumento que aporta identidad entre los sectores marginados, una herramienta de poder que acentúa la desigualdad y el abuso. El desarme entonces también debe ser mental para pasar de la lógica de la supervivencia del más fuerte a una sociedad de convivencia.

Y es aquí donde deben tomar la posta los sectores de la sociedad que trabajan por la reconstitución del tejido social, los derechos humanos, la formación ciudadana, la educación, la mediación, la defensa del medio ambiente, el desarrollo social, económico y empresarial. La violencia y las muertes con armas son un emergente de problemas más profundos, pero mientras intentamos solucionarlos no podemos dejar que una bala mate nuestros esfuerzos.