martes, 9 de agosto de 2005

Seguridad, un problema de este mundo

Por Martín Appiolaza, consultor de organismos internacionales


La seguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. Sin embargo, el debate se empantana siempre con el enunciado de consignas, réditos electorales y distribución de cargos. A veces hay soluciones a medias, espasmódicas y desarticuladas, hasta que la ola de robos, la última estadística o el crimen brutal que desencadenó la crisis de turno, se diluye en el tiempo. Y la cosa queda así.

No puedo entender esta obsesión de los argentinos con la inseguridad. Tienen niveles bajos de violencia y delitos, sin embargo, sólo hablan de eso”. Las palabras no son de un observador ingenuo: Carlos Basombrío codirigió como Viceministro del Interior, la reforma del sistema de seguridad pública en el Perú, en un país saliendo de una dictadura, con una policía acusada de violaciones a los derechos humanos gravísimas y corrupción generalizada, con narcotráfico, secuestros y una guerrilla agazapada en la selva. Basombrío, un hombre de los derechos humanos que dirigió la represión al delito en su país y asesoró gobiernos en la Argentina, sigue preguntándose: “¿por qué esta obsesión con la seguridad? Deben mirar a otros lados”.

Que los argentinos no miramos al resto de los mortales como dignos de compartir el mismo planeta, es un chiste común (al menos en la Tierra). Que sintamos que nuestros males son únicos y nos obsesionemos sin encontrarles salidas, es una complicación. Pero que nos quedamos en el debate de solapas, sin lograr definir los caminos para entrarle a la violencia, es una condena a regurgitar una y otra vez los mismos problemas.

Discutir sobre seguridad pública es discutir sobre políticas: las propuestas para enfrentar el problema son el emergente de formas de imaginar la sociedad. La seguridad exige políticas. Las políticas exigen saber dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y cómo. Y para pasar de las ideas a los hechos se necesitan personas capaces de dialogar abiertamente, generar acuerdos y pilotear en las adversidades: las políticas necesitan políticos. Pero las ideas no vienen mal, mucho más si hablamos de seguridad, ya que detrás de las etiquetas de políticas hay ideologías que les dan sustento. Están en discusión las libertades y los derechos: los modelos de seguridad encubren qué tipo de democracia queremos.

Mendoza logró escapar de la mediocridad hace 6 años, cuando construyó un consenso básico sobre el modo de enfrentar el problema de la seguridad con una política de Estado. Los mendocinos nos pusimos de acuerdo en que queríamos represión del delito con derechos humanos, una policía respetable y respetada, y trabajar para reducir la violencia (eso que se llama prevención). La vigencia y amplitud del acuerdo político está siempre en discusión, pero la sociedad civil involucrándose activamente y los sectores de la policía que han trabajado en la transformación de su institución ha demostrado cambios. Es cierto también que la violencia sigue alta en Mendoza así como ha crecido en la Argentina y en el resto de América Latina.

Sin enredarnos en números, podemos decir que la tasa de homicidios en la Argentina es la mitad que el promedio de los países latinoamericanos. Y que América Latina tiene el doble de homicidios que África. También podemos decir que mientras países como Australia o Estados Unidos redujeron casi a la mitad el número de homicidios durante la década de los ’90 (especialmente con políticas preventivas como control de armas, dando más oportunidades a los jóvenes, controlando el acceso al alcohol o generando empleo), en América Latina tenemos el doble de muertos que hace 10 años. De lo que estamos hablando es de violencia, que exige algo más que miradas miopes o réditos cortoplacistas.

Hay investigadores que hacen una relación directa entre el aumento de la violencia y las políticas de privatizaciones y de concentrar más privilegios en los más ricos empobreciendo a los más pobres, que se aplicaron con especial entusiasmo en América Latina en los años ’90. Suena lógico, pero no puede ser la única causa. Según la teoría, las causas de la violencia las podemos buscar primero en qué tipo de sociedad tenemos, porque una sociedad inequitativa tiende a ser violenta. También podemos buscarlas en el tipo de instituciones que tenemos: alientan formas violentas las familias desechas, democracias con ciudadanos de brazos caídos, gobiernos corruptos, justicias injustas, escuelas que no integran. Pero esa violencia se potencia con el fácil acceso a drogas, a alcohol y a armas. Si fuéramos doctores de nuestra sociedad, podríamos decir rápidamente que hemos tenido todas las condiciones para incubar la enfermedad de la violencia, que se traduce en delitos.

Esta violencia le cuesta a la región algo más del 12% de todas las riquezas que produce cada año, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto es: menos dinero para educación, para salud, para alimentos. Y como la distribución de oportunidades no es equitativa, pierden más oportunidades de salud, educación y nutrición los que menos tienen, esos mismos que son los más afectados por la pobreza y la violencia. Aquí si cabe aquello de que la violencia engendra violencia.

La cuestión es: ¿podemos aprender algo de todo esto? Si, claro que si. Tenemos acumulación de problemas y hay que ocuparse de todos al mismo tiempo. No hay recetas mágicas de la escuela inglesa de la seguridad comunitaria, ni el enfoque francés de la prevención. Lo que hay es un montón de experiencias sueltas que nos sirven para ir sabiendo qué ha funcionado y cómo. Aunque nos guste mirarnos en un sofisticado espejo europeo, también tenemos para aprender de los vecinos latinoamericanos que tiene problemas más parecidos a los nuestros y se decidieron a encararlos mucho antes.

Nuevamente en esto, Mendoza picó en punta con su reforma del sistema de seguridad pública iniciado en el año ’98. Entonces, Internet no era tan accesible y parecía novedoso pensar en que la gente debía ser parte del servicio ciudadano de seguridad participando en las soluciones y exigiendo calidad. Por eso mismo, abrir la institución policial a las demandas de los vecinos y romper con el acuartelamiento que le impusieron las dictaduras con la Doctrina de Seguridad Nacional, era algo necesario aunque sorprendiera. Que ser policía no era sólo dar palos, que es una carrera que exige profesionalización y demanda la capacidad de ejercer la represión del delito respetando los derechos de las personas a las que se sirve, también parecía novedoso. La clave era dejar atrás la lógica de la policía al servicio del poder de turno y ponerla al servicio de los contribuyentes, rompiendo con el paradigma de policía para la represión política o la represión selectiva del delito. Así se lograba eficiencia y medir la eficiencia es imposible sin estadísticas verídicas y transparentes.

En Colombia las reformas de policía se iniciaron con una gran purga de agentes corruptos. En Costa Rica, uno de los países con menos delitos (tiene estadísticas similares a Mendoza), existe un aceitado sistema de participación ciudadana y una policía de tipo comunitario muy extendida. También en Chile, en Perú y en algunos lugares de Brasil, por ejemplo. En El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua y en los otros países ya mencionados, una parte cada vez más grande de la policía, trabaja integrada con los vecinos buscando las formas de prevenir la violencia (especialmente esos tipos de violencia que las leyes consideran delito), mediando en conflictos, rindiendo cuentas, cumpliendo compromisos. Pero el enfoque no debe ser sólo policial: en Costa Rica –nuevamente- la coordinación de todas las áreas de prevención de violencia están en el Ministerio de Salud (incluso las campañas de desarme), los comité de seguridad en algunos estados brasileños reúnen a todas las áreas del gobierno. En Medellín (Colombia), la cantidad de homicidios está cayendo en picada desde hace dos años, mientras el gobierno municipal ha estructurado un plan estratégico que tiene como uno de los ejes la seguridad, y para mejorarla contempla obras públicas, de salud, de educación, cultura y por supuesto deportes.

Quizá entonces valga aquello de Basombrío: las cosas no están tan mal, sólo falta mirar un poco alrededor, perder ansiedad y seguir buscando entre todos las mejores formas de prevenir la violencia y reprimir el delito. Hay buenas prácticas en América Latina que tienen mucho que ver con las reformas iniciadas hace tiempo en Mendoza: los ejes son participación ciudadana, profesionalización policial y un enfoque integral sobre el problema. Las soluciones son terrenales: ya no es cuestión de recetas sino de hilar fino.