martes, 6 de diciembre de 2005

Recuperando el gobierno de la seguridad

Por Martín Appiolaza (ILSED)

Benditos sean los políticos tomando decisiones sobre políticas de seguridad. El gobierno de la seguridad es una responsabilidad de los políticos (usando la más alta acepción del oficio): fueron elegidos para reducir los problemas de violencia y quizá por eso también se los recompense a la hora de votar. Hacerse cargo de ese mandato sin caer en la tentación autoritaria, sin demagogias ni cortoplacismo, es lo que se espera de dirigentes democráticos. Por eso resulta alentador leer al ministro de Justicia y Seguridad, Miguel Bondino, definiendo líneas políticas para su gestión.

Podríamos pensar que volvió el gobierno de la seguridad (perdido, quizá, después de la salida de Alfredo Cornejo del Ministerio de Justicia y Seguridad). En un limbo de semanas, sufrimos sequía conceptual y de gestión, lamentamos a una turba que reclamaba sangre atacando al Gobernador, y luego a un Zonda antirreformista -que sopló sofocante pero efímero- queriendo barrer el oasis institucional que construimos los mendocinos con 6 años de políticas de Estado en Seguridad.

Pero Bondino ha explicitado una línea política para su gestión, un plan. ¿Usted dejaría la obra pública en mano de los albañiles, para que hagan “lo que hay que hacer”? Sin una estrategia de desarrollo y un capataz, es posible que Mendoza se llene de paredes bien construidas, pero ninguna escuela o ningún dique. Se dijo lo mismo de las seguridad: que llamen a los que hagan “lo que hay que hacer”, como si se tratara de magos conjurando fuerzas sobrenaturales para conseguir un resultado misterioso. Esta lógica oscurantista deshonra a los policías profesionales que saben que no hay táctica sin estrategia y para definir una estrategia se necesita saber dónde estamos parados.

La seguridad no es un enigma para magos, sino una tarea para estadistas. Así lo entendieron en Bogotá (Colombia) durante la gestión de Antanas Mockus, famosa por reducir considerablemente la cantidad de crímenes. La información racional venía de un sistema estadístico público y transparente: “Bogotá cómo vamos” fue el observatorio impulsado por una universidad, un diario y el gobierno, para conocer qué estaba pasando en la ciudad. Ese fue el instrumento para definir políticas exitosas en varias áreas, especialmente en seguridad. Porque es bien sabido que no hay políticas exitosas sin diagnósticos serios.

Quizá, algo parecido pueda estar pasando en Mendoza. Hace pocos días se dio a conocer una evaluación de la seguridad de Mendoza y una propuesta para profundizar las reformas, elaborado por el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), con la participación de funcionarios de gobierno, sectores políticos y sociales involucrados en la problemática de la seguridad y con el apoyo de la Universidad de Congreso. Allí, todos coincidieron en que uno de los máximos logros de Mendoza es haber iniciado la modernización de su sistema de seguridad pública, con una dirigencia política que se hizo cargo de gestionar las soluciones.

También en su columna de opinión, el ministro Bondino ha reforzado la idea de profundizar las reformas modernizadoras del sistema de seguridad pública, y ha definido una estrategia que buscaría involucrar a todos los sectores políticos y sociales, trazando una línea de trabajo para los próximos 10 años, que no se envilezca por el destello de los flash y escape de las posiciones testimoniales pero estériles que anteponen derechos humanos con eficiencia policial. De esto precisamente se trata el gobierno político de la seguridad: razonabilidad. Con más o menos éxito así lo intentaron otros ministros: Cazabán, Orquín, Grillo y Cornejo.

En las últimas semanas, con juego más o menos sucio, con marchas y contramarchas, con sutilezas y desprolijidades, actores sociales y políticos han zarandeado el sistema de seguridad sumido en una crisis por falta de política. Pero primó la racionalidad (lo mínimo que se le puede pedir a la política en democracia). Ahora volvemos a escuchar a un ministro de Justicia y Seguridad analizando el problema de la violencia, enumerando las causas, identificando los factores de riesgo, diciendo que hay que prevenir con eficiencia y reprimir con respeto a los derechos.

Las definiciones del Ministro le han devuelto a la política el rol que debe tener en el gobierno de la seguridad. Ya lamentamos cómo el vacío alentó el pensamiento mágico de turbas asustadas, que volvieron a reclamar verdugos para que hagan “lo que hay que hacer”. Al definir objetivos a largo plazo, formas de alcanzarlos e invitar al debate, se abre la oportunidad para una discusión racional, con números a la mano e ideas un poquito más suculentas que recetas marketineras bajadas de Internet.

Se sabe que las contrarreformas mueren prematuras. El gobernador Cobos le puso límite a algunos despropósitos. Pero al mismo tiempo se ha abierto la oportunidad para profundizar la modernización de la seguridad pública y no hay que repetir errores: se necesita más política, se necesitan más políticos gestionando la seguridad con eficacia, se necesitan policías cada día más profesionales (sin vocación de chivo expiatorio), y se necesita que sigan participando los miles de mendocinos que en estos años han estado en los foros y consejos de seguridad, dando ideas y aplicándolas para reducir la violencia.

Esperemos que las ideas de Bondino no queden en una enumeración correcta de medidas adecuadas y se traduzcan en hechos que se puedan ver y, sobre todo, sentir. En la destreza de implementarlas se nos van muchas chances de vivir más seguros.