viernes, 10 de noviembre de 2006

INFORME. Hacia una agenda parlamentaria para reducir la violencia armada en niños, niñas y jóvenes

Por Martín Appiolaza
Coordinador Regional en América Latina y el Caribe del Foro Parlamentario Consultor sobre violencia armada de Save the Children Suecia

Introducción
Niños, niñas y jóvenes son el grupo más afectado por la violencia armada. Es un fenómeno global que se vuelve más dramático en los países donde abunda la pobreza, la desigualdad, donde es difícil el acceso a la salud, a la educación para amplias masas de la población que viven hacinados y sin expectativas de mejorar. Allí, donde el mal desarrollo vulnera todos los derechos humanos de los niños y niñas universalmente consagrados, allí precisamente, los niveles de violencia son mayores.
La Organización Mundial de la Salud en su Reporte sobre Violencia y Salud determinó que en el año 2000 unos 199 mil niños, niñas y jóvenes fueron asesinados. La tasa de homicidios varía del 0,9 cada 100 mil habitantes en los mal llamados países desarrollados, hasta alcanzar una tasa del 17,6 en África y el 36,4 cada 100 mil habitantes en América Latina1.
Dicho de otro modo, las posibilidades de los niños, niñas y jóvenes latinoamericanos de ser asesinados es 40 veces mayor que las de sus pares de la Europa Occidental. La proliferación de armas empeora esta situación. Cuando la violencia se arma, aumenta la letalidad: una pistola mata con mayor eficiencia que otro instrumento de muerte. Y si los niños, niñas y jóvenes son las principales víctimas de la violencia, el uso de armas los afecta especialmente. Así es como el 51 % de los asesinados con armas en el mundo tienen entre 15 y 29 años2. Según este estudio, América Latina y el Caribe tiene la más alta concentración de homicidios con armas de fuego: el 40% de los que hay estimados en el mundo pese a que sólo hay conflictos en Haití y Colombia. Además, América Latina tiene la mayor tasa de homicidios con armas variando entre los 12,8 a los 15,5 cada 100.000 casos. Esto se explica si tenemos en cuenta que en la región, en el 60% de los homicidios interviene un arma de fuego. El contraste se siente respecto a Europa occidental, que tiene más armas per cápita que América Latina o África, pero sólo concentra entre el 0,3 y 0,4% de los homicidios con armas3.
Esto que podría parecer una paradoja, ha sido estudiado y se coincide en que los factores que hacen violenta a una sociedad siempre están relacionados con la pobreza, con la violencia en la familia, la carencia de trabajo que está relacionada con el fracaso escolar y educación inaccesible (aquí la diferencia entre Europa y América Latina o Africa). Se va configurando así un cuadro de exclusión asociada que se manifiesta a veces en racismo, prejuicios, estigmatización y se asocia con el lugar en que viven, con la falta de servicios públicos, de posibilidades de recreación. La situación se agrave cuando hay acceso a alcohol, drogas y especialmente a armas de fuego. El Informe de Naciones Unidas sobre Violencia contra Niños, Niñas4 presentado en octubre de 2006 coincide al identificar los mismos factores causales.
Caras del problema y el rol parlamentario
El derecho a no ser discriminado, a tener acceso a educación, salud, recreación, al desarrollo, han sido consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y por la suscripción de los estados parte.
Sin embargo, su incumplimiento no sólo perpetúa la violencia hacia la niñez también es un acto de violencia en si mismo por parte del estado. Atender los derechos humanos del niño la mejor política de prevención de la violencia. Sin embargo, muchas veces las respuestas de los gobiernos suprimiendo derechos, por ejemplo a partir de las políticas de “mano dura”, o enfoques puramente reactivos, consiguen agravar los factores de riesgo de la violencia.
El problema de la violencia armada tiene a los niños, niñas y jóvenes jugando los dos roles protagónicos: el de víctimas y el de victimarios. Pero cuando se investiga con más profundidad se distingue que los agresores se concentran en los rangos de edad de 18 y 25 años. Las expresiones violentas que los involucran se presentan de distintas maneras que van del delito amateur al fenómeno COAV (Children and Youth in Organised Armed Violence)5, que corresponde con aquellos que trabajan en organizaciones violentas tan complejas como pandillas, facciones de la droga o maras, que tienen actividades económicas ilícitas y utilizan las armas para enfrentar a otros grupos, a las fuerzas policiales y también para dominar el territorio y a sus habitantes.
Los sistemas democráticos buscan que el trabajo de sus parlamentos esté basado en una cultura de paz y justicia social donde se respeten de manera equilibrada los derechos y libertades y en la que los niños y niñas sean considerados personas que poseedores no sólo de Derechos Humanos si no también de derechos especiales como los estipulados en la Convención sobre los derechos del niño. Los parlamentarios, como representantes de los ciudadanos y las comunidades, deben legislar terciando entre intereses individuales y de grupos de presión, para garantizar la paz social.
Los sistemas democráticos descansan en sus parlamentos la responsabilidad de sentar las bases de la organización social, que no es otra cosa que definir las reglas que les permitan a las sociedades un clima de paz y justicia donde se respeten de manera equilibrada los derechos y libertades y en la que los niños y niñas sean considerados personas que poseedores no sólo de derechos humanos sino también de derechos especiales como los estipulados en la Convención de los derechos del niño. Los parlamentarios, como representantes de la sociedad, deben legislar terciando entre intereses individuales y de grupos de presión, para garantizar la paz social.
Pero en estos tiempos en que las demandas de seguridad se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población, el rol de diputados y senadores sólo puede ser protagónico.
El incumplimiento de los derechos del menor como factor causal de violencia, la violación de otros derechos por parte de niños, niñas y adolescentes y al mismo tiempo el Estado aplicando políticas que se sustentan en la restricción de los derechos de todos, representa una trilogía compleja que exige la intervención parlamentaria.
Concretamente, en el gobierno del Sistema de Seguridad Pública a los parlamentos les corresponde sancionar las leyes que regulen la seguridad; analizar, aprobar y controlar el presupuesto fiscal de los recursos destinados a financiar las políticas y programas de seguridad; y controlar y evaluar las políticas, la organización y el desempeño de todos los órganos y actores que formal en sistema de seguridad pública6.
Buscando soluciones
En relación con los problemas de violencia armada que afecta a niños, niñas y jóvenes, hemos podido observar que algunos parlamentos han desarrollado iniciativas importantes y que pueden continuar haciéndolo con mayor ímpetu. Por un lado están los esfuerzos para ocuparse de los aspectos propios de la violencia y por el otro aquellos relacionados con el desarme y el control de armas.
Un desafío para la prevención de la violencia armada es encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes (que no sufragan y que no representan un grupo de presión política), frente a los reclamos airados de sectores de la opinión pública y sectores políticos en función de aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad o incluso la pena de muerte o los ajusticiamientos extrajudiciales.
Buscando soluciones, el Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños,
Niñas (ver www.scslat.org/unstudy/index.htm) hace algunas recomendaciones que podrían ser útiles para los legisladores. Por ejemplo, recomienda que se diseñen de políticas integrales planificadas a partir de los derechos del niño, prohibir toda forma de violencia (incluyendo la violencia en institucionales educativas, sanitarias y especialmente en la familia), dar prioridad a la prevención en las políticas de seguridad, atención en salud y educación y promover valores no violentos, preparar especialmente al Estado y sus agentes para que respete los derechos, entre otras medidas.
Respecto al desarme y control de armas, siguiendo las recomendaciones del Observatorio Parlamentario7, evitar la proliferación a partir de más y mejores controles aplicados sobre empresas privadas de seguridad, arsenales públicos y privados, fabricantes, intermediarios y transportistas, poseedores de armas, implementar en cada país iniciativas internacionales como el Programa de Acción de Naciones Unidas 2001 o los principios del Tratado Internacional de Transferencia de Armas (ATT en su sigla en inglés) que contemplan no permitir transferirle armas a actores no gubernamentales, o el marcaje de armas y municiones.
El control de la proliferación debe estar acompañado con medidas de reducción de los stock a partir de programas de desarme voluntario (recolección a cambio de estímulos), desalentar el uso trasladando a los tenedores de armas a través de impuestos los costos que la violencia armada representan para la sociedad y fomentar la sensibilización de la opinión pública a partir de campañas de concientización, desarrollo de la cultura de paz, involucramiento de la sociedad civil. Por último, como responsable del control de la gestión gubernamental, debe estar atento que se cumplan con iniciativas antes presentadas.
Preguntas que merecen formularse:
1. ¿Pueden los parlamentos impulsar medidas preventivas de la violencia hacia y por niños, niñas y jóvenes? ¿Es posible el diseño de programación de políticas integrales de prevención de la violencia a partir de la protección de los derechos consagrados?
2. ¿El posible el desarrollo de normas específicas para niños, niñas y jóvenes involucrados en la violencia armada organizada, atendiendo las opiniones de los involucrados, las fuerzas de seguridad y los gobiernos locales? ¿Es factible generar consensos para políticas de Estado en estos temas que escapen a la tentación populista?
3. ¿Los parlamentos pueden proponer la prohibición de la violencia en todas sus modalidades sobre niños, niñas y adolescentes? ¿Pueden crear, como estrategias preventivas, cuerpos policiales especializados para tratar la problemática?
4. ¿Es posible diseñar políticas integrales de control de armas y desarme, involucrando
a la sociedad civil y sensibilizando sobre los peligros de las armas, formando al mismo tiempo sobre cultura de paz?
5. ¿Es posible desde los parlamentos controlar a los gobiernos en su modo de gobierno del sistema de seguridad pública, con especial atención en temas relacionados con la proliferación de armas de fuego?
1 KRUG E. et al., eds. (2002). World Report on Violence and Health. Geneva,World Health Organization.
2 SMALL ARMS SURVEY (2004), estimación elaborada a partir del informe de la OMS.
3 Idem, página 177.
4 Informe de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra Niños y Niñas (2006), desarrollado por Paulo Pinheiro, pág. 96.
5 En
la Reunión Anual del Foro Parlamentario realizada en México entre el 19 y el 21 de octubre de 2005, se presentó el documento de discusión “Niños y jóvenes en Violencia Armada Organizada”, desarrollado por Luke Dowdney de Viva Rio. Ver en: www.coav.org.br.
6 ILSED, PNUD-LAC-SURF, FORO PARLAMENTARIO (2006), Guía de Control Parlamentario del
Sistema de Seguridad Pública, Buenos Aires, pág. 10.
7 OBSERVATORIO PARLAMENTARIO (2006), Control de Armas Pequeñas y Ligeras (desarrollado

por Daniel Luz i Alvarez con la coordinación de María Lundberg), Estocolmo, pág. 46.