domingo, 24 de diciembre de 2006

Saliendo del descontrol de las armas

Con la sanción esta semana de una ley nacional de desarme inspirada en lo hecho en Mendoza, el autor sostiene que se da un paso para mejorar la seguridad. Pero advierte que es necesario profundizar en otros aspectos para alcanzar una política integral.


Por Martín Appiolaza – Coordinador en América Latina del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras

Diario Los Andes, 22 de diciembre del 2006

Controlar las armas es una forma de dar seguridad a la gente. Dicho de otro modo: no puede haber una política de seguridad efectiva sin control de armas. Esto es así en Mendoza como en la China. Es por eso que en todo el mundo los gobiernos implementan estrategias de control de armas y desarme como una más de las muchas acciones necesarias para dar más seguridad a las personas. Pero no la única.

Se cae de maduro que mejorar la seguridad (o sea, disminuir la violencia que se manifiesta a través de robos, secuestros o agresiones de todo tipo), no se logra sólo con el desarme. Se necesitan hacer muchas cosas para brindar seguridad, y una de ellas es controlar las armas como parte de una política integral que entienda la magnitud del problema. Todo esto viene a cuenta porque el miércoles el Senado de la Nación aprobó una ley que intenta devolverle al Estado el control efectivo de las armas.

¿Cuál es el problema con las armas en la Argentina? Sintetizando: demasiados. El Estado no sabe cuántas hay legales o ilegales; no lleva la cuenta de cuántas tienen las policías, los militares u otras fuerzas de seguridad y por lo tanto tampoco puede adivinar cuándo las están traficando. Y hay más…Nadie puede poner las manos al fuego por los que tienen armas legales ya que muchas autorizaciones han sido entregadas con algunas irregularidades. A esto sumemos las armas de juguete que se usan en delitos y se fabrican como si fueran muñecas Barbie; y también la industria de armas de verdad que está sospechada de vender de manera irresponsable. Ni qué hablar de las municiones.

Esto nos afecta a todos. Recordemos: hemos tenido dos casos de matanzas con armas legalmente autorizadas en los últimos años (en Viedma y en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires); sigue siendo muy fácil comprarlas en el mercado negro; la cantidad de muertos y heridos de disparos es inaceptable y doblemente grave si tenemos en cuenta que en su mayoría son niños, niñas y jóvenes. Algo más: las armas fabricadas en la Argentina o bien salidas de los depósitos de las fuerzas de seguridad están siendo utilizadas por grupos criminales dentro y fuera del país para matar, robar, secuestrar, traficar drogas; y como si fuera poco, cada año incorporar miles de pistolas y revólveres al mercado ilegal que son robadas a sus dueños.


Atendido por sus propios dueños

Las políticas hasta ahora fueron erráticas y poco serias. La principal institución encargada es RENAR (Registro Nacional de Armas). Nació con problemas de miopía pero que en los años ’90 degradó en una oficina recaudadora que para funcionar dependía del dinero de los mismos vendedores y fabricantes de armas que debía controlar (no olvidemos que es un negocio muy redituable y lleno de corruptelas). Esta repartición fue trofeo de caza del Ministerio de Defensa y estuvo dirigido por gente de confianza de los aparatos políticos. Es difícil que una organización así pensara en la seguridad de la gente y mucho menos que fuera a hacer algo que afectara su recaudación. Esto parece estar empezando a cambiar con la nueva gestión y el traslado a órbitas del Ministerio del Interior.

Estas críticas al RENAR y sus manejos, el pedido de una política nacional de armas y la aplicación de una serie de medidas para controlar el tema en Mendoza, las empezamos desde el Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del año 2000 con el compromiso de los foros de seguridad, los funcionarios policiales, los miles de ciudadanos que participaron. Fue vital el impulso del entonces subsecretario Gabriel Conte, el ex ministro Leopoldo Orquín, el ex gobernador Roberto Iglesias y los legisladores de los tres partidos que integraban la política de Estado en Seguridad. Aquellas ideas e iniciativas integran ahora la nueva política de armas nacional.

Las noticias han resaltado que el Plan Canje de Armas de Mendoza se replicará en todo el país. Desde hace años en las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional circulan proyectos inspirados en lo que ya hizo Mendoza. Por eso se entiende el protagonismo de legisladores como Alfredo Cornejo o Marita Perceval, o que el presidente Kirchner lo haya expuesto como modelo al momento de anunciar los cambios. Y, especialmente, que las organizaciones de la sociedad civil nucleadas en la Red Argentina de Desarme –empezando por la mendocina Espacios- hayan reclamado e insistido para que la experiencia mendocina se nacionalizara.

Vale insistir: no hay que pecar de optimistas o simplistas. Mientras sigue hablándose en el mundo de que la Argentina tendrá un plan de desarme, es necesario tener en claro que el desarme y control de armas son un avance hacia una necesaria política integral de seguridad que debe contemplar también la modernización de los sistemas de seguridad pública mejorando las policías, la salud, la educación, la justicia y apostando por la integración social.