martes, 30 de diciembre de 2008

La democracia argentina se preocupó poco por la seguridad

Publicada en Diario Los Andes, 30 de diciembre de 2008

Los funcionarios delegaron en las policías sus responsabilidades en la creación de políticas. Una excepción es la reforma de seguridad de Mendoza, que cumple 10 años. Sus principios mantienen vigencia. El desafío de la seguridad argentina es fortalecer la participación y los acuerdos modernizadores.

Tres temas se han mantenido desde hace tres décadas como las principales preocupaciones sociales de la Argentina: la economía, la sostenibilidad de la propia democracia y la violencia (mencionada como inseguridad). En otras palabras, las preocupaciones han tenido que ver con las instituciones y las formas en que se toman decisiones para garantizar derechos que, por su universalidad e indivisibilidad, son elementales para que todos gocemos de la condición de humanos.

 

Estas tres preocupaciones tienen que ver con el tipo de país que queremos, son dinámicas y están definidas por las tensiones entre grupos de interés que, lógicamente, buscan llevar agua hacia su molino.

 

Caprichos del calendario: en este fin de año estamos recordando 25 años de democracia y 10 años de la reforma del sistema de Seguridad Pública en Mendoza, en medio de una fuerte discusión política institucional por la distribución de los costos de la crisis financiera internacional, y el reclamo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por políticas efectivas para la atención de niños, niñas y jóvenes afectados por situaciones de violencia. Los mismos tres temas de décadas.

 

Estas preocupaciones, por supuesto, están relacionadas: no se puede pensar la economía sin política, como tampoco el impacto de la economía política en la conflictividad social y el delito. Para centrar nuestra atención en el fenómeno de la violencia percibida como “inseguridad”, sería oportuno preguntarse: ¿cómo impactaron las políticas económicas de los últimos 25 años en la criminalidad? ¿Cuánto tiene que ver la institucionalidad democrática en el incremento de la violencia social?

 

Sin ánimo de internarnos en una discusión de tipo criminológica, la pobreza extrema derivada de una injusta distribución de las riquezas es una de las causas del delito. No es la única. El modo de organización productiva y de acumulación de riquezas es el desencadenante de una sociedad violenta e injusta. Detallarlo excede las posibilidades de este espacio. En cambio, es oportuno pensar las políticas de seguridad pública como un producto del sistema institucional democrático con sus defectos y virtudes.

 

Mirando para otro lado

 

La democratización llegó tarde a la seguridad. El cambio de lógicas y prácticas en la institucionalidad política dejó la seguridad pública argentina en un tercer plano. Quizá el mayor avance superador de la inercia de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue la sanción de la Ley de Seguridad Interior, que delimitó claramente los ámbitos de defensa.

 

Al igual que en la mayoría de las democracias titubeantes de América Latina, existió durante años un abandono político de la seguridad (por desinterés o por debilidad), delegando en los funcionarios policiales el diseño, ejecución y evaluación de la gestión de la conflictividad social, recargándolas de responsabilidades incorrectas, distorsionando su función y alentando el encapsulamiento corporativo. Así, los funcionarios políticos depositarios del mandato democrático no se hicieron cargo del problema, no definieron prioridades, formas de actuar, asignación de recursos y evaluación de resultados.

 

El problema no es que la seguridad fuera gestionada sólo por funcionarios policiales, sino que nuestras instituciones no tuvieron la capacidad de construir  una política de seguridad democrática y ampliamente inclusiva. En general, se conformaron con respetar las lógicas corporativas y potenciar a sus comisarios de confianza, extrapolando al campo de la seguridad pública las lógicas de lucha interna de otros espacios de poder. Delegación a cambio de protección.

 

Este modelo se agotó hace tiempo como consecuencia del hartazgo social por el incremento de la criminalidad y la excesiva autonomización policial respecto a la institucionalidad gubernamental. Hay gobiernos que no se han dado cuenta aún, o que insisten con modelos de policía que sirvieron en una Argentina que ya no existe.

 

Mendoza tiene una ventaja. Hace una década, el poder político tomó el control unilateralmente del sistema de seguridad pública e inició una reforma que despertó altos niveles de apoyo social. Se percibió como un acuerdo programático ajeno a los egoísmos que impone el calendario electoral. Estableció lineamientos básicos (quizá insuficientes para decir que fue una política integral de seguridad pública), pero lo suficientemente modernizadores: un nuevo código procesal penal, en nuevo sistema de formación policial universitario y profesionalizado, un consejo asesor, la desmilitarización estructural, la lucha contra la corrupción policial, el involucramiento de la comunidad como instancia de propuesta y control.

 

Sigue siendo modelo para la Argentina. Después de dispares gestiones, algunos de los ejes se debilitaron, y algunas veces la desconfianza en la pericia institucional se expresó en un descontento sonoro que fue atajado con concesiones al pensamiento primitivo. Sin embargo la letra gruesa se mantiene.

 

Participación ciudadana

 

Hace poco se abrieron espacios de diálogo sobre seguridad que al involucrar a muchos sectores, reproducen en escala los conflictos de grupos e intereses respecto a la distribución de derechos en la sociedad. El desafío mayor de la democracia sería garantizar un equilibrio entre los que más inciden y los que son menos escuchados, para generar un marco de convivencia y de regulación del conflicto violento. Así se reduce el crimen y se construye ciudadanía emancipada. No hacerlo genera una comunidad aún más violenta y, a la larga, insostenible.

 

Una democracia argentina fortalecida, una sociedad menos violenta, con menos delitos, con una economía para todos, se alcanza con una sociedad civil activa, vigilante, reclamante (no sólo de recursos públicos, sino espacios de participación), que defienda sus posiciones con los resultados de la investigación social. Una sociedad civil en alianzas, enredada, que conquiste la autonomía económica que le permita contrapesar grupos de interés especial, aportando más estabilidad a las políticas públicas.

 

Llevar la política a las calles para discutir seguridad recrea el necesario acuerdo social por la convivencia, recuperando uno de los ejes de las transformaciones iniciadas hace una década en Mendoza. Ahí está la proyección de las reformas. La seguridad democrática en la Argentina demanda política: política participativa en la planificación, política de la construcción de acuerdos, política de rendición de cuentas. Eso es lo nuevo, la superación de los viejos esquemas autoritarios, de las doctrinas que justificaron la violación de los derechos humanos, un aporte a la calidad y eficiencia institucional.

 

Al reclamo de seguridad argentino (sostenido en buena parte en niveles de violencia criminal que comparativamente son bajos, pero que igual preocupan) por muchas razones. Pero no debe ser el pretexto para el control de una parte de los argentinos en función de otros. Y eso se sigue discutiendo por estos días de aniversarios.

 

 Martín Appiolaza

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia