martes, 20 de abril de 2010

Crimen organizado como prioridad para la seguridad pública

Los delitos más complejos se globalizan y tienen un impacto en la violencia de nuestros barrios. En Mendoza el crimen organizado es una de las prioridades de la seguridad.

Publicada en Diario Los Andes, 20 de abril de 2010

Martín Appiolaza, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)

Las crónicas policiales cuentan historias protagonizadas por bandas y pandillas, narcos, punteros, barras bravas y funcionarios corruptos. Los escenarios son ciudades grandes de la Argentina. La Justicia y la Policía de Mendoza están destejiendo una trama con todos los componentes del crimen organizado. Es un acierto meritorio. Habilita a pensar sobre la necesidad de políticas de largo plazo para prevenir, combatir y erradicar este problema y su impacto en la inseguridad.
¿Qué es el crimen organizado? Personas que proveen productos y servicios ilegales, incluyendo las redes de protección y seguridad que les permiten funcionar a través del encubrimiento, también vender productos legales que son conseguidos de manera ilegal. Como otras empresas, el crimen organizado tiene minoristas, distribuidores, encargados de la logística (por ejemplo para trasladar mercaderías ilícitas), seguridad, inteligencia y protectores (muchas veces en las fuerzas de seguridad o de control estatal), gerentes y socios capitalistas.
El crimen organizado aprovecha la debilidad social, política y económica. Creció en América Latina a partir de las políticas neoliberales que aumentaron la desigualdad, desmantelaron el poco aparato estatal y productivo. Así generaron las condiciones que necesita para avanzar: vacíos legales, corrupción, desempleo, informalidad y falta de capacidad para el control oficial. En la Argentina tiene un impacto directo en los niveles de delito cotidiano como robos y homicidios.
 
Alicia en el país
El crimen organizado creció en la Argentina en las últimas décadas. Es un país de trasbordo en la ruta de la cocaína desde países andinos hacia Europa y Estados Unidos (la Policía Aeronáutica fue disuelta por encubrimiento en el caso de narcotráfico a través de la aerolínea SW). Las bandas de narcos que se disputan la venta de drogas en el Bajo Flores, son provistos por traficantes desde países andinos que cruzan fronteras y todo el país con sus cargamentos. En las noticias se puede ver bandas controlando con cierta impunidad zonas de las ciudades para la compra y venta de contrabando. La industria química ha provisto y exportado ilegalmente sustancias controladas usadas para la fabricación de drogas (en el Caso de la Efedrina aparecen nexos entre hombres de negocios, cárteles y quizá el Estado).
Estos negocios necesitan protección y financistas. Un veterano de la inteligencia de una de las fuerzas de seguridad federales, decía en un foro: el tráfico no fía, se hace al contado.
El tráfico de armas es otra cara del crimen organizado. El senador y ex presidente  Carlos Menem aparece involucrado en una causa de tráfico de armas y la explosión de un arsenal para borrar pistas (donde metieron mano también empresarios, traficantes y funcionarios de gobierno). En 2006 la Comisión Parlamentaria de Investigación brasilera determinó que “en los últimos 3 años fueron contrabandeadas hacia Brasil por lo menos 11.000 armas de uso militar”. Explicó que un buena parte salió de nuestro país, pasó por Paraguay y llegó a los narcos cariocas.
El litoral es la principal zona de reclutamiento y secuestro de mujeres, luego metidas a las redes de prostitución de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y la Patagonia. O llevadas a Europa vía Ezeiza. Según fuentes federales, los autos robados que no son contrabandeados a otros países, suelen convertirse en mellizos o remises truchos, van a los desarmaderos y en menor medida son utilizados en delitos y luego desmantelados.
La ruta de las armas, precursores químicos y las 4x4 robadas atraviesa la Argentina de sur a norte. Las rutas del tráfico de drogas, la piratería de DVD, software, ropas, contrabando de electrónicos falsificados y de personas, tiene el sentido contrario. A veces se cruzan.

El árbol y el bosque
El crimen organizado y la inseguridad van de la mano. El robo de un auto, de cables de teléfono, la venta de municiones en los quioscos, el alquiler de armas, son los niveles inferiores de negocios ilegales bien organizados que pueden estar unidos a redes transnacionales. Las estadísticas muestran que en la Argentina crecieron formas delictivas conectadas con el crimen organizado. Combatiéndolo se pueden bajar los delitos que más nos preocupan cotidianamente y por lo tanto, bajar la inseguridad.
Datos: los robos y hurtos se duplicaron desde principio de la década de los ’90. Si los comparamos con los niveles de desigualdad, se concluye que el delito creció de la mano de las políticas neoliberales. Cuando mejoraron las condiciones sociales, ciertas prácticas criminales no disminuyeron. Entre 2002 y 2007 los robos y hurtos bajaron un 30 por ciento, pero las agresiones y homicidios crecieron un 24 por ciento. Narcotráfico, armas y contrabandos inciden directamente: durante 2007 el 52 por ciento de los homicidios fueron en la calle, el 48 por ciento con armas de fuego y más del 70 por ciento no fue durante un robo.
La mayoría de las armas usadas en homicidios son ilegales (muchas del mercado negro o robadas a sus dueños); tener y vender drogas impacta en los delitos (según datos del Observatorio Argentino de Drogas 7 de cada 10 presos por homicidio se drogaron o tomaron alcohol antes de matar); muchos robaron (el 70 por ciento) o mataron (33 por ciento) porque necesitaban dinero para comer o para comprar drogas (1 de cada 10). Vender lo que se roba o participar en el menudeo de cocaína, marihuana y pastillas es una forma de insertarse en mercados ilícitos muy rentables. Es una oportunidad de ingresos para gente en condición de pobreza, pero amparados y gerenciados por intereses más ambiciosos. Es el puente que conecta la inequidad, la corrupción y el delito cotidiano con el crimen organizado: cuando aumentan vemos más violencia en las calles.

Un tema de agenda
Las políticas sociales y la prevención comunitaria han demostrado su eficiencia para reducir el delito. También las reformas que acercan a las policías con sus comunidades. Pero el abordaje del crimen organizado exige agregar otras políticas específicas y modernizar los sistemas de seguridad pública para que puedan desarticular grupos especializados que operan sin fronteras, con dinero, buenos contactos y protección.
Son fundamentales la capacidad profesional de los funcionarios encargados de la investigación, la integridad, la formación y los recursos. Los fiscales y cuadros especializados están resultando un gran avance (no se trata sólo de saber de leyes). También se necesita la decisión política de la Justicia y los gobiernos para concentrarse en los niveles superiores de la pirámide criminal y no agotar todas las energías en el menudeo. La Argentina se debe la formación de una agencia nacional de investigaciones criminales y sanear alguna de sus fuerzas federales marcada por una historia de corrupción e ineficiencia. Los cambios estructurales en los temas de seguridad pública deben ser parte prioritaria de la una agenda parlamentaria progresista.
Mendoza también necesita incluir el crimen organizado dentro de las prioridades de la seguridad pública. Debe ser planteado como una política de Estado a mediano plazo, contemplando la condición de provincia fronteriza y ruta del Mercosur, el riesgo de que se utilicen sus exportaciones como canal para transportar sustancias ilegales, el tráfico de personas asociadas con el trabajo esclavo, el impacto social y económico del terremoto en Chile, negocios asociados con el menudeo de drogas, contrabandos y autopartes. Sin perder de vista que la segregación urbana consolida las bandas en las comunidades más vulnerables, aumentando su inseguridad.