miércoles, 9 de junio de 2010

Tráfico de armas en América Latina: caso Argentina




Las últimas estadísticas criminales disponibles en la Argentina son del año 2007. La información oficial no facilita un alto nivel de desagregación en relación con la violencia armada. Sin embargo, la evolución histórica permite afirmar que hay una participación sostenida en el tiempo de armas de fuego en algunos tipos de delitos como violencia interpersonal y robos.

Según el Ministerio de Salud de la Argentina, en el año 2003 hubo 3752 muertes por heridas con armas de fuego[1]. En el año 2008 descendió a 2536 muertes. De estos casos, 858 fueron agresiones (87% de las víctimas eran varones). Los suicidios registrados en 2008 fueron 665 (86% de las víctimas eran varones). Durante el mismo año los accidentes con armas de fuego dejaron 91 víctimas fatales (84% varones)[2].

Las estadísticas criminales del año 2003 muestran que sobre un total de 43000 mil robos de autos en el país, el 71% fueron con armas de fuego. Otra expresión de criminalidad organizada, el robo de bancos, en el 93% de los casos se usaron armas de fuego (datos de la Ciudad de Buenos Aires)[3].

De acuerdo a las encuestas de victimización en Ciudad de Buenos Aires y el cono urbano entre 2002 y 2003, la cantidad de robos a mano armada subieron del el 77,5% al 78,2%[4]. Según datos nacionales, las armas de fuego son el principal instrumento utilizado para matar en la Argentina[5]. El 63% de los homicidios del 2003 se realizaron con armas de fuego. Por primera vez en el 2004 las armas superaron en cantidad de muertes a los accidentes de tránsito (datos para la Ciudad de Buenos Aires producidos por el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional).

Pero sobre el grueso de los delitos: sólo en el 30% de los robos fueron a mano armada, y entre ellos, en el 87% utilizaron armas de fuego[6].

El 50% de los encuestados por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación respondió que lo hacía por “prevención o protección”; tan sólo el 25% manifestó que la tenía por motivos deportivos, para cazar o por colección. Los datos corresponden a una encuesta de victimización realizada en 2003, pero se ratifican en el tiempo con otros informes. En octubre de 2005, la Universidad Tres de Febrero hizo un estudio de opinión sobre el uso de armas en el Gran Buenos Aires (concentra el 40% de la población argentina). Los resultados indicaron: el 20% dijo haber tenido o tener un arma, sólo el 7% dijo practicar la caza, el 70% dice que ha disparado un arma (de manera frecuente u ocasional) y la misma cantidad apoyaría un plan nacional de desarme. Sin embargo, el 65% sostiene que un arma no le da más seguridad. Y el 73% cree que tener un arma en el hogar es peligroso para su familia.

Los estudios de la Dirección Nacional de Política Criminal indican que el 70% de las armas en domicilio son armas de puño (a partir de encuestas en la Ciudad de Buenos Aires correspondiente para el año 2003). Según este organismo, el 75% de las muertes se producen en conflictos interpersonales.

En 2005 la cantidad de muertes y heridas con armas de fuego en conflictos interpersonales es de 1 cada dos días. Otro dato: el arma más incautada por la Policía Federal Argentina es el revolver 32 y de fabricación nacional.

Respecto al origen de las armas, más de la mitad de las armas incautadas por delitos están registradas, lo que hace visible el desvío entre mercado legal e ilegal. En 2004, fueron 506 identificadas por su número. El robo de armas es el principal abastecedor del mercado ilícito.




b. Marco jurídico relacionado con el tráfico de armas y crimen organizado

Es necesario definir a qué nos referimos con crimen organizado. Entendamos como todas aquellas actividades de tráfico ilícito de drogas, armas, personas, autos, pornografía infantil, inmigración ilegal, extorsión, lavado de dinero, fraude, falsificación, contra la propiedad intelectual.

Según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Crimen y Drogas (UNODC en su sigla en inglés), define el crimen organizado transnacional como “uno de las mayores amenazas a la seguridad humana, que impide el desarrollo social, económico, político y cultural de las sociedades en todo el mundo. Es un fenómeno con múltiples facetas y se ha manifestado en diferentes actividades, entre otras, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, tráfico de armas de fuego; tráfico ilícito de migrantes, lavado de dinero, etc. En particular, el tráfico de drogas es una de las principales actividades de grupos de delincuencia organizada, generando enormes ganancias”[7].

A partir de esta definición, identificamos en el cuerpo legislativo argentino las siguientes normas atinentes.

i. Legislación

1. Tráfico de Armas

· Legislación

Ley Nacional de Armas y Explosivos (20249). Está en proceso de reforma. Está reglamentada por el decreto 395/75.

· Leyes conexas

Ley de Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados (25938).

Ley Programa Nacional de Entrega de Armas de Fuego y Municiones (26216).

· Sanciones

Código Penal establece inhabilitaciones y privación de la libertad. Va de los 6 meses hasta prisión perpetua para distintos supuestos.

2. Crimen organizado y ratificación de acuerdos internacionales

Las principales normas sancionadas que ratifican la vigencia en la legislación argentina de los acuerdos internacionales para enfrentar el crimen organizado, el abordaje del tráfico de armas en relación con el tráfico de drogas, capitales y personas, son las siguientes.

· Lavado de dinero y corrupción

Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo (25246). Sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de abril de 2000.

Ratificación de Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26097). Sancionada en mayo del 2006.

Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo (26268). Sancionada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 2007.

· Tráfico y trata de personas

Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y asistencia a sus víctimas (26364). Sancionada el 30 de abril del 2008

Ratificación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones únicas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Ley 26138). Sancionada en agosto del 2006.

Ratificación de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios: a) Para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y b) contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire (Ley 25632). Sancionada en Noviembre de 2002.

Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (Ley 25763).

· Tráfico de sustancias prohibidas

Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Ley 24072). Sancionada en marzo de 1992.

c. Mapeo de capacidades nacionales en materia de control y atención al tráfico de armas

i. Mapa de actores y agencias vinculadas

El sistema político argentino presenta una serie de dificultades para el abordaje del control de armas y el tráfico de armas. Gobierno central y gobiernos provinciales intervienen desde los distintos poderes en la sanción de normas, adhesión a normas, diseño y ejecución de políticos como la persecución penal por el incumplimiento de la ley. Dentro del poder ejecutivo nacional, como dentro del gobierno de las provincias, hay distintas carteras encargadas de los temas.

El poder ejecutivo nacional asume la facultad del control de las armas a partir de la ley de armas. El Registro Nacional de Armas, como ente de control depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Dentro de este ministerio también funciona la Secretaría de Seguridad Interior, encargada de la prevención del delito, e implementar las medidas de control en todo el país. Las fuerzas de seguridad federales con competencia son la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Doble fragmentación

Existe una doble dificultad a la hora de establecer políticas públicas en el tema de armas de fuego y en temas de seguridad pública en general. Por un lado, la distribución de facultades y la información producida entre diferentes agencias, impide planificar y coordinar acciones eficientemente.

Por otro lado, esta misma fragmentación se produce en la división política entre estado federal y estados provinciales. El resultado es un complejo entramado de agencias y facultades dispersas en una geografía amplia, con poca comunicación y dificultades claras de coordinación de abordajes.

Registro Nacional de Armas

La ley de armas otorga al RENAR las facultades de controlar y registrar la tenencia, portación, exportación, importación, comercialización y fabricación de armas a través de la registración. Como ha sido advertido insistentemente por la Red Argentina para el Desarme, una oficina registral con rango de dirección y con dependencia de los recursos recolectados a través del cobro de los permisos de armas por un ente cooperador formado por vendedores y fabricantes de armas, no constituye la mejor figura para implementar una efectiva política de control de armas que logre sobreponerse a la doble fragmentación comentada y a los intereses afectados.

Además, el RENAR tiene oficinas en algunas provincias y acuerdo con las policías provinciales para que lo auxilien en las tareas registrales. Pero la información es concentrada en el ámbito del gobierno central. Nuevamente es posible ver en este esquema la difícil arquitectura administrativa del sistema.

El RENAR es el encargado de implementar el plan nacional de desarme, ha creado un consejo consultivo para las políticas de control de armas de fuego integrado por la sociedad civil y ha fijado en los últimos años una política más restrictiva en cuanto a portaciones, registro y exportaciones, articulando más activamente con gobiernos provinciales y municipios.

Distintos actores de la sociedad civil y de fuentes gubernamentales preocupadas por el tema, han manifestado la utilidad de crear una agencia específica de control de armas, que pueda centralizar información y facultades, tenga autonomía presupuestaria (de modo de evitar suspicacias respecto a que algún ente recaudador pueda incidir en el diseño de las políticas sobre el interés público) y rango de modo que sus iniciativas sean escuchadas y acatadas directamente por fuerzas de seguridad y otras instancias gubernamentales.

UFI RENAR

Con la declaración de la emergencia de armas y la mayor atención de parte del estado nacional a la problemática, especialmente a partir de 2006, se creo en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Ámbito de Actuación del Registro Nacional de Armas (UFI RENAR). Tiene competencia en todo el país y mandato para investigar delitos relacionados con armas de fuego, municiones y explosivos, como aquellos que pudieran producirse en el RENAR.




FUNCIONES PROCESALES

• Cooperar, asistir y colaborar con los Fiscales Federales de todo el país en todas aquellas investigaciones relacionadas con ilícitos que tengan como sujeto pasivo entre otros a la ANSES.

• Receptar denuncia a través de los diferentes canales que posee la ciudadanía.

• Impulsar aquellas investigaciones preparatorias conducentes a la persecución de aquellas conductas que, relacionadas con armas de fuego, explosivos y pirotecnia o materializadas en el ámbito de actuación del Registro Nacional de Armas, puedan constituir delitos de acción pública.

• Verificar el presunto carácter delictual de aquellas conductas sometidas a investigación e individualizar, de ser factible, sus autores, cómplices o instigadores.

• Radicar la denuncia penal ante el Fuero Judicial pertinente, acompañándose en dicha oportunidad las actuaciones que se labren en consecuencia.

• Remitir, cuando corresponda, los testimonios correspondientes a la autoridad administrativa competente.

• Asesorar al Registro Nacional de Armas, si así lo requiere, en la implementación de políticas y programas preventivos de ilícitos.

• Orientar al personal de inspecciones de dicho Registro y a los funcionarios de la P.F.A. en el desarrollo de su labor prevencional, con la finalidad de mejorar y preservar la adquisición de prueba útil y valida para las investigaciones.

• Cooperar, a requerimiento de los Tribunales y Fiscalías de todo el país, en las causas que instruyan relacionadas con hechos de competencia de la Unidad Fiscal.

• Evacuar, a requerimiento de los Tribunales y Fiscalías de todo el país, consultas respecto a la situación registral y legal de armas de fuego y a la situación de las personas ante el RENAR.

• Practicar un análisis cotidiano de la información de los medios de comunicación a fin de determinar la relevancia penal de los hechos publicados y promover su consecuente investigación.

• Confeccionar y elevar periódicamente a las autoridades competentes aquellas estadísticas de su actuación que resulten útiles para el cabal conocimiento de la situación delictual del ámbito de su competencia.

Cancillería

La Argentina ha tenido una posición de liderazgo en los ámbitos multilaterales al impulsar acuerdos que permitan un mejor control de tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y componentes.

Dentro de Naciones Unidas, ha cumplido con los informes bianuales de implementación del Programa de Acción 2001 para prevenir, combatir y erradicar el tráfico de armas en todos sus aspectos y participado activamente en los debates para avanzar hacia posiciones más restrictivas. También ha desempeñado un rol importante en el proceso para alcanzar un tratado de comercio de armas, ocupando roles estratégicos en los distintos momentos y espacios de articulación de la propuesta.

En el ámbito de la Organización de Estados Americanos la Argentina ha adherido y acompañado el proceso de implementación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA).

En el ámbito del MERCOSUR, la cancillería argentina participa en los grupos de trabajo de armas de fuego.

Seguridad

El Consejo de Seguridad Interior, el ámbito de articulación federal entre gobierno central y provincias en temas de seguridad pública, ha colocado el tema de armas de fuego entre sus prioridades desde hace varios años. La responsabilidad de la secretaría sobre las fuerzas de seguridad federales y la necesaria coordinación con las provincias, la coloca en el centro de las prácticas de control.

2. Transferencias legales

La mayor parte de las armas pequeñas y livianas que circulan en Argentina han sido producidas en condiciones de legalidad. Es decir, han sido fabricadas en el extranjero y luego importadas o fabricadas por empresas operando dentro de las Argentina con capitales nacionales o extranjeros con habilitación oficial para radicarse en el país.

En todos los casos, la fabricación, comercialización, venta y uso de armas de fuego está regulada por la Ley Nacional de Armas y Explosivos Número 20429/73 sancionada por una dictadura de carácter cívico militar y su decreto reglamentario 395/75. El organismo que fiscaliza el proceso de registro de las armas es el Registro Nacional de Armas (RENAR) que se financia con la entrega de licencia a usuarios autorizados. El marco doctrinario vigente en el momento de la sanción determinó que dependiera originariamente del Ministerio de Defensa, inspirado por la Doctrina de Seguridad Nacional que le otorgaba a las fuerzas armadas el rol de garante del orden interno ante lo que se identificaba como una amenaza de carácter externo enraizada en grupos sociales y políticos. En otras palabras, el control de las armas dependía de las fuerzas armadas ya que no se las concebía como una amenaza a la seguridad ciudadana. Las fuerzas de seguridad (Prefectura Naval y Gendarmería) y las policías provinciales son organismos auxiliares en el registro de armas[8].

Los legítimos usuarios de armas de fuego son todas las personas físicas y jurídicas que, luego de cumplir con las exigencias legales establecidas en el marco legal argentino, están autorizadas al uso de armas de fuego o a los distintos actos previstos en la normativa (tenencia, transporte, uso, portación o comercialización)[9]. La figura de “legítimo usuario” fue creada mediante las leyes 20429, 24492 y sus decretos 395/75 y 252/94. Los legítimos usuarios están nucleados en torno a cinco categorías: legítimo usuario individual, legítimo usuario colectivo, legítimo usuario comercial, legítimo usuario coleccionista y entidades de tiro[10].

Según la legislación vigente, todo tenedor de armas de fuego, ya sea de uso civil o condicionado, debe tener en forma obligatoria una credencial cuya vigencia es de cinco años. Dicha credencial es emitida por el RENAR y es válida en todo el país.

Los miembros de la fuerzas armadas, de seguridad y policiales deben obtener su credencial en los registros seccionales. Los particulares deben tramitarla en el RENAR, sus delegaciones y agencia, o bien en los repares (registros provinciales de armas), dependientes de las distintas policías provinciales[11].

Cualquier tipo de transferencia legal debe ser efectuada por y entre usuarios registrados según las modalidades establecidas por la ley.

De acuerdo a clasificación efectuada por Small Arms Survey, las transferencias legales de armas pequeñas y livianas pueden ser de dos tipos[12]:

· Las transferencias legales domésticas incluyen la venta de acuerdo a la legislación vigente, la entrega voluntaria mediante los programas de entrega del gobierno (tales como el plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego) y la confiscación de armas por parte de las autoridades.

· Las transferencias legales internacionales abarcan la venta de gobierno a gobierno de acuerdo a la legislación internacional y a las leyes nacionales; las ventas comerciales internacionales fiscalizadas por las autoridades nacionales y en conformidad con las leyes internacionales y, por último, las ayudas internacionales de armamento otorgado de un gobierno a otro gobierno.

El marco legal en relación a las armas de fuego tuvo un cambio radical en el año 2006 a partir de la sanción de la ley 26216 que declaró la “emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados”. La sanción tuvo muy alto consenso a instancias de la sociedad civil que reclamaba más control estatal y estableció también un plan de desarme voluntario.

La iniciativa gubernamental comprendió también la sanción de una nueva ley de armas, acorde a los cambios de paradigma en materia de seguridad y derechos humanos. Sin embargo, el proceso de consulta y debate parlamentario se ha extendido por más de 4 años sin alcanzar un consenso.

a. Armas, municiones y repuestos

Al hablar de armas también nos referimos al las municiones y los repuestos.

i. Los tipos de armas

La legislación vigente clasifica a las armas de fuego teniendo en cuenta el tipo de material, el sistema de disparo que utilizan y el calibre[13].

Las armas de hombro son aquellas que para su empleo normal requieran que el tirador utilice ambas manos y las sostenga apoyadas sobre su hombro. Dentro de esta categoría entran los fusiles, las carabinas y las escopetas. Éstos a su vez pueden ser de carga tiro a tiro, de repetición o automáticos.

Por otro lado, las armas puño, también llamadas “cortas”, son las que han sido diseñadas para ser utilizadas con una sola mano, sin necesitad de apoyarlas en ninguna parte del cuerpo. Dentro de las armas de este tipo se encuentran las pistolas, los revólveres y los pistolones.

En todos los casos, dependiendo del modelo y el calibre, la normativa restringe el uso de los distintos tipos de armas a uso prohibido, uso civil, uso civil condicional, uso de guerra o uso exclusivo para las instituciones armadas.

Dentro de las armas de uso civil, la normativa vigente considera armas de uso civil deportivo a los pistolones de caza, a algunos modelos de carabinas y fusiles de carga tiro a tiro o repetición y a ciertas escopetas de carga tiro a tiro.

Los agresivos químicos también están incluidos dentro de la clasificación de armas. Los de uso civil son aquellos contenidos en rociadores, espolveadores, etc. que producen efectos pasajeros en el organismo humano. Los de guerra y uso prohibido son aquellos que tienen efectos letales sobre las personas.

Por último, al igual que en el caso de los agresivos químicos, las armas electrónicas defensivas se clasifican en uso civil, de guerra o de uso prohibido, dependiendo de que produzcan o no efectos letales sobre el organismo humano.

ii. La proporción de comercio legal

No hay estadísticas fiables sobre la cantidad de armas ilegales que circulan en Argentina, por ello es dificultoso estimar cuál es la proporción de éstas en relación al comercio legal.

En el año 2004 los datos disponibles del El RENAR indicaban que este organismo tenía registradas 1.123.059 armas y 624.735 usuarios individuales de armas de fuego. En ese momento la cantidad de usuarios se había incrementado en un 34% con respecto al año 2000[14].

Actualmente, según un informe enviado en febrero de 2010 por el Ministerio de Justicia al Senado[15], el RENAR tiene registradas 1.261.758 armas y 817.239 usuarios individuales. Es decir que en los últimos seis años el porcentaje de usuarios individuales se ha incrementado en un 30% y la cantidad de armas en un estimado del 12%.

Cabe destacar que en la Argentina la tenencia habilita al Legítimo Usuario a mantener el arma en su poder, transportarla descargada y separada de sus municiones y usarla con fines lícitos (caza, tiro deportivo, etc). La portación consiste en disponer, en un lugar público o de acceso público, de un arma de fuego cargada, en condiciones de uso inmediato. La autorización para portación es de carácter restrictiva.

Pero en todos los casos el manejo de cifras y porcentajes relativas a la totalidad de usuarios y cantidad de armas registradas debe efectuarse con cautela, ya que estos datos tienden reflejar solo una porción de las armas y usuarios realmente existentes.

Algunas estimaciones indican que por cada arma legal registrada existe al menos una más que circula clandestinamente en el mercado ilegal[16].

Esto lleva a suponer que la proporción del comercio legal en la totalidad del mercado de armas es de aproximadamente el 50%. Esto llevaría a especular que en la argentina podrían estar circulando un promedio 2 millones y medio de armas.

Pero un primer paso en la estimación de la proporción del comercio legal de armas en relación al comercio ilegal es reconocer la existencia de tres circuitos paralelos.

El circuito blanco es el único del que pueden obtenerse cifras confiables. Este comprende las armas registradas y los legítimos usuarios. La rigidez normativa que existe en la argentina para poseer un arma puede aparejar el riesgo de que los potenciales compradores se vuelquen al circuito negro, en el que las exigencias son nulas y las armas son más baratas.

Por otro lado, el circuito gris incluye a las armas sin registrar pero que se hallan en las manos de personas que no las utilizan para delinquir. Este tipo de tenencia es muy común en zonas rurales, en donde abundan armas tales como los Winchester 44.40, Máuser 1906, y revólveres llamados “lechuceros”.

Por último, el circuito negro abarca las armas ilegales, es decir aquellas que no están registradas según las normas vigentes. De este mercado son mayormente las armas utilizadas para cometer delitos. Incluye las armas mellizas o poncho, que son armas robadas a las cuáles se les lima el número de identificación o se les graba otro correspondiente a un arma en regla. También es posible encontrar las armas “canibalizadas”, o también llamadas “frankestein” en el lenguaje de las subculturas criminales, que son armas nuevas construidas con otras armas que han sido inutilizadas o desguazadas.

A esto se suma que hasta 1994 adquirir un arma de manera legal era mucho más fácil en comparación con los requisitos actuales. La compra se efectuaba en una armería y existía un periodo de diez días para denunciarla en la policía, pero prácticamente nadie cumplimentaba este trámite. Esto determinó que la sociedad quedara infectada con cientos de miles de armas en situación irregular.

Todo esto dificulta la estimación real de las armas que actualmente se encuentran en manos de civiles. No obstante es posible hacer algunas aproximaciones.

La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo fue realizada en 2006 y arrojó como resultado que en Argentina hay 2.240.000 armas de fuego en manos de civiles, es decir que, según este estudio, casi el 10% de la población civil tiene en sus manos un arma[17].

iii. La finalidad de las armas

Casi la totalidad de las armas en circulación fueron fabricadas legalmente. La modalidad en la cual son utilizadas varía dependiendo de si son vendidas en el mercado nacional de acuerdo a las normas vigentes, ingresadas al circuito negro, confiscadas por la justicia, exportadas o traficadas hacia otros países.

No obstante, la utilidad final de un arma es ser disparada para herir o dañar a alguien. En Argentina, las armas de fuego son la segunda causa de muerte. Durante 2004 llegaron a ser la primera, superando incluso las muertes ocurridas en accidentes de tránsito. El impacto de las armas de fuego es alarmante si consideramos que entre 1997 y 2005 produjeron la muerte de 31.043 personas, es decir de nueve personas por día[18].

Existen distintas razones por las cuales una persona decide armarse, como así también son variadas las circunstancias en la que las armas de fuego pueden ser utilizadas.

Según el informe un informe anual elaborado la Dirección Nacional de Política Criminal, el 48% de los homicidios dolosos cometidos durante el 2007 fue llevado a cabo mediante la utilización de armas de fuego.

Pero no todos los homicidios fueron cometidos en ocasión de un robo u otros delitos vinculados a la criminalidad. En muchos casos los desenlaces fatales respondieron a conflictos inter personales. LA DNPC efectuó un estudio tomando como fuente los expedientes judiciales de los tribunales penales de la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2002. De allí surgió que el 49% de los homicidios se debió a conflictos interpersonales o entre particulares; de este 49%, el 50% se cometió con armas de fuego. Mientras tanto, sólo un 32% de los homicidios se produjo en ocasión de robo[19].

Muchas de las armas están en manos de los civiles que las usan para robar ni tampoco pertenecen a redes criminales ¿Cuáles son los motivos por las que los ciudadanos se arman?

La Asociación para Políticas Públicas (APP) efectuó un estudio basado en tres grupos focales[20]. Dos de ellos estuvieron compuestos por adultos de ambos sexos pertenecientes a sectores medios-altos y residentes en el AMBA; los integrantes de uno de los grupos eran poseedores de armas de fuego y los del otro grupo eran no-poseedores. El estudio también incluyó un tercer grupo compuesto por personas de niveles socioeconómicos bajos, no poseedores de armas fuego.

El trabajo reveló que entre los principales motivos de tenencia de armas de fuego de los integrantes de los grupos de clase media alta se encuentran las razones de placer y las cuestiones instrumentales.

Dentro de las primeras están la caza, la práctica de tiro deportivo y la colección de armas. También es importante la tradición familiar de armas y el contacto con las armas desde la niñez.

También reconocieron que la situación social de inseguridad refuerza el significado de las armas como instrumentos disuasivos y confrontativos para la protección y defensa de sus hogares. Por otro lado, los participantes que no poseían armas de fuego se cuestionaban la posibilidad de tenerla a partir de la sensación de inseguridad, no obstante hicieron más hincapié en los riesgos que en los beneficios de la posesión de armas.

Otra conclusión del estudio es que mientras los miembros de clase alta consideran que las armas son más necesarias en el campo que en la ciudad para la defensa, los integrantes del grupo de clase baja manifestaron que para vivir en un barrio humilde de la misma ciudad se emplea como estrategia el decir que se tiene armas, aunque no se las tenga.

En los contextos de pobreza, en los que existen mayor vulnerabilidad de derechos y el territorio está dominado por bandas organizadas, el uso de armas está mucho más naturalizado.

Las armas que ingresan al mercado ilegal por diversas fuentes (ver punto 2.4) pueden ser destinadas al delito común a partir de su reventa directa o en armerías clandestinas.

Pero también es cierto que una parte importante del problema está en las armas que ingresan a los circuitos de ilegalidad y caen en manos de redes criminales. Las armas alimentan la violencia y la criminalidad, incluyendo los grupos armados, los traficantes y las bandas delictivas con altos niveles de organización que operan de la mano de poderes políticos y económicos.

iv. La fuente de las armas

Las fuentes del mercado legal

La mayoría de las armas y municiones en circulación en Argentina han sido fabricadas en condiciones de legalidad. Independientemente de cuál sea el mercado en el que se hallen, su producción ha tenido lugar en alguna de las cinco fábricas de armas[21] existentes en la Argentina o importada de otro país productor de armas.

Producción nacional de armas. En la Argentina existen cinco GRANDES fábricas de armas de fuego pertenecientes a capitales privados (Bersa, F&L, Laserre, Azor y Fanac) y cuatro estatales dependientes de la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares. Las empresas Bersa, F&L y Laserre se dedican mayormente a la fabricación de pistolas y revólveres. La empresa estatal Fabricaciones Militares produce mayormente municiones, pólvora, explosivos e insumos para la industria. Esta fábrica hace varios años que tiene sin funcionar las líneas de montaje de pistoleas 9 mm, fusiles FAL y subametralladoras.

Armas vendidas legalmente. Una vez ingresadas al circuito legal han sido destinadas a las fuerzas armadas o comercializadas en las armerías habilitadas. En la actualidad existen 996 armerías autorizadas para funcionar en el territorio nacional de las cuales 366 se encuentran radicadas en la Provincia de Buenos Aires[22].

Armas vendidas legalmente pero no registradas. Muchas de las armas existentes en los hogares fueron adquiridas legalmente en una armería pero nunca fueron registradas. Esto se debe a que hasta 1994 las armas en Argentina se compraban en las armerías pero había diez días para registrarlas y casi nadie lo hacía[23]. Esto generó un stock de armas que hoy integran la cifra negra de la posesión de armas en Argentina. A esto debe sumarse las armas que circulan en el mercado gris; muchas de ellas incluso pueden estar funcionando aún a pesar de haber sido fabricadas o ingresadas al país a principios del siglo XX.

Las fuentes del mercado ilegal

Las fuentes del mercado ilegal de armas son variadas. Entre las principales mencionaremos los arsenales de las fuerzas armadas, los depósitos de armas policiales o judiciales, el robo de armas de fuego a particulares y venta efectuada por funcionarios corruptos.

Al parecer, si bien existe, el contrabando ilegal de armas no tendría una importancia significativa en relación a la cantidad total de armas y municiones[24].

Arsenales de fuerzas armadas. Según una investigación inédita llevada a campo por la APP tomando como fuente las noticias de dos diarios nacionales, entre 1995 y 2005 habrían sido utilizados en diversos hechos delictivos 141 fusiles FAL, dos fusiles AR15, 144 subametralladoras, 152 granadas y 34 granadas antitanque entre otras armas[25]. El robo de armamento de arsenales generalmente es efectuado por grupos criminales organizados. Así ocurrió en 2008 en Regimiento de Infantería de Montaña 16, con asiento en Mendoza, cuando robaron cerca de 3.000 municiones de fusiles FAL, armas 9 milímetros y armas de fogueo, media docena de granadas FMK2 y morteros que aparentemente estaban en desuso.

Depósitos policiales o judiciales. Otra fuente importante de las armas que ingresan al mercado ilegal son los depósitos policiales y judiciales. La acumulación y el control de stock de las armas que ingresan a los depósitos incautadas en los procedimientos no siempre se efectúan adecuadamente, y esto termina empujando a las armas hacia el mercado ilegal. Tienen que ver la falta de infraestructura edilicia para proteger el material y la corrupción de los funcionarios públicos encargados de esas áreas.

Robo de armas de fuego a policías y particulares. Muchas veces las armas ingresan al circuito ilegal luego de haber sido robadas a propietarios particulares o a miembros de las fuerzas armadas durante robos o enfrentamientos. Estas armas son utilizadas por los delincuentes o revendidas en forma directa o a través de intermediarios.

Las armas denunciadas como robadas hurtadas o extraviadas promueven la actuación de los poderes judiciales nacionales y provinciales, las fuerzas de seguridad, la Policía Federal Argentina y las policías provinciales. Estas instituciones comunican lo actuado al RENAR a los fines de efectuar las obligaciones registrales previstas en la ley Nro. 25.938. Según los datos de este organismo los trámites de Altas y Bajas de Secuestros durante los últimos cinco año zson los siguientes:

La fabricación artesanal clandestina. Como se ha mencionado, la fabricación ilegal clandestina de armas es menor en comparación con las importaciones y la producción nacional, no obstante existe y se estima que en los últimos años ha ido en aumento. Las armas denominadas “hechizas”, “caseras” o “tumberas”, por ejemplo, se fabrican con un caño galvanziado de gas o una línea de tornillos de acero soldados. Se utilizan cargándoles por delante un cartucho de escopeta al que se le aplica una púa o percutor accionada mediante un golpe de martillo o un dispositivo de resorte.

Armas adulteradas. Por otro lado están las armas mellizas o poncho, a las que nos referimos arriba, que tienen numeración adulterad. Y otras modificadas, llamadas “canibalizadas” construidas con partes de armas nuevas que han sido inutilizadas y desguazadas.

v. El valor del comercio ilícito

El destino de un arma recién ingresada al circuito ilegal es incierto. Muchas de ellas son revendidas, alquiladas o subalquiladas para ser utilizadas en un hecho puntual o en el contexto de una banda organizada. También pueden terminar en alguna armería clandestina. En muchos casos llegan a manos de ciudadanos comunes que simplemente las adquieren porque son más baratas o porque no están dispuestos a afrontar el tiempo y los costos impuestos por el RENAR. En todos los casos el precio varía dependiendo del historial de utilización y del tipo de armas.

1. Los objetos de comercio

Los objetos de comercio pueden ser variados. Lo más habitual es que el objeto de cambio sea dinero en efectivo. Para el caso de la compra de armas ilegales los valores son difíciles de estimar, pero distintas fuentes los ubican en el promedio de un tercio por debajo de su valor en el mercado legal. El precio desciende aún más si se trata de un arma que ha sido robada y tiene un pedido de secuestro o que se sabe que ha sido utilizada para cometer algún delito grave.

También es habitual que las armas sean alquiladas. Según una de las fuentes periodísticas consultadas, los precios de un fusil, por ejemplo, pueden oscilar entre los 200 ó 300 pesos[26]. Las bandas organizadas, tales como las que operan como “piratas del asfalto”, compran fusiles FAL o M16 a 4.000 pesos[27].

Otra de las modalidades de las que se tiene antecedentes es el “préstamo” de las armas con la condición de que el receptor le entregue al prestador un porcentaje del botín del robo.

Las drogas también constituyen otro bien habitual de cambio. Según un informe periodístico, muchos de los proveedores de armas de 9 mm o menor calibre son los mismos que venden pasta base, cocaína o prestan las armas para que los clientes consigan recursos para comprarles[28].

Pero también ha habido casos en los que las armas han sido intercambiadas por otros bienes, como por ejemplo automóviles robados[29].

2. El rol en la economía

b. El transporte

Como hemos visto, las transferencias legales de armas pueden ser de dos tipos. Las transferencias legales domésticas incluyen la venta de acuerdo a la legislación vigente, la entrega voluntaria mediante los programas de entrega del gobierno (tales como el plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego) y la confiscación de armas por parte de las autoridades. Las transferencias legales internacionales abarcan la venta de gobierno a gobierno de acuerdo a la legislación internacional y a las leyes nacionales, las ventas comerciales internacionales fiscalizadas por las autoridades nacionales y en conformidad con las leyes internacionales y, por último, las ayudas internacionales de armamento otorgado de un gobierno a otro gobierno.

Pero las transferencias de armas también pueden ser de tipo ilegal. El comercio internacional encubierto es aquel que se efectúa en base a ventas o ayudas gubernamentales para otros gobiernos o actores no estatales en violación de embargos internacionales y legislaciones locales o internacionales de exportación. Tal es el caso de las ventas de armas que supuestamente se efectuaron desde Argentina a Panamá y a Venezuela entre 1991 y 1995 que tuvieron destino final Ecuador y Croacia son dos ejemplos (luego detallaremos ese incidente).

El mercado negro y el tráfico ilegal incluyen las ventas comerciales ilegales, el robo, el tráfico a países limítrofes, la captura de armas durante un enfrentamiento armado y la venta por parte de funcionarios gubernamentales corruptos (policía y fuerzas armadas)[30]. El mercado negro y el tráfico ilegal tienen sus características particulares en cada país. Argentina es el segundo país latinoamericano productor de armas de fuego después de Brasil. Su industria tiene capacidad suficiente para satisfacer su mercado interno y también ha llegado a crear algunos nichos de mercado en el exterior del país. Debido a esto y al hecho que hasta 1995 las armas calibres .22 y .34 podían adquirirse sin registro alguno, el contrabando de armas no es una fuente importante de abastecimiento del mercado negro.

En cambio, el principal problema argentino en relación a las armas de fuego es el desvío de armamento policial y militar[31]. Los destinatarios de estos desvíos suelen ser bandas organizadas y dedicadas al robo de bancos, transportes de caudales y camiones de carga, entre otros. También se han detectado casos de tráfico hacia países limítrofes, como el ocurrido hacia organizaciones criminales de Río de Janeiro, en Brasil.

i. Lugares de entrada y salida

Si consideramos los principales lugares en donde se registra entrada y salida del tráfico ilegal de armas de fuego en Argentina, debemos referirnos en primer término a la frontera de Argentina con Brasil y Paraguay, en la región de la Triple Frontera, una línea de selva espesa en donde se hallan las ciudades de Foz do Iguazú (Brasil, Estado de Paraná), la Ciudad del Este (Paraguay, Departamento de Alto Paraná) y Puerto Iguazú (Argentina, Provincia de Misiones).

Otra de las zonas es en el paso fronterizo de “Paso de Los Libres”, en Corrientes, Argentina y Uruguaiana, Rio Grande do Sul Brasil. También mencionaremos la frontera entre Argentina y Chile, con énfasis en le paso más transitado (la llamada ruta del MERCOSUR) que une la Ciudad de Mendoza, Argentina y la localidad de Los Andes, en Chile.

Paraguay posee una legislación de control de armas muy flexible que facilita la compra y el contrabando de armas hacia Brasil[32]. Esto hace que tradicionalmente se lo identifique como país “bisagra” en el que el comercio de productos que están muy regulados o poseen fuertes impuestos en los países vecinos. Estos productos son exportados allí y luego revendidos en ciudades fronterizas. En el caso de tráfico de armas se utilizan métodos similares a los tradicionalmente utilizados para productos como soja, café, perfumes o cigarrillos.

Las armas compradas en Paraguay son también una fuente de abastecimiento del mercado brasileño, país a la cual son traficadas de distintas maneras. Hasta principios del 2000, los ciudadanos de dicho país podían cruzar a Paraguay comprar armas y municiones para luego regresar a su Brasil sin ningún tipo de control policial o aduanero.

También existe contrabando de revólveres argentinos de mala calidad hacia Paraguay, en donde son vendidos para ser utilizados en actividades delictivas comunes, como robos y asaltos. La red que opera en este mercado abarca la ciudad argentina de Clorinda, en Formosa, Argentina y Asunción en Paraguay.

ii. Los medios de transporte

Como en el caso del narcotráfico, el tráfico ilegal de armas utiliza las regiones poco vigiladas de frontera para cruzar de un país a otro sus mercancías. Además se vale de métodos y técnicas de ocultamiento con las que evade los controles aduaneros y policiales. Parte del volumen ilegal de transferencias también se da en zonas marítimas y aeropuertos a partir del camuflaje de mercadería y la declaración de destinos falsos.

El tráfico de armas va de la mano del tráfico de drogas. En él están involucrados empresarios, funcionarios gubernamentales y empresas importadoras. Para llevar a cabo la actividad es imprescindible una red organizada de contactos y recursos, además de un constantemente renovado repertorio de métodos de evasión de aduanas y controles.

Transporte oculto en automóviles. Muchas armas de fuego son pequeñas, fáciles de desarmar y de esconder en varias piezas. Por ello es posible transportarlas haciéndolas pasar escondidas en compartimientos ocultos en los automóviles.

Transporte aéreo. El Aeropuerto Internacional Guaraní de Paraguay, por ejemplo, posee uno de los índices más altos de comercio del mundo y es utilizado para la importación de todo tipo de mercadería que luego es comprada por argentinos y brasileños. Las armas son uno más de los artículos del gigantesco volumen comercial. Ciudad del Este se ubica como un centro de contrabandos de armas automáticas. Éstas llegan del Aeropuerto Guaraní escondidas en containers que supuestamente están llenos de otro tipo de productos, como electrodomésticos o comestible[33]. De allí son enviadas a Colombia, Perú, y Brasil.

El transporte de armamento en vuelos clandestinos es una modalidad de transferencia ilegal que suele realizarse en conjunto con el tráfico de drogas. Este implica un mayor nivel de recursos y organización. Los vuelos despegan y aterrizan en pistas improvisadas cuando las condiciones geográficas así lo permiten o en caminos abandonados a carreteras poco transitadas.

Transporte marítimo. De la misma manera que en los vuelos comerciales, las cargas ilegales pueden ser camufladas o escondidas en containers declarados con información y destinos falsos.

c. Los vínculos o desvío entre comercio legal e ilegal

Se han establecido vínculos entre el comercio legal e ilegal en la Argentina, ya sea dentro de las fronteras nacionales o como abastecedor de mercados grises.

El de tráfico de armas desde arsenales militares hacia los grupos narcotraficantes brasileros de Rio de Janeiro. En el año 2002, unas 3100 armas de origen argentino fueron secuestradas el tráfico carioca. Entre el arsenal decomisado había 81 fusiles FN FAL 7,62 milímetros, 139 subametralladoras FMK3, 98 subametralladoras PAM, 7 subametralladoras Halcón, 98 pistorlas FM de 9 milímetros y 238 granadas FMK2, todas de fabricación argentina. Presumiblemente, por el tipo de armamento, tenían su origen en arsenales de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas argentinas.

El caso fue corroborado por la Comisión Investigadora Parlamentaria de Brasil, que en 2006 emitió un informe con los detalles de estas maniobras. Determinó que “en los últimos 3 años fueron contrabandeadas hacia Brasil por lo menos 11.000 armas de uso militar”. Explicó que un buena parte salió de nuestro país, pasó por Paraguay y llegó a los narcos cariocas. Para esta comisión investigadora Paraguay es el mayor proveedor de armas de contrabando alcanzando al 66% del mercado ilegal. Estas prácticas están favorecidas por debilidades en los controles y legislación laxa. Un dato llamativo: entre 1994 y 1997 Paraguay triplicó las importaciones de armas y municiones de Argentina y Brasil, con una población mucho menor y sin conflictos armados.

Según el trabajo ya citado de Fleitas, entre 1994 y 2006 aumentó el comercio de armas y municiones en la región sin conflictos que lo justifiquen. Esto hace pensar en los desvíos señalados por el parlamento brasilero. También hubo triangulaciones a países en conflictos y con violaciones de los derechos humanos. El senador y ex presidente Carlos Menem aparece involucrado en una causa de tráfico de armas a Bosnia y a Perú, y la explosión de un arsenal para borrar pistas.

d. ¿Quién transporta las drogas

En los últimos años el mercado argentino de drogas se ha estructurado alrededor de la comercialización y el menudeo de drogas ilegales (principalmente cocaína y marihuana) en los estratos sociales urbanos medios y altos En general, las drogas son producidas en los países limítrofes o de la subregión e introducidas vía terrestre, fluviales y aéreas a través de fronteras poco controladas[34].

La diversidad de actores que forman parte en la cadena de tráfico ilícito de drogas hace que su caracterización sea muy dificultosa. El principal problema reside en la naturalidad que ha ido adquiriendo el tráfico de drogas como práctica social. No obstante existen ciertos actores que son parte del proceso y actúan según parámetros y niveles de organización posibles de individualizar clasificar. Para ello nos basaremos en una investigación publicada por el SEDRONAR (Secretaría de Programación para Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico) en febrero de 2007[35].

Dicha investigación identifica dos polos específicos desde los cuales las drogas ilícitas fluyen hacia las grandes urbes argentinas: en el noroeste la cocaína y en el noreste la marihuana. Dichas rutas tienen puntos de origen en los lugares de producción y destino final las grandes ciudades, como Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, o en el exterior del país, principalmente Europa y Estados Unidos. Las rutas están direccionadas hacia las grandes urbes como foco de consumo.

i. El proceso de producción de drogas ilícitas

Para visualizar con mayor claridad quiénes son los actores que transportan las drogas, es conveniente identificar las distintas instancias económicas que integran la actividad. Estas son: la producción de materia prima, la elaboración del producto, el transporte de la sustancia ilegal, el acopio y la distribución y el comercio y venta.

La producción de materia prima. La instancia productiva de la materia prima, es decir, el cultivo y la cosecha, se desarrolla en los países vecinos. El fruto de esta primera instancia se introduce al país por las fronteras del noroeste y noreste a través de diversos modos de encubrimiento y camuflaje. Después comienzan circular por el territorio en busca de su procesamiento, focos de consumo en el país o salida hacia otro continente.

Elaboración. Argentina y Brasil son los principales proveedores en la región de los “precursores químicos” necesarios para la elaboración de drogas ilícitas. La segunda fase en el tráfico de drogas es la elaboración del producto, es decir, su procesamiento para el consumo. Aquí intervienen los laboratorios clandestinos y las “cocinas” en donde se les da el valor agregados a drogas tales como la cocaína y la heroína antes de pasar a la instancia de transporte.

Transporte de estupefacientes. La tercera etapa en el desarrollo de la actividad económica del tráfico ilegal de drogas es el transporte. Como veremos, aquí se pone en juego el ingenio de los traficantes que deben recorrer grandes distancias y sortear numerosas dificultades técnicas y legales para llevar a cabo su cometido.

Venta. La venta constituye el último paso de todo el proceso. En el valor final del producto entran en juego su pureza, la cantidad adquirida y el rédito económico que se pretende extraer de él

ii. Los actores que intervienen en el tráfico de drogas

El tráfico de drogas implica la existencia de una estructura asociativa básica, de más o menos complejidad pero necesaria para llevar adelante la actividad ilegal. En dicha estructura intervienen distintos actores, los cuales conforman en su totalidad una “red de redes” con núcleos organizativos identificables. Esos actores son los siguientes:

Traficante capitalista. El primer actor es aquel que dispone de un capital para comprar materia prima y financiar la producción de drogas. El traficante capitalista está a la cabeza de la organización y tiene como función aportar el capital necesario para la compra de los insumos para producir una determinada de droga. Es el “autor intelectual” de todo el operativo pero no participa del mismo en forma material. De allí que su detección sea muy dificultosa.

Lugartenientes. Son la segunda línea en el tráfico ilícito de drogas. Son los responsables de la organización y la logística de producción, distribución y ventas. Son quienes consiguen los datos y diseñan las estrategias para implementar un operativo determinado. Bajo la orden del traficante “capitalista”, los lugartenientes compran la materia prima vegetal y/o químicos para elaborar el estupefaciente. También crean un contexto de seguridad que protege al traficante de las posibles aproximaciones de las fuerzas de seguridad pública.

El pisadero con los pisadores y traperos. Este es un lugar que aparece principalmente en el tráfico de cocaína. Es un espacio acondicionado para hacer la “pasta base”. En los pisaderos, los “pisadores” mezclan, con sus pies los químicos con la hoja de coca en el período de la maceración. Los “traperos” o “trapeadores” tienen por función la limpieza del campamento o “pisadero”, para no dejar rastro alguno de la actividad.

Cocineros. Son los encargados de convertir la pasta base de coca en cocaína, la cannabis en resina de cannabis (hachís) o los determinados químicos en drogas sintéticas en forma de pastillas.

Recultadores/cooptadotes. Son las personas encargadas de reclutar a las “mulas” o “camellos”, es decir aquellos individuos que realizarán las tareas riesgosas a bajo costo. También son quienes realizan las acciones accesorias, tales como acondicionar los vehículos que transportarán la mercancía.

Acondicionadores y transportadores. Se encuentran fuera de la estructura organizativa y son utilizados de forma coyuntural en las tareas de acondicionamiento y transporte de la mercancía. Los “acondicionadores” son personas que tienen un oficio pero están fuera del mercado laboral. Son torneros, soldadores, mecánicos y conocedores de otros oficios, que participan en el armado de doble-fondo en automotores, divisiones en los tanques de combustible y otros tipos de tareas vinculadas al lugar en el que se ocultará la mercancía. Por otro lado, los “transportadores” son quienes transportarán la mercadería. Como veremos más adelante, quienes transportan las drogas generalmente son individuos con evidentes necesidades económicas, fuera del mercado laboral, sin mayor instrucción o ninguna en absoluto.

Facilitadores ocasionales. Son individuos que generalmente no se encuentran en la situación de vulnerabilidad social de los transportadores, pero que también son externos a la organización. En este grupo se encuentran, por ejemplo, el chofer que trabaja para una empresa transportadora o el capataz o encargado de un campo aledaño a un río que deja la tranquera abierta para el paso de vehículos y chalanas.

Vigiladores. Son quienes vigilan el traslado de drogas por parte de las “mulas” o los “camellos”. Los vigiladores cuidan que la mercancía no se desvíe del trayecto.

Certificadores. Su objetivo principal es constatar y garantizar la entrega de mercancía a cambio de dinero a otro traficante con el que ya ha hecho contacto previo.

Distribuidores/acopiadores. A veces las operaciones de tráfico implican tramos o escalas, que a modo de “postas” van sorteando distintos obstáculos. Para cada una de estos puntos existe un operador que centralizará la carga. Este operador es el “acopiador”. Por otro lado, el distribuidor es el individuo que fracciona la mercadería y las distribuye entre las distintas “bocas de expendio” y entre los vendedores callejeros.

Vendedores. Los vendedores son el último eslabón en la cadena. Su perfil suele ser de lo más variado, pero normalmente tiene un amplio dominio territorial y una importante inserción comunitaria.de los actores que intervienen en el proceso de tráfico ilícito de drogas. Fuente: El tráfico de estupefacientes en la Argentina. Un estudio sobre sus condicionantes estructurales y coyunturales, del. Observatorio Argentino de Drogas.

iii. El transporte de mercancía

Las normas legales y el accionar de las fuerzas de seguridad obligan a los delincuentes a realizar todas las fases del proceso de narcotráfico en el marco del encubrimiento y la ilegalidad.

En la Argentina, la zona de mayor actividad y riesgo está en las fronteras, en la fase de transporte de mercancía, principalmente en el límite con Bolivia, la frontera al noreste con Paraguay y la frontera al oeste con Chile al nivel de la provincia de Mendoza. En dichos lugares los traficantes aplican toda su capacidad e ingenio para transportar y ocultar la droga. Las formas van variando a medida que las autoridades las descubren o cambian las condiciones geográficas, sociales o políticas. No obstante es posible categorizar de alguna manera las distintas modalidades de transporte de drogas.

Una de las modalidades más habituales en tráfico de drogas es la utilización de un individuo que puede transportarlas de distinta maneras: en un bolso o mochila, adherida a su cuerpo, cosida a su ropa o cubiertas por cápsulas en el interior de su cuerpo.

Los mochileros transportan la droga en el interior de una mochila a través de una zona determinada. Normalmente transitan caminos paralelos a aquellos en los que hay controles policiales o atraviesan a pie terrenos selváticos. Muchas veces cuentan con logística de apoyo y mecanismos de alerta con los que impiden ser detectados.

Las “mulas”. Son personas de escasa formación y recursos cuya misión es transportar la droga de un punto a otro. La mula es reclutada por el “reclutador” y es enviada al punto de destino en autobús o en otros medio de transporte.

Los “capsuleros” o “camellos”. Son individuos cuya función es transportar drogas dentro de su propio cuerpo. El proceso es mucho más complicado que el anterior y en la Argentina no ha llegado a perfeccionarse. El trabajo comienza con la ingesta de drogas encapsuladas, cubiertas de latex o de cualquier otro material que soporte la corrosión de los jugos gástricos del estómago. Una variante de esta modalidad, empleado únicamente en el caso de las mujeres. Se trata de las “vagineras”, que introducen cierta cantidad de cápsulas con droga en la cavidad vaginal, buscando con ello transportar la mercadería sin ingerirla

Otra modalidad de transporte de las drogas es el acondicionamiento de vehículos motores. Esto implica la construcción de compartimientos especiales en los vehículos en los que pueden ser ocultadas las drogas. Esta modalidad es compleja y requiere de mano de obra especializada, como así también de mayor cantidad de recursos y tiempo. Las formas más identificadas de camuflaje son el doble fondo en los vehículos, los compartimientos especialmente diseñados en el tanque de combustible y los paneles ubicados en las puertas del rodado, en guardabarros, torpedos, ruedas u otros lugares.

Los vuelos clandestinos son una forma de transporte de gran envergadura y potencialidad cuyo control es muy dificultoso. Quienes emplean este medio deben contar con un gran caudal de recursos. Los despegues y aterrizajes se efectúan en pistas clandestinas que son utilizadas cuanto mucho una o dos veces. Estas pistas muchas veces son brindadas naturalmente por la geografía del lugar o también pueden construirse con apenas arrastrar un tronco desde una camioneta.

La última modalidad que mencionaremos es la de transporte por agua. Las zonas más vulnerables a esta modalidad son las del noroeste y noreste argentino. Los vehículos acuáticos empelados tienen distintas características y porte, entre ellos se cuenta buques de ultramar, lanchas con motores fuera de borda y canoas o botes a remo.

3. La historia del comercio de armas hacia/por el país

Siguiendo el relevamiento y la estructuración histórica del comercio de armas propuesto por Khatchik Der Ghougassian[36] dividido en 4 etapas para el siglo XX. La primera se caracteriza por un libre acceso a armas, escasa reglamentación. Las armas concebidas como elementos de trabajo eran muy poco controladas en América Latina, incluso se publicitaban abiertamente en medios de comunicación para la caza o la simple tenencia. Eran mayormente importadas por armerías desede los países europeos que son tradicionales productores como España, Bélgica, Francia y Alemania. Se vendían en almacenes y ferreterías (hasta hace pocos años, las armas estaban incluidas en el rubro ferretería en el código aduanero de la Argentina). Sintetizando, era un país exportador sin regulaciones y libre acceso a las armas como vienes de consumo. Esta etapa se cierra en 1930, con el inicio de golpes de Estado y de alta conflictividad política.

Las crisis económicas y políticas y los conflicto entre el modelo económico agroexportador, la incipiente industrialización, el peso social y política de las clases obreras urbanas y la conflictividad por el avance de sus derechos, fue el fundamento para la ruptura del régimen democrático y la irrupción de medidas de control. Los principios, siguiendo a Der Ghougassian, fueron la restricción del libre acceso a las armas desde una lógica puramente militar de controlar el acceso a lo que era percibido como amenaza por el régimen. Dividieron entre armas comunes y armas de fuego, restringiendo estas últimas sólo a las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, la industrialización y la política de sustitución de importaciones a partir de los años '40 movilizó la creación de fábricas de armas, en general de muy baja calidad pero que sobrevivió, exportó a la región y dominó el mercado interno (las estadísticas de los programas de recolección y de decomisos muestran que casi el 80% de la existencia de armas son nacionales y de baja calidad[37]). Este modelo de control que comenzó a terminarse con la recuperación del régimen democrático permanente a partir de 1983, no contempló que permitía el acceso de armas catalogadas de "uso civil" que tendrían impacto en la seguridad pública. Tampoco impidió el pertrecho de movimientos guerrilleros que se aprovisionaron con armas.

Entre 1983 y 1994, continuó aumentando la venta. La registración, planteada como un negocio implicó el reempadronaniento obligatorio y requisitos para la compra (entre ello el pago de los servicios por registro), lo que restringió el mercado interno, al tiempo que el tipo de cambio desalentaba la fabricación en la Argentina. Sobrevivieron muy pocas que con el cambio del esquema cambiario, a partir del año 2002, volvieron a crecer y exportar a la región.

En estos periodos, el Estado nacional administró dos fábricas de armamento militar y para las fuerzas de seguridad. Se trata de Fabricaciones militares. Estas armas fueron las utilizadas en los casos de tráfico de armas más resonados. También ha existido tráfico a través de revendedores aprovisionados por privados.

4. Los efectos secundarios del comercio de armas

a. La violencia resultante

Los casos más importantes de tráfico de armas originados en la Argentina, han tenido un impacto directo en el número de víctimas en los países que fueron destinatarios finales de esas operaciones.

En el caso de Rio de Janeiro, las armas argentinas secuestradas estaban en manos de grupos narcotraficantes. Si bien no es posible establecer el impacto directo de estas armas, la tasa de homicidios en esa ciudad es de 50 cada 100.000 con un amplio predominio de las armas de fuego como herramienta de muertes (en 2009 superó los 7000 homicidios).

Argentina tiene también casos de tráfico ilícito de armas hacia países embargados por conflictos bélicos. Rompiendo con la tradición de venta de armas de gobierno a gobierno, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) se apeló a decretos presidenciales secretos para vender armas de manera colectiva (sin un decreto por cada operación que facilita el seguimiento). El proveedor era Fabricaciones Militares que vendía a través de intermediarias fantasmas creadas por traficantes. Así, el presidente y sus ministros firmaron un decreto para vender 6.500 toneladas de armas y municiones de guerra a Panamá, un país sin fuerzas armadas desde la invasión norteamericana de 1989, pese a las recomendaciones en contra de la Cancillería. El tráfico se hizo a través de una empresa de un teniente retirado del Ejército.

El destino final obviamente no era Panamá, sino Croacia que se encontraba en guerra. Croacia era socio de Estados Unidos en el conflicto de los Balcanes, estaba embargada por Naciones Unidas. La operación habría tenido el visto bueno del gobierno norteamericano.

Las armas salieron de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba (años después explotó y se perdieron las pruebas del contrabando). Fueron rotulados como repuestos para tractores y embarcados en buques croatas entre 1991 y 1995, cruzando sin problemas el bloqueo con que Estados Unidos debía garantizar el embargo militar en el Adriático para evitar más muertes en el conflicto. Este contrabando desde el gobierno se realizó pese a que en el campo de batalla había soldados de cascos azules de Naciones Unidas argentinos.

En febrero de 1995 hubo un pedido de 8000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones destinadas a Ecuador, que se encontraba en guerra por la cordillera del Cóndor con Perú, un aliado histórico de la Argentina. Esta operación se realizó, pese a que la Argentina era garante de Paz por el Protocolo de Rio firmado en 1942, en ese mismo conflicto.

b. Guerras por recursos

No fue posible identificar información en relación con la vinculación del comercio de armas, drogas y violencia de bandas, más allá de algunas disputas territoriales puntuales en la Ciudad de Buenos Aires por el dominio de puntos de venta en Bajo Flores. Sin embargo, información oficial y también relatos periodísticos sostienen que en las ciudades más grandes de la Argentina, como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, el comercio por menudeo de drogas está ocupando zonas de la ciudad. La custodia de esos mercados y los productos ilícitos se realizan con armas. Sin embargo no hay información de que se utilicen armas importadas, sino que el mercado gris o el mercado negro siguen aprovisionando el mercado interno.

La vinculación de bandas, mercados ilícitos y violencia armada es un tema que demanda la investigación urgente en la Argentina, siguiendo las tendencias nacionales y regionales de crecimiento del crimen organizado. Este abordaje necesita de la producción de información específica y desagregada en relación al crimen organizado y sus disputas en el ámbito urbano.

5. Los esfuerzos para contener el comercio de armas

América Latina es una de las regiones en las que las recomendaciones del Programa de Acción de las Naciones Unidas han sido implementadas de forma más efectiva. Algunos de sus países son los más avanzados en materia de políticas de control de armas.

Además de adherir a los distintos acuerdos internacionales, en los últimos años Argentina ha logrado avances significativos en base a políticas integrales que buscaron abordar el problema desde un marco de control más estricto, pero también hicieron hincapié en la concientización de la población como en la reducción de stock.

a. Tratados internacionales

En la Argentina los convenios internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes. Es decir que las leyes que sean aprobadas en el territorio nacional no pueden oponerse a dichos convenios.

La Argentina ha aprobado y ratificado numerosos tratados internacionales que limitan el tráfico y la proliferación de armas pequeñas[38].

En marzo de 1991, conjuntamente con Bolivia, Brasil y Chile, suscribió en Montreal (Canadá) la Convención sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, por la cual cada Estado parte adoptará las medidas necesarias y eficaces para prohibir e impedir la fabricación, salida y entrada en su territorio de explosivos sin marcar. La convención fue ratificada por la Ley 24.722/96.

En noviembre de 1997, conjuntamente con Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, suscribió en Washington (EE.UU.) la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados. El instrumento fue ratificado por la Ley 25.449 del 14 de agosto de 2001.

En abril de 1999, en el marco del MERCOSUR y sus estados asociados (Chile y Bolivia), suscribió una declaración a fin de crear un mecanismo conjunto de registro de compradores y vendedores de armas de fuego, explosivos, municiones y materiales conexos.

En junio de 1999, durante el curso de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), suscribió la Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales por la cual, a efectos de fomentar la confianza entre los Estados, se promueve el intercambio de información sobre dichas operaciones. La convención está pendiente de ratificación.

b. Leyes nacionales

La ley 24.492, sancionada en mayo de 1995, crea la figura del Legítimo Usuario de Armas de Fuego y establece que sea el RENAR quien otorgue en forma exclusiva las credenciales de Legítimo Usuario y de tenencias sobre armas de fuego.

La ley 27.703, sancionada en septiembre de 1996 prohíbe la venta en jugueterías o locales similares de réplicas o imitaciones de armas cuyo funcionamiento sea producido por mecanismos, automático o semiautomático, determinadas ballestas y objetos punzantes que cuenten con hojas de metal y contornos de filo.

La ley 25.086 introdujo modificaciones a la Ley Nacional de Armas 20.429, la cual data de mayo de 1973. Los cambios introducidos penaron la tenencia, portación, prohibición y fabricación ilegal de armas. También fueron aumentadas notoriamente las penas por portación ilegal de armas

La ley 25.886, aprobada en abril de 2004, modifica el Código Penal y sanciona a todo tenedor y/o portador ilegítimo de armas y al que entregare un arma a quien no fuere Legítimo Usuario.

En septiembre de 2004 el Congreso Nacional aprobó la ley 25.938, la cual impulsaba la creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Dicha ley, que fue reglamentada el 23 de mayo de 2005, fijó el procedimiento y actuación de los poderes y funcionarios que intervienen en su cumplimiento.

En este marco, los Poderes Judiciales Nacionales y Judiciales, como así también las fuerzas de seguridad, la Policía Provincial y las policías provinciales, nacionales, están obligados a informar al RENAR, dentro de los diez días de producido un secuestro o una incautación, acerca de las características de las armas secuestradas, como así también los datos de las autoridades intervinientes y los datos de las personas involucradas[39].

El artículo cuarto de la ley establece que todo material debe ser depositado en lugares que posean las condiciones de seguridad adecuadas: “Hasta tanto se adopte decisión definitiva sobre su destino, los materiales secuestrados o incautados deberán ser depositados en los lugares y bajo las condiciones de seguridad que se fijarán por vía reglamentaria. Todo cambio del lugar de depósito de los materiales, o de la autoridad depositaria responsable de los mismos deberá ser informado al Registro Nacional de Armas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido”.

En su artículo séptimo la ley también establece que el RENAR debería fijar el lugar y los métodos de destrucción de las armas cuando, en virtud de una sentencia judicial o resolución administrativa, se fije su decomiso: “Cuando en virtud de sentencia judicial o resolución administrativa firme se hubiere dispuesto el decomiso de los materiales comprendidos en el artículo 2º, se deberá proceder a su destrucción, la que se llevará a cabo en el lugar y por los métodos que el Registro Nacional de Armas establezca, con conocimiento de la Secretaría de Seguridad Interior”.

Dicha ley también fija la gestión de los arsenales. En el artículo octavo se establece que “Los Ministerios de Defensa —Registro Nacional de Armas—, y de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos —Secretaría de Seguridad Interior— establecerán, por resolución conjunta, las normas y procedimientos destinados a regular la seguridad y gestión de depósitos y arsenales, públicos y privados, destinados al almacenamiento de armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales incluidos en la Ley Nacional de Armas y Explosivos y sus reglamentaciones”.

El artículo diez de la ley invita a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus respectivos Poderes Judiciales a adherir a su régimen. Al respecto, hasta enero de 2010 las provincias adheridas son Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes, Santa fe, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

c. Políticas impulsadas desde el ejecutivo nacional

En agosto de 2006 el gobierno argentino anunció una nueva política de armas que giraría en torno a tres ejes centrales: la reestructuración del sistema de control de las actividades permitidas con armas de fuego; la mejora e de los mecanismos para la persecución del mercado ilegal y, en tercer lugar, la reducción del circulante de armas en manos de la población civil.

Como ya dijimos, mediante la ley 26.216, reglamentada por decreto 483 del 7 de mayo de 2007, se declaró la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados. También se creó Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, se regularon las réplicas y Armas de Juguete, se estableció un inventario de arsenal en todo el país y se creó un Comité de Coordinación y Consejo Consultivo de control de armas de fuego.

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego se inició el 10 de julio de 2007 y fue prorrogado hasta el 3 de abril de 2008. La respuesta al programa por parte de la sociedad civil fue evaluada por las autoridades como “sumamente satisfactoria”[40], razón por la cual se extendió su vigencia hasta septiembre de 2009.

El Programa se llevó adelante mediante puestos fijos de recepción se armas dispuestas en la sede central del RENAR y en sus delegaciones. También se apostaron puestos móviles en los municipios en aquellos lugares en los cuales no existían delegaciones.

El programa arrojó como resultado la recolección de 107.488 armas de fuego y 774.500 municiones[41]. La entrega representó aproximadamente el 8.5% del total de armas registradas en manos de usuarios civiles. También se destruyeron 104.534 armas de fuego.

El programa estuvo acompañado de campañas de publicidad televisivas, en medios gráficos, radiales, internet, gráfica callejera y folletería. También se desarrollaron numerosas jornadas de concientización en el marco de municipios de todo el país.

d. Acción de la industria

Los fabricantes, importadores, exportadores y vendedores locales de armas argentinos están agrupados en distintas asociaciones que han asumido su postura en relación a las políticas de control de armas en el marco del Foro por una Argentina sin Armas Ilegales.

Los fabricantes de armas

En Argentina, las exportaciones y el mercado local de armas se abastecen de la fabricación de armas de la empresa estatal y las firmas privadas.

La fabricación estatal se concentra en la Dirección General de Fabricaciones Militares. Esta posee cuatro fábricas con distintos tipos de producción en Fray Luis Beltrán (Provincia de de Santa Fe), Azul (Provincia de Buenos Aires, Villa María y Río Tercero (Provincia de Córdoba)[42].

Los fabricantes privados de armas son cinco, el principal de ellos es Bersa[43], y además las empresas Lasserre, F&L, Azor y Fanac también fabrican armamento.

Asociaciones que nuclean a productores, vendedores y usuarios de armas de fuego.

En Argentina existen varias asociaciones conformadas en torno a la actividad. Las principales son la Aicacyp (Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca, que además funciona como ente financiero del RENAR)[44], la Cámara Argentina de Caza y Pesca (CACyP), la Federación Argentina de Tiro, la Federación de Cazadores Deportivos de la Provincia de Buenos Aires, Asociación de Instructores de Tiro de la República Argentina, el Safari Club Internacional - Capítulo Argentino, la Cámara Argentina de Productores y Procesadores de productos de la fauna silvestre y sus derivados y Federación Argentina de Caza Mayor.

La Aicacyp (Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca) fue fundada en 1939 y agrupa a las principales fábricas de armas, importadores y vendedores la Argentina. Entre sus socios figuran 81 empresas vinculadas a la actividad. Su objetivo central es “defender y coordinar los esfuerzos de la industria, el comercio, los deportistas y los aficionados, para el fomento de la caza, el tiro, y la pesca deportivos; del camping, la náutica y las actividades turísticas afines a estos deportes, la conservación de las especies y la educación de los deportistas, los aficionados y el público sobre los problemas relacionados con estos deportes”.

La Aicacyp es desde 1992 el Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas Dichas funciones están basadas en la ley 23.979,la cual crea el sistema privado de cooperación técnica y asistencia financiera para el Registro Nacional de Armas. El sistema es similar al del Registro del Automotor y al del Registro de la Propiedad Inmueble.

Foro por una Argentina sin Armas

El Foro por una Argentina sin Armas fue creado en 2004 y está integrado por casi todas las asociaciones mencionadas en apartado anterior. Desde allí los fabricantes y comerciantes nucleados en la actividad han dado a conocer su opinión en relación a los programas de desarme del gobierno nacional como así también de las modificaciones a la ley nacional de armas.

Una de las acciones del Foro fue el lanzamiento del sitio Lanzamiento del sitio www.armaslegales.org.ar. Desde allí sus integrantes sientan postura con respecto a distintos temas vinculados al uso de armas.

Posición del Foro por una Argentina sin Armas Ilegales. Fuente: http://www.armaslegales.org.ar/

Los principios que figuran en la planilla de adhesión al Foro son los siguientes:

· Estamos plenamente de acuerdo y apoyamos firmemente todas las acciones dirigidas a evitar y eliminar el tráfico ilícito de armas de fuego.

· La ley Nacional de Armas 20.429, su Decreto Reglamentario 395/75 y las Leyes complementarias dictadas con posterioridad, le otorgan a la sociedad la seguridad que los ciudadanos que acceden a un arma legal no son quienes cometen los delitos ni le provocan inseguridad. Por ello consideramos que cualquier cambio en la legislación debe hacerse para perfeccionarla, respetando siempre los derechos de los legítimos usuarios.

· Reafirmamos el derecho de las personas, que habiendo cumplido con todos los requisitos legales, quieren poseer y utilizar armas de fuego para cualquiera de los fines previstos en las leyes.

· Las prohibiciones de tenencia de armas legales a civiles no contribuirán a eliminar la inseguridad.

6. Conclusiones

A modo de conclusión, podemos afirmar que la Argentina ha dado pasos en función de controlar el tráfico de armas, cambiando también los paradigmas de abordaje de la problemática e incluyendo nuevos factores en las acciones del ejecutivo.

Desde una perspectiva del crimen organizado, es posible detectar vinculaciones en la historia reciente del país entre comercio de armas, comercio de drogas, corrupción institucional y tráfico de personas. La nueva normativa y la adopción de acuerdos internacionales están dando herramientas al Estado para abordar más eficientemente el problema.

En términos generales, la Argentina ha sido un exportador de armas hacia mercado ilícito con algunos casos descubiertos e investigados. Esto ha sido favorecido por su condición de productor como de las ventajas competitivas. Pero el Registro Nacional de Armas ha demostrado respeto a los principios de defensa de los derechos humanos, al detener exportaciones de armas que podrían desviarse hacia países en conflicto (específicamente Bolivia y Honduras). Es un avance en las políticas institucionales destacable.

En cambio, en término de producción y circulación de drogas prohibidas, es un país consumidor y de tránsito hacia mercados europeos principalmente. En los ámbitos locales, ubicados en grandes ciudades, de venta al menudeo, es posible encontrar una asociación entre los mercados ilícitos de drogas y armas. Sin embargo, no hay registro de zonas controladas por bandas de narcotraficantes armadas, como es el caso en otros países vecinos.

Finalmente es necesario destacar que son necesarios más y mejores estudios de campo sobre las características de los mercados ilícitos en la Argentina, cómo se articulan, cómo se financian y el rol del tráfico ilícito de armas en ellos. La información recogida –estadísticas criminales, informes de fuerzas de seguridad, información periodística- sugieren el incremento de ciertas modalidades de criminalidad organizada que deben ser comprendidas y abordadas a tiempo.

Bibliografía

Informe Preliminar Sobre Armas de Fuego, Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, 2004

[1] El Informe sobre Armas de Fuego de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia es el único en el país que se focaliza en la problemática de las armas.

[2] Estadísticas de morbilidad, Ministerio de Salud de la Argentina. Disponibles en: http://www.deis.gov.ar/

[3] Informe DNPC Armas.

[4] Encuestas de victimización 2002 y 2003, Dirección Nacional de Política Criminal.

[5] SPINELLI, Hugo; ALAZRAQUI, Marcio; MACÍAS, Guillermo; ZUNINO, María Gabriela; NADALICH, Juan Carlos, Muertes Violentas en la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada desde el sector salud, Buenos Aires, Organización Panamericana de la Salud, 2005, disponible en www.ops.org.ar.

[6] Estadísticas del año 2003 de la Dirección Nacional de Política Criminal.

[7] Traducción de los autores a partir de la definición en inglés disponible en http://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html. La definición original dice: “Transnational organized crime is considered as one of the major threats to human security, impeding the social, economic, political and cultural development of societies worldwide. It is a multi-faceted phenomenon and has manifested itself in different activities, among others, drug trafficking, trafficking in human beings; trafficking in firearms; smuggling of migrants; money laundering; etc. In particular drug trafficking is one of the main activities of organized crime groups, generating enormous profits”.

[8] Dreyfus, Pablo Gabriel, Modalidades de transferencias ilegales de armas pequeñas y livianas: un vistazo desde el cono sur. Instituto Universitario de Altos Estudio Internacionales, Ginebra, Suiza, 2000. Pag 3

[9] Manual Registral del RENAR. Ministerio de Defensa. RENAR. 2001 Pag 6

[10] Manual Registral del RENAR. Ministerio de Defensa. RENAR. 2001

[11] Manual Registral RENAR Pag. 14

[12] Dreyfus, Pablo Gabriel, Modalidades de transferencias ilegales de armas pequeñas y livianas: un vistazo desde el cono sur. Pag 2

[13] Manual Registral del RENAR. Ministerio de Defensa. RENAR. 2001 Pag 51. La clasificación está basada en la Ley Nacional de Armas y Explosivos 20429-24492

[14] Fleitas, M. Diego, El problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur. Los casos de Argentina, Paraguay y Uruguay. Documento de Trabajo Número 1. Proyecto “Armas pequeñas y Livianas. Una amenaza a la seguridad Hemisférica”. FLACSO, Buenos Aires, 2006 Pag. 15

[15] República Argentina. Senado de la Nación. Respuesta enviada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, respecto de la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas, así como aspectos relativos a los usuarios habilitados a operar con las mismas. Folio 112. Nº 456/09. Febrero 2010.

[16] Página 12. Domingo 9 de julio de 2006. Muchas armas legales y muchas más todavía truchas.Carlos Rodriguez.

[17] Se trata de una encuesta domiciliaria con representatividad provincial (es decir que permite calcular estimaciones nacionales y provinciales). Incluye aproximadamente 50.000 personas de 18 añosy más de la población general seleccionadas por muestreo probabilístico de viviendas. A partir de cada vivienda seleccionada, se identificaron hogares, y de cada hogar se entrevistó aleatoriamente a uno de sus componentes dentro del rango etario. Ver http://www.msal.gov.ar/htm/Site/enfr/index.asp

[18] www.redparaeldesarme.org.ar (Consultado el 25/03/10)

[19] Otamendi, María Alejandra, Armas en la Mira: un estudio sobre actitudes hacia las armas de fuego. Asociación para Políticas Públicas (APP), Argentina.

[20] Otamendi, María Alejandra, Armas en la Mira: un estudio sobre actitudes hacia las armas de fuego. Asociación para Políticas Públicas (APP), Argentina.

[21] República Argentina. Senado de la Nación. Respuesta enviada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, respecto de la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas, así como aspectos relativos a los usuarios habilitados a operar con las mismas. Folio 112. Nº 456/09. Febrero 2010.

[22] República Argentina. Senado de la Nación. Respuesta enviada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, respecto de la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas, así como aspectos relativos a los usuarios habilitados a operar con las mismas. Folio 112. Nº 456/09. Febrero 2010.

[23] Clarín. Viva Investigación. Domingo 2 de enero de 2005. Armas Fuera de Control. Leonardo Torresi.

[24] Fleitas, M. Diego, El problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur. Los casos de Argentina, Paraguay y Uruguay. Documento de Trabajo Número 1. Proyecto “Armas pequeñas y Livianas. Una amenaza a la seguridad Hemisférica”. FLACSO, Buenos Aires, 2006 Pag. 17

[25] Fleitas, M. Diego, El problema de las Armas de Fuego en el Cono Sur. Los casos de Argentina, Paraguay y Uruguay. Documento de Trabajo Número 1. Proyecto “Armas pequeñas y Livianas. Una amenaza a la seguridad Hemisférica”. FLACSO, Buenos Aires, 2006.

[26] Clarín. Viva Investigación. Domingo 2 de enero de 2005. Armas Fuera de Control. Leonardo Torresi.

[27] La Naciòn, Domingo 16 de julio de 2006. Un mercado negro que crece. Gustavo Carabajal

[28] La Naciòn, Domingo 16 de julio de 2006. Un mercado negro que crece. Gustavo Carabajal

[29] Clarín. Viva Investigación. Domingo 2 de enero de 2005. Armas Fuera de Control. Leonardo Torresi.

[30] Dreyfus, Pablo Gabriel, Modalidades de transferencias ilegales de armas pequeñas y livianas: un vistazo desde el cono sur. Trabajo presentado en la Consulta Ecuménica Latinoamericana. “Abordadno la Violencia Armada en la Sociedad Latinoamericana: el tema de las Armas Pequeñas”. Consejo Mundial de Iglesias. Río de Janeiro, 25 al 29 de julio de 2000.

[31] Pablo Dreyfus y Antônio Rangel Bandeira, Vecindario Bajo Observación:Un estudio sobre las “Transferencias Grises” de armas de fuego y municiones en las fronteras de Brasil con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Argentina, Documento de Trabajo Nº 2 delProyecto de Control de Armas de Fuego de Viva Rio.

[32] Antônio Rangel Bandeira (Coord) Siguiendo la ruta de las armas incautadas en Río de Janeiro: Algunas pistas para Argentina. Viva Río, Proyecto de Control de Armas. Río de Janeiro, octubre de 2002.

[33] Dreyfus, Pablo Gabriel, Modalidades de transferencias ilegales de armas pequeñas y livianas: un vistazo desde el cono sur. Trabajo presentado en la Consulta Ecuménica Latinoamericana. “Abordadno la Violencia Armada en la Sociedad Latinoamericana: el tema de las Armas Pequeñas”. Consejo Mundial de Iglesias. Río de Janeiro, 25 al 29 de julio de 2000.

[34] Saín, Marcelo Fabián, Drogas ilícitas, narcotráfico y fracasos en el mundo, Revista Nueva Sociedad No 222,julio-agosto de 2009, ISSN: 0251-3552


[35] Álvarez, Diego (Coord.),El tráfico de estupefacientes en la Argentina. Un estudio sobre sus condicionantes estructurales y coyunturales. Observatorio Argentino de Drogas. SEDRONAR. Febrero 2007.

[36] Khatchik Der Ghougassian, Pequeñas pero peligrosas: la proliferación de armas livianas y las políticas de control en el cono sur, Georgetown University, 2000.

[37] Martín Appiolaza, Contra los mitos: análisis estadístico de las armas secuestradas en Mendoza entre 1990 y 2001, Ministerio de Seguridad, Mendoza, 2001.

[38] http://www.redparaeldesarme.org.ar/ (consultado el 1 de abril de 2010)

[39] Fleitas, Diego M. Las políticas de control de armas de fuego en la Argentina durante el año 2004. Asociación para Políticas Públicas.

[40] República Argentina. Senado de la Nación. Respuesta enviada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, respecto de la fabricación, importación, exportación y comercialización de armas, así como aspectos relativos a los usuarios habilitados a operar con las mismas. Folio 112. Nº 456/09

[41] http://www.desarmevoluntario.gov.ar ( consultado el 20 de abril de 2010)

[42] http://www.fab-militares.gov.ar/Dependencias.html (Consultado el 27 de mayo de 2010)

[43] http://www.bersa.com.ar/menu.htm (Consultado el 27 de mayo de 2010)

[44] http://www.aicacyp.com.ar (Consultado el 27 de mayo de 2010)