miércoles, 20 de abril de 2011

Violencia juvenil: ni el garrote ni la negación

Publicado en Diario El Sol, 20 de abril de 2011

Por Martín Appiolaza. Los niños y adolescentes son los más afectados por la violencia. Aún así, seguimos insistiendo con frenar la violencia con más violencia.



Se vienen las elecciones e invariablemente vuelve el debate: bajar la edad de imputabilidad. Es decir: aumentar la severidad de las penas como natural consecuencia de una visión restringida de la seguridad que sólo ve el castigo como solución a los conflictos y delitos. Desconoce una larga lista de instancias que permiten una mayor inclusión, aceptación de las reglas y solución no violenta de los conflictos. La violencia debe ser última ratio.

Pero el discurso punitivo paga bien en las urnas. Ese es el populismo de derechas: sintonizar con un electorado asustado y asustadizo esgrimiendo una guadaña con gesto de severidad. El que decidió delinquir debe sufrir. Pero también hay una abstracción por izquierdas que deviene en negación, una apelación permanente a las causas sociales de la violencia, desestimando toda de responsabilidad personal. Uno no decide delinquir, sino que las circunstancias lo obligan.

Estas posiciones se vuelven más extremas cuando se trata de niños y niñas. Ahí aflora el discurso sobre los tiernos retoños: unos prefieren arrancarlos de raíz ante el primer tropiezo evitando que contaminen toda la chacra. Otros previenen fumigando, pero los medios de atención y reparación son muy pocos e ineficientes. Son interesantes los debates en abstracto, pero los conflictos deben ser gestionados porque sino se impone siempre el más fuerte.

Los niños, niñas y jóvenes tienen derechos. También deben acatar normas en las medidas de sus posibilidades. Para gestionar los conflictos asociados al respeto de derechos y cumplimiento de normas en la infancia, la Argentina necesita un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde a la Constitución y respetuoso de la Convención de los Derechos del Niño. No se trata de cárceles de castigo. Están contraindicadas si queremos tener en el futuro un país menos violento y más seguro.

En la Argentina la participación de niños, niñas y jóvenes en delitos existe: aparecen involucrados en 6 de cada 10 homicidios dolosos y en más de la mitad de los robos (donde el 95 por ciento son varones), según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. El 11 por ciento de los imputados de homicidios en 2007 fueron niños y niñas. Pero en delitos contra la propiedad, los niños y niñas imputados alcanzan el 24 por ciento, mientras que los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años son un 26 por ciento.

Los niños y jóvenes, considerado entre 12 y 30 años, ronda el 45% de las víctimas de homicidios y el 65% de los imputados por estos crímenes en la Argentina. Los varones tienen 6 veces más posibilidades de ser asesinados, pero su participación es 14 veces mayor que la de las mujeres. Los niños participan en un cuarto de los robos y de los hurtos, pero en el grupo de adolescentes entre 18 y 21 años se concentra el otro cuarto de los imputados.

Aclaremos: el delito no es un problema exclusivo de niños y jóvenes. En números absolutos son pocos los casos, porque la Argentina es uno de los países menos violento de América Latina. Las estadísticas de sentencias muestran un énfasis en las sentencias a estos grupos de edad. Y la persecución penal se concentra en los que hacen el delito menos calificado (pequeño robo o agresión) y no en quienes organizan y dominan los mercados ilícitos de lo robado o de las drogas ilícitas. No hay niños ni niñas que sean capos narcos, que manejen la venta de autopartes o el tráfico de camionetas de lujo a países vecinos.

Otra vez sopa

Pero los datos sirven para tener un panorama y son parte de un informe que produjimos para el Centro Internacional de Prevención del Crimen (Canadá) y la Universidad Alberto Hurtado (Chile), sobre la delincuencia juvenil en la Argentina durante 2007, publicado hace poco y que refuerza la percepción sobre la participación de niños, niñas y jóvenes en aquellos actos de violencia que son considerados delitos.

Como cada vez que se instala el debate sobre la delincuencia juvenil en la Argentina y las estrategias de control, la solución más escuchada es el encierro. Desde la Corte Suprema de Justicia se ha ratificado la privación de la libertad infantil en nombre de la protección de los propios niños. Sin embargo, reconoce que no es el deseable y contradice las convenciones internacionales.

Está bien reiterar una vez más que este modelo tutelar (yo decido lo que es mejor para vos) asiste y controla: le niega la condición de personas a niños y niñas, con los que se ensaña cuando se han “desviados”. Se invisibiliza el problema de la violencia en la niñez cuando todavía hay tiempo de prevenir (justificando así tutelas abusivas, privaciones y violencias de todo tipo), pero se lanzan consignas de castigos inhumanos cuando cometen delitos.

Eduardo Bustelo en su texto “El recreo de la infancia”, ya ha demostrado cómo opera este doble discurso, que permite y justifica actos de violencia y abuso sobre niñas y niños. Esas han sido las políticas históricas que han aumentado la violencia y hoy se debate si profundizarlas o cambiarlas. Y no se trata de una discusión menor, sino que está en cuestión la forma en que se aceptan como iguales a otros grupos de la sociedad, quizá con menos posibilidades para imponer sus derechos.

Darse cuenta

Para abordar un problema, primero hay que admitir que existe. Esa realidad se hace más palpable números en mano. No es tan fácil: no existen en la República Argentina estadísticas generales y precisas sobre la participación de niños, niñas y jóvenes en actos de violencia considerados delictivos por los códigos penales tanto nacional como provinciales. El sistema federal de gobierno involucra diferentes niveles de gestión, los que a su vez producen estadísticas con criterios propios y pocas veces con el nivel de desagregación para analizar con profundidad el fenómeno. Apelando a varias fuentes y cruzando información se puede pintar un panorama.

Así, se puede afirmar que la delincuencia juvenil en la Argentina es un fenómeno con carácter predominantemente urbano. Estudios de campo advierten una edad de inicio promedio de entre 12 y 14 años, en pequeños robos que con el correr de los años incorporan complejidad y armas. Hay un predominio de los varones muy alto y una historia de institucionalización en muchas de las trayectorias de vida.

Ya vimos que la participación de niños y jóvenes tiene un peso relativo importante en la cantidad de delitos, entonces también podemos deducir que el comportamiento delictivo se corresponde con la media general de robos para el 2005: el 49 por ciento fueron en la vía pública y el 27 por ciento en domicilios particulares.

En la Ciudad de Buenos Aires, los datos oficiales indican que entre el 2000 y el 2004 se incrementó el 56 por ciento la muerte de niños y jóvenes en situaciones de robos (el 10 por ciento de las víctimas y el 6 por ciento de los imputados tenía menos de 18 años). Sin embargo, en el mismo periodo, según datos del INECIP obtenidos de fuentes judiciales, la cantidad de delitos que involucran a jóvenes disminuyó un 3,7 por ciento. La caída fue del 14,7 por ciento en los homicidios dolosos. De todos modos, aumentaron las peleas un 18 por ciento. En la justicia de menores cordobesas indicaron que entre el 2001 y el 2004 aumentó el 8% las causas que involucran a niños.

¿Qué pasa con las políticas para abordarlo? Son difusas y con un enfoque predominantemente punitivo. Existen pocas y aisladas experiencias preventivas, mientras que los aspectos represivos están en un paulatino proceso de adecuación a la normativa de derechos humanos. Las estrategias que se aplican se reducen principalmente hacia el encierro.

Entre rejas

Podemos estimar que la Argentina tiene entre 28 y 30 mil niños, niñas y jóvenes encerrados por causas penales. La cifra trepa a los 50.000 si consideramos otras formas de privación de la libertad en regímenes abiertos o semi-abiertos. En el año 2006 había 19.579 niños, niñas y adolescentes (hasta 21 años de edad) privados de su libertad en la Argentina (UNICEF, 2006). Se incluyen regímenes de encierro penal y no penal. De ellos, 2.377 tienen una causa penal (2.165 son varones). El estudio incluye instituciones hogares, institutos e instituciones penitenciarias.

En el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), podemos buscar información complementaria en los establecimientos penitenciarios (aunque muchos han sido tomados en cuenta en el informe de UNICEF). En el año 2005 había un total de 81 menores de 18 años presos, 12.199 en el rango entre 18 y 24; 18.170 entre 25 y 34 años. Los niños, niñas y jóvenes representan el 69,7% de la población carcelaria de la Argentina de los 188 establecimientos censados.

Es indicativo del carácter urbano del fenómeno de la violencia delictiva juvenil que el 92% de los presos en la Argentina son de alguna de las cuatro principales ciudades.

Los cierto es que la Argentina no tiene una política pública enunciada como tal y expresada en un corpus legal coherente respecto a la delincuencia juvenil. Tampoco es posible advertir dentro del Estado federal una coincidencia entre distintos ámbitos de gestión respecto a las políticas que desarrollan. Esto es extensivo a las provincias. Existe una multiplicidad de agencias, muchas veces con áreas temáticas superpuestas, prácticas opuestas, tensión entre poderes del Estado respecto a responsabilidades y facultades.

La adecuación normativa y funcional a la Convención de los Derechos del Niño, pese a tener rango constitucional, una ley que la instrumenta y una secretaría de Estado a cargo de la implementación, es todavía incipiente. Se sigue aplicando el modelo tutelar que autoriza a los magistrados a disponer sobre niños y niñas en muchas jurisdicciones. La gran cantidad de privados de la libertad por “causas sociales” es un indicativo de la supresión de derechos en los casos de “situación irregular” como estrategia de prevención de presumibles futuras actividades delictivas. Y son muy escasas otras experiencias de prevención, generalmente sin continuidad en el tiempo ni análisis de resultados.

La violencia se puede prevenir

La prevención es posible si dejamos el doble discurso sobre la infancia en situación de violencia, se admite que hay un problema de delincuencia y se exploran las causas. Existen suficientes investigaciones sobre el problema en el mundo, entre ellas el Informe de las Naciones Unidas sobre la violencia contra Niños y Niñas, que identifican a la violencia y vulneración de derechos como causal de violencia. Coinciden en que son causales de violencia la pobreza, la violencia familiar, la falta de trabajo en los jóvenes, el fracaso escolar, la falta de acceso a la educación, la violencia social ejercida por el Estado o por bandas, la falta de servicios públicos, espacios para recreación, el racismo, la discriminación y la marginación.

Se trata de condiciones de vida que la Argentina se ha comprometido a garantizarles los derechos básicos desde que nacen. Sin embargo, sufren más privaciones que los adultos. El problema no está en la caridad ni en la tutela, sino en darle lo que les corresponde para no ingresar en la violencia o para salir.
La Argentina adeuda una ley de responsabilidad penal juvenil en el marco de un necesario y amplio debate sobre las causas de la violencia juvenil, la real dimensión, sus expresiones delictivas, la falta de una política del Estado integral orientada a los jóvenes, la ampliación de políticas inclusivas y de prevención del delito.