miércoles, 29 de junio de 2011

Las urgencias de la seguridad y la importancia de lo policial




Por Martín Appiolaza El tema de la seguridad ha pasado años entre el menoscabo y el usufructo político. Las nuevas formas de criminalidad piden mayor atención.
Martín Appiolaza*

La seguridad es un tema sensible y la rigidez en las posiciones impide analizar sin prejuicios. La seguridad y la gestión de las instituciones policiales han sido especialmente relegadas en las agendas de los gobiernos considerados progresistas por considerarlas temas de derechas, útiles para controlar a los más vulnerables.

En consecuencia, tienen cierto déficit de propuestas, de cuadros de gestión y, por lo tanto, falta de respuestas hacia una demanda y un derecho social: vivir con los niveles más bajos posibles de violencia.

Se les paran enfrente grupos unidos por convicción, por la necesidad de defender intereses o por diferenciarse para mantener su cuota electoral. En algunos casos estas alianzas mantienen el apoyo a aquellas políticas neoliberales que aumentaron la desigualdad y la violencia. Usan el temor a los delitos como bandera proselitista. La violencia y el delito son presentados como la debilidad de los gobiernos que priorizan las políticas sociales como instrumento de inclusión. Proponen más severidad y control.

En general ambas posiciones coinciden en una falacia: la pobreza es la responsable de la violencia, los pobres del delito. En realidad, es más fácil demostrar que buena parte de los delitos son por la desigualdad y la falta de oportunidades para satisfacer necesidades básicas o construidas por un entorno consumista. Muchos gobiernos coinciden en medidas de \"prevención\", que aplican indistintamente sin importar sus sesgos ideológicos. Respuestas atolondradas a la violencia.

Parálisis y espasmos
El tema de seguridad encabeza las demandas sociales de la región. La acusación de condescendencia con las clases peligrosas a los gobiernos progresistas engorda la falsa dicotomía entre políticas sociales universales y concentración de privilegios. Se puede leerles diciendo que se priorizan los derechos humanos de aquellos de dudosa moral en desmedro del resto de la sociedad. Así no aprueban una pregunta de examen de primaria: los derechos humanos son universales e indivisibles, todos los derechos para todos porque no puede haber en una democracia social ciudadanos de primera y de cuarta.

Este populismo punitivo apela porfiado a escribir leyes para aumentar penas. Es una reacción que se repite después de un caso de impacto público. Pero el aumento de las penas no reduce el delito, sino ya tendría que haber desaparecido después de todas las modificaciones al código penal y el aumento del número de personas encerradas. Un poco de circo chapoteando sobre la sangre tibia puede sumar algún puntito en las encuestas, pero no se construye racionalidad política ni instituciones sólidas a partir de reacciones espasmódicas y oportunismo de carancho. Alimenta la idea que a las clases peligrosas hay que darle palos y no planes, pero deja en el camino un montón de opciones efectivas para reducir la violencia y el delito.

Por su parte, en el progresismo no han abundado las respuestas ni la voluntad para hacerse cargo del tema de la violencia y el delito. Las opciones han sido la cosmética aplicando algún plan que dio resultados en Bogotá, el dejar hacer a los poderes fácticos, o bien entregarse a la profecía de un mundo más justo, que siempre está por llegar. Hay excepciones.

En este contexto, las instituciones policiales han estado relegadas entre las prioridades políticas. Ocasionalmente les han aumentado la dotación o descabezado las cúpulas, reaccionando a los reclamos sociales. Sin embargo, como instituciones fundamentales de los sistemas de seguridad están llamadas a jugar un rol determinante en las situaciones de conflictividad. Así lo han hecho y los resultados han sido dispares.

Un problema que se repite
Sigamos observando a la América Latina. En Ecuador una rebelión policial y el intento de golpe de Estado terminaron con un presidente bajo el fuego de las armas entregadas a los uniformados para garantizar la seguridad pública.

En esos días las noticias policiales en la tapa de los diarios llenaban de miedo. Contrastaban con los datos reales de la violencia. Otra evidencia de la tensión política entre el gobierno y la oposición (respaldada por importantes medios de comunicación que ponderan la seguridad como crítica a la gestión oficial). El peso de las demandas cayó sobre una institución policial que no ha acompañado los esfuerzos democratizadores del país, que ha conservado un fuerte peso político alimentado por su rol de control en los tiempos de ajuste y beneficiados por un abanico de dádivas económicas.

La policía ecuatoriana tuvo un peso central en la caída del gobierno de Gutiérrez en 2005. En aquella época me tocó participar en unas reuniones organizadas por la Cancillería, para lograr un consenso entre la policía y las fuerzas armadas sobre el control de armas. Existía una industria ilícita de armas con protección uniformada.
¿Cómo puede pasar esto? Es evidente que ha sido permitido.

En México, en estos días, las policías municipales están en el tope de la agenda pública. Preocupa la incorporación, formación y el funcionamiento policial. Es que muchas de estas instituciones están infiltradas por el crimen organizado. Cómo señalan analistas, la pérdida del poder del PRI después de 8 décadas, sacó a la superficie la relación entre poder político, poder económico, instituciones públicas de seguridad y crimen organizado.

En Venezuela, Chávez sufrió una merma en los votos en las últimas elecciones. Parte del descontento tiene que ver con el aumento de la violencia en el país. La muy deficiente organización de las fuerzas de seguridad acarrea consecuencias. Hace unos años, cuando comenzaron a reflexionar sobre la reforma de las instituciones policiales, casi un 10 por ciento de los oficiales policiales tenían causas por ilícitos.

Las fuerzas armadas y policía Federal encabezaron el abordaje sobre el crimen organizado en las favelas de Rio de Janeiro. Es conocido el alto nivel de corrupción en la policía carioca y las vinculaciones con los narcos. En la República Dominicana la reforma de la Constitución incluyó un debate para distinguir entre seguridad nacional y seguridad pública: fuerzas armadas y policías se disputan el control de las ciudades. Ambas tienen un fuerte peso político. No les faltan manchas por corrupción.

La policía Colombiana sigue debiendo explicaciones sobre violaciones a los derechos humanos. Historias similares se repiten en América Central y el resto de Sudamérica.

Color local
Las imágenes ecuatorianas remitieron a la revuelta policial que tomó la Legislatura de Mendoza, desconoció las autorizadas políticas, policiales y exigió más facultades. Ocurrió hace más de una década, después de casos sonoros de violencia institucional, en medio de una escalada criminal que agotó el modelo de regulación con el que se intentaba abordar el delito y con la conducción policial dividida por lealtades partidarias. La reacción de las principales fuerzas políticas generó un cambio institucional que intentó superar el autogobierno policial y ensanchar el sistema de seguridad pública facultando a más instituciones a intervenir en el diseño de políticas.

El proceso de modernización es recordado de manera dolorosa por algunos funcionarios policiales. Hubo purgas y cuestionamientos a la institución que los formó y donde construyeron su identidad social. Pero también es valorado por muchos porque obligó a que, por fin, asumieran sus responsabilidades los funcionarios votados, entre otras cosas, para reducir la violencia y el delito. Que se jerarquizara la formación creando un instituto universitario para la capacitación permanente policial. Y que se reconociera el rol en la seguridad de instituciones protagónicas en tiempos democráticos: Legislatura, municipios, Justicia, organizaciones ciudadanas. Porque la seguridad es un problema con diversas dimensiones que demanda la concurrencia de muchas áreas del gobierno. Los casi 12 años de gestiones con avances y retrocesos merecen una evaluación exhaustiva (algo que no es frecuente en nuestras políticas públicas).

El tiempo corre y las formas de lo delictivo cambian en nuestros países. Las modernizaciones deben ser permanentes y la importancia de la gestión policial sigue muy vigente. Los niveles de violencia crecen. El crimen organizado está en permanente mutación y expansión. Los mercados ilícitos sólo pueden funcionar con una pata económica y algún nivel de protección estatal. Para abordar estos fenómenos, se necesitan fuerzas policiales bien formadas, adecuadamente lideradas por niveles jerárquicos profesionalizados, reconocidas social y económicamente para evitar que las tentaciones del crimen organizado generen corrupción. Se necesitan también funcionarios políticos definiendo los ejes estratégicos del abordaje del crimen y apertura a la sociedad para que defina y evalúe el diseño de la seguridad ciudadana.

En los últimos meses, el gobierno de la Argentina está empezando a ocuparse seriamente de las fuerzas policiales. Es una oportunidad que salda viejas deudas de la democracia. Se trata de redefinir las policías a los nuevos tiempos y problemas que deben afrontar dentro de un sistema democrático, lejos de las componendas donde los intereses económicos y políticos se combinan peligrosamente.

Para continuar, hay un sendero marcado por el Acuerdo por la Seguridad Democrática con amplio consenso social y político. Orienta las nuevas políticas que deben mejorar la seguridad eludiendo el usufructo político y atendiendo a los desafíos de los nuevos problemas.


* Centro de Estudios de Seguridad Urbana, UNCuyo. mail@martinappiolaza.com