lunes, 22 de octubre de 2012

(2012) Participación, respeto y compromiso social: condiciones para prevenir la violencia con niños, niñas y jóvenes



“La juventud y la vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente en la lucha entre jóvenes y viejos”
Pierre Bourdieu (La “juventud” no es más que una palabra, 1978)

“La noción de que el trabajo (rutinario y mal pago) proporciona modelos de conducta para los niños de la barrio es inverosímil: es mucho más probable es que haga todavía más atractivos el delito y los mercados ilícitos de drogas”
Jock Young (Crossing the borderline:  Globalization and social exclusion, 2003)

“El reconocimiento de las pandillas como actores sociales es necesario para la democracia (…). Deben ser vistas como (jóvenes) socialmente excluidos del proyecto moderno y no como la hez de la tierra”
John Hagedorn (Gangs in the Late Modernity, 2007)

Martín Appiolaza, UNCuyo, Consultor Save the Children

La propuesta es pensar a los grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia, en la doble condición de víctima y victimarios, como actores capaces de transformar sus prácticas modificando en sus comunidades las causas de la violencia y el delito. El desafío es reconocerlos como sujetos de derechos, gestionar la conflictividad como una oportunidad y apostar por la construcción de ciudadanía. El deporte y las artes son herramientas para el involucramiento social de la infancia y la juventud en proyectos colectivos transformadores.
Primero: ¿Dónde nos paramos para ver el tema de la violencia juvenil?
Enfoquemos. Cuando se habla de violencia juvenil generalmente hacemos un recorte que incluye a jóvenes, varones, de zonas populares urbanas. Incluimos también a niños y niñas involucrados en algunos delitos. Dejamos fuera la vinculación con un entorno violento (entendiendo violencia como aquello que limita posibilidades y deseos de otros). También perdemos de vista que el rol juvenil en las estructuras criminales es siempre en lugares de más riesgo y menos rentabilidad. Problema de perspectivas. Nos que lleva a concentrar el peso de la violencia institucional en el actor más visible y vulnerable de los mercados ilícitos.
La juventud no existe. Existen muchas juventudes dependiendo del momento histórico, de cómo se han configurado las relaciones entre lo viejo y lo joven en el campo social. Lo joven se define también en oposición a lo adulto, en conflicto a un orden establecido que no le es propio y que le reserva un lugar predefinido por lo viejo. Es decir, las juventudes son esencialmente conflictivas porque así se constituyen y cuando criminalizamos ciertos conflictos juveniles por disfuncionales, anormales o desviados, adoptamos una posición en favor de un orden adulto.
El argumento más frecuente de la criminalización es asociar violencia con ciertas juventudes conflictivas. Aquí entramos en otro aspecto: la violencia es una consecuencia de conflictos no gestionados. Para que emerjan expresiones violentas antes tuvieron que existir conflictos que no fueron atendidos y que no fueron abordados oportunamente. Conflictos propios de ciertas juventudes por un lado y la decisión de no considerarlos legítimos, por el otro. Esta negación de las problemáticas de ciertas juventudes entraña un acto de violencia. En la ecuación clásica, no hay emergente violento sin una violencia estructural (negación de derechos) y una violencia cultural (admitir la negación del otro como sujeto de derechos).

Llegados a este punto es posible negar la legitimidad de las necesidades y derechos de un grupo social. Así se desencadena la lógica de las políticas públicas hacia juventudes afectadas por la violencia: desconocerlos, argumentar que son socialmente inhábiles (o inmaduros, o irresponsables) e intervenimos en nombre de su propio bien como el del resto de la sociedad. Es el ciclo conflicto – desconocimiento y control.
Sintetizando: juventudes como construcción histórica, inherentemente conflictivas. La violencia juvenil es asociada a la negación de estos grupos que desafía un orden asociado con el poder adultocéntrico. Es producto de la aplicación de violencia institucional, estatal y cultural. Se manifiesta, por ejemplo en el relegamiento de las problemáticas y demandas juveniles, así como el predominio de las prácticas de control en las políticas públicas específicas. Entonces, juventud y violencia en el contexto de las políticas sociales de nuestros estados, aparecieron asociadas.
El desafío es cómo abordamos las problemáticas que las juventudes proponen, atendiendo esos conflictos, reconociéndolos como sujetos plenos de derechos, aprovechándolas para construir relaciones sociales menos violentas y más democráticas. Finalmente, una sociedad más segura es una sociedad más igualitaria.
Entonces, ¿desde dónde nos paramos para empezar a entender y atender la dinámica juventudes-violencias?

Abordajes de juventudes y violencia
Los enfoques tradicionales sobre niños, niñas y jóvenes “conflictivos” los asimilan con los necesitados, aquellos que no pueden valerse solos, que necesitan la caridad para poder desarrollarse. Es posible conectarlo con las políticas hacia los pobres y mendigos surgidas casi en la misma época que empezaban a emerger las juventudes. Desde entonces se insiste que los que merecen un cuidado especial por sus in-capacidades, también necesitan controles especiales. Políticas sociales asistenciales y políticas de seguridad basadas en el control caminan de la mano desde hace mucho tiempo.
Todavía hoy, los enfoques predominantes consideran niñez y juventud como momentos in-completos, de transición, como una etapa de la vida a superar. Como no han alcanzado la condición de sujetos plenos, por lo tanto no tienen derechos plenos. La conflictividad adolescente y juvenil es propuesta en términos de crisis personal y camino tumultuoso hacia lo adulto.
Esta perspectiva coloca al adulto como el sujeto pleno, estación terminal, el estado deseado. Así, la sociedad funda una lógica que coloca lo adulto en el centro del escenario del poder subordinando a infancia y juventudes. Por lo tanto, ¿qué validez le va a dar a los conflictos que propongan niños, niñas y jóvenes?
Otra de las miradas predominantes sobre la juventud, la interpela como un grupo con hábitos particulares que está en riesgo y pone en peligro al resto. Por lo tanto, necesita ser controlada. Hay que cuidarla de sus particulares debilidades, factores de riesgo que predisponen a la enfermedad de la violencia juvenil (ironizando). En cambio, hay que potenciar los aspectos saludables, características comunes de los grupos no conflictivos ni violentos. O bien, prevenir adaptándolos con las manos sanadoras del Estado.
Estas dos perspectivas justifican la mayoría de las políticas que se aplican hacia niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia. Primero, un enfoque desde la seguridad que desconoce o subestima la capacidad y niega los conflictos propuestos. Se concentra en la aplicación de la violencia estatal para suprimir comportamientos o bien prevenirlos desde una perspectiva asistencial que extiende el control.
El ejemplo más extremo son las políticas centroamericanas basadas en el uso de la violencia estatal para abordar el fenómeno de las maras. Se trató de las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura en El Salvador, Plan Escoba en Guatemala, Cero Tolerancia y Libertad Azul en Honduras (¡siempre tanta poesía en las políticas de seguridad!). Permitían al Estado detenciones prolongadas y encierros ante la presunción de que niños, niñas o jóvenes pertenecían a una pandilla. La arbitrariedad facilitó apremios ilegales, ejecuciones extrajudiciales, encierros masivos, el colapso del sistema carcelario, la transformación de las cárceles en territorios de reclutamiento del crimen organizado, los motines y las muertes masivas de jóvenes.
El enfoque de riesgos propone un control light en formato de prevención de la violencia. Pronostica los riesgos de un individuo o grupo a partir de factores, propone intervenciones correctivas que buscan prevenir ese mal pronóstico y potencia aquellas características que inmunizan de la violencia, factores de prevención. Inducción y deducción. Diagnóstico y tratamiento. Abordaje preventivo a las comunidades vulnerables que deben ser asistidas. Es el enfoque más extendido en organismos internacionales de cooperación para el desarrollo y en el sistema de las Naciones Unidas.
Es práctico y permite plantear la prevención como algo tangible. Un ejemplo es la investigación ¨Ni guerra, ni paz¨, dirigida por Luke Dowdney, que estudió pandillas violentas en una decena de países. Estableció factores de riesgo, abordajes preventivos desde la perspectiva local trabajando en el ámbito individual, familiar y comunitario. Pero, además, la investigación recomienda también la participación de los niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada organizada y se interesa por dinámicas subculturales.

Deporte, disciplina y reconocimiento
Veamos un ejemplo de programa de prevención, Luta pela paz (Lucha por la paz) que dio fundamento para la investigación mencionada. Propone la práctica del boxeo en una academia como estrategia de prevención. Los que han frecuentado un ring o se han aproximado programas deportivos para prevención de la violencia y del delito, coincidirán en que incluye factores de protección.
El director, Luke Dodwney,  es antropólogo y ex boxeador amateur. Empezó montando una pequeña academia de boxeo en la favela La Maré, en Rio de Janeiro. En una comunidad tomada facciones del crimen organizado. El desarrollo del proyecto que se inició como una pequeña iniciativa de la organización Viva Rio, significó un espacio de recreo y formación en un entorno hacinado, violento. Algunos de los niños, niñas y jóvenes que participaban eran empleados por el narcotráfico, sometidos a situaciones de mucha violencia.
Si el proyecto pudo desarrollarse fue porque hubo tolerancia de parte de los dueños de la favela. Una aceptación tácita, quizá porque se entiende que es algo bueno para la comunidad y que los niños involucrados en el tráfico no son buenos para nadie.  
Los aportes del proyecto para prevenir la violencia fueron el aprendizaje de un deporte donde el esfuerzo a lo largo del tiempo produce resultados (superar el vivir al día), respeto del entorno y seguridad personal ante un contexto de agresión permanente. El boxeo aportó la disciplina y las rutinas de las prácticas. También hubo prohibición de consumos ilícitos dentro de la academia. Quienes querían participar en el proceso de trabajo en la academia debían tener buenas calificaciones escolares y asistir a talleres. También se involucraron en el gobierno del proyecto y más tarde en procesos políticos de incidencia por los derechos de los niños y de los jóvenes.
¿Cuál era la gratificación más importante que recibían por participar? No era dinero. Lo más valorado era participar: el reconocimiento y el respeto. La camiseta que ganaban los que eran parte del proyecto se convirtió en un trofeo valorado. Incluso, el tener la camiseta del Luta pela paz les permitió cruzar por zonas que dominaban distintas facciones ahorrándoles rodeos de varios kilómetros. Este reconocimiento implícito de los grupos violentos era también un reconocimiento hacia las personas y un estímulo para ser parte de la organización.

Gobierno local protagónico
Vamos con otro ejemplo. Está vinculado con la investigación de pandillas violentas mencionado y del proyecto de academia de boxeo.
El Proyecto Ciudades fue también una iniciativa de la organización carioca Viva Rio en cooperación con organizaciones en otros cuatro países. Se nutrió de la experiencia de trabajo en contextos de violencia armada. Pero lo más relevante fue el énfasis en la participación: buscó sentar a niños, niñas y jóvenes de grupos violentos a diagnosticar y hablar de sus problemas con autoridades policiales y municipales. El objetivo: acuerdos para reducir y prevenir la violencia.
La participación efectiva debe estar en el eje de las políticas. Si hay participación real, genuina, igualitaria, todos los sectores tienen presencia. Es el reconocimiento de todos los actores, de todas las perspectivas (sólo así es posible gestionarlas). Pero también genera resistencias y conflictos. Tuvo dificultades para sentar a todos a la mesa como otros proyectos que se proponen escuchar a grupos de jóvenes involucrados en violencia juvenil.
Una anécdota: durante la preparación del proyecto, me reuní en el municipio de Santa Tecla, en los alrededores de San Salvador, con el jefe de una de las “Clicas”  (pandilla local). Tenía dieciséis años, había salido de la cárcel y, más allá de cualquier otra apreciación sobre su récord criminal, aceptó sentarse a dialogar con funcionarios policiales y municipales.
Esta experiencia de diagnóstico y aproximación entre grupos juveniles asociados a la violencia, con gobiernos locales y policías locales intentó con dificultades en otras ciudades de América Latina y África. Fue muy difícil que las “autoridades” aceptaran los diagnósticos y propuestas juveniles. El esfuerzo de la participación, cuando cuestiona estamentos suele tropezar con la indiferencia del que detenta el poder legítimo.
El proyecto trabajó desde un enfoque de riesgo, incorporó una visión de derechos que coloca a los niños, niñas y jóvenes en el centro de las decisiones, reconoció sus planteos al sentarlos a espacios de discusión y los involucró en el diseño de los proyectos. Sociedad civil asociada con el Estado para intentar prevenir la violencia y el delito, con el compromiso indispensable de los intendentes. Por otra parte, el ámbito de estudio, de negociación y de construcción de los consensos no podría ir más allá de lo barrial por lógicas históricas, de control territorial y facultades de intervención estatal.
Al mismo tiempo, en países centroamericanos estaban en auge las políticas de mano dura que según una investigación de la Red de Análisis Transnacional de Pandillas, tuvieron un efecto contrario al buscado: la identidad de pandillero resultó fortalecida, pasaron a la clandestinidad y se desparramaron, aumentó la defensa violenta del territorio y las actividades ilícitas. El fenómeno se complejizó.
Es evidente el contraste entre los abordajes descriptos hasta ahora.

Prevención del delito con perspectiva de derechos humanos
Pero se puede ser más ambicioso. Hay un la tercera perspectiva para revisar, un enfoque de derechos que no está centrado en el poder externo adulto.
Desde esta perspectiva, la participación efectiva y el reconocimiento son necesarios. Hay muchos ejemplos de este tipo de proyectos donde el involucramiento de los niños, de las niñas y los jóvenes es, de acuerdo al caso, parcial o total. Parcial a veces en el diagnóstico, a veces en el diseño y a veces participan en todas las instancias. Son impulsados por organizaciones más enfoque de derechos: académicas, grupos sociales, artísticos, culturales y deportivos.
Un buen ejemplo es el trabajo de Casa Promoción Juvenil que trabaja en Ciudad Juárez en zonas donde hay barrios (grupos territoriales) y pandillas con distintos niveles de vinculación con los mercados ilícitos que controlan los grupos criminales. Ha desarrollado metodologías participativas con un reconocimiento del otro (niño, niñas o joven afectados por un entorno violento o partícipes directos de la violencia armada) como un sujeto con derechos.
No establece previamente qué es lo que se espera y qué es lo que deben hacer los niños, niñas y jóvenes para adaptarse al resultado planificado. Propone espacios de diálogo, negociación y participación para que se construyendo como como sujetos, al tiempo que se constituyen en ciudadanos con compromisos y responsabilidades sobre sus proyectos particulares como con toda la comunidad.
En su método de trabajo propone en un primer momento un menú de distintos talleres y trabajos: ellos eligen donde participan, por supuesto, con algunas condiciones para la convivencia (ni consumos nocivos, ni uso de armas).  Una etapa posterior es el proceso natural de la constitución de grupos que participan en las actividades, con la dificultad de que se trata de zonas muy afectadas por la violencia y dificultades para la construcción de vínculos. Para que estos vínculos se traduzcan en convivencia posterior hay acuerdos para gestionar los conflictos que muestran que hay un patrón cultural de resolución violenta.
Resumiendo, esta incorporación libre que propone la Casa de Promoción Juvenil incluye una serie de pasos que son: el acercamiento, la construcción de grupos, la negociación de los roles dentro de los grupos en el proceso de convivencia y, finalmente, una ampliación participativa que tienen incluye una dimensión política con responsabilidades individuales hacia sus pares y su comunidad a través de la administración de la Casa e incidencia en políticas públicas en el ámbito local. En otras palabras, es un proceso de subjetivación y de construcción de ciudadanía emancipada (en términos de Eduardo Bustelo) que plantea sus conflictos en torno al ámbito comunitario como una forma de conquista de derechos y de transformación de las condiciones estructurales que facilitaron la condición de violencia en la que se encuentran.
Grupos transformadores
Es que hay otras formas de entender a los grupos juveniles y a las expresiones de violencia juveniles dejando a un lado la calificación de desviados, disfuncionales o engendros de una mala socialización. Propone, en cambio verlos como construcciones de sentidos. Es que dentro de los grupos o dentro de estas formas criminales aparecen también ciertas lógicas, capitales, relaciones, liderazgos que pueden guiar la transformación de los grupos y de los entornos que los condicionaron.
Hay toda una línea de investigación y proyectos de abordaje de la violencia juvenil que se propone decodificar y comprender las transgresiones para poder evitar que se conviertan en actos violentos. Estoy hablando de un itinerario conceptual que llega hasta la criminología cultural. Parte de la idea que dentro de los grupos de niños, niñas y jóvenes violentos, más o menos divagantes, más o menos organizados, hay capitales que es posible comprender y abordar desde su reconocimiento como grupos con derechos vulnerados. La única forma de gestionar esos conflictos es poner oreja y decodificarlos. Entonces, las medidas de control violento quedan relegadas una última instancia.
Hay más ejemplos que sostienen estos planteos. Barcelona tenía un problema de enfrentamientos entre dos pandillas latinas: Los Ñetas y los Latin Kings.  El director de Servicios de Prevención, Josep Lahosa buscó el apoyo de antropólogos para tratar de entender cómo funcionaban estos grupos y de qué modo el Estado debía abordarlos. Luego, estableció una negociación con los referentes. El gobierno fijó prohibiciones pero también apoyo para que se constituyeran en organización civil de modo que tuvieran acceso como grupo a distintas políticas de promoción estatales como también de cooperación privada. La negociación dentro del grupo cuajó en una carta orgánica. El resultado fue una disminución sensible de la violencia entre las pandillas y la creación de varios proyectos de trabajo de los jóvenes inmigrantes latinos. Los soportes de la iniciativa fueron la participación y el reconocimiento.
 En Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)  junto con la alcaldía de Quito, crearon un Centro Tecnológico Juvenil en una comunidad con fuerte presencia de la pandilla Latin Kings. Mauro Cerbino, el antropólogo a cargo del proyecto estimuló la participación: los miembros de los grupos fueron verbalizando y relatando su versión de la historia de su organización, la forma en que se vinculaban entre ellos, la relación con las sedes de otros países y su vinculación con el Estado a través del gobierno locales e instituciones policiales. Hubo aceptación de las capacidades de los pandilleros e iniciativas de promoción de derechos, donde los referentes se transformaron en voceros e impulsaron demandas que produjeron  transformación de algunas políticas públicas. Finalmente, el Presidente Correa los distinguió. Nuevamente: participación y reconocimiento.
Más cerca, en Mendoza, jóvenes de la cultura del Hip Hop de origen popular y con historias atravesadas por la violencia liderados por el rapero Dragón, organizaron la Cooperativa del Hip Hop. Al mismo tiempo participaban en el rodaje de un documental sobre la discriminación y violencia institucional que sufren de parte de las instituciones de seguridad pública. La Cooperativa del Hip Hop consiguió apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo para facilitar talleres de artes urbanas (breakdance, grafiti, rap) y derechos humanos a jóvenes de zonas violentas. Nuevamente, la participación y el reconocimiento estructuraron el proyecto. El documental firmado se llama “Hip Hop: el 5to elemento”, porque en esa cultura el quinto elemento es el “conocimiento” de uno mismo, de su comunidad y sus circunstancias. En términos políticos más tradicionales, no es otra cosa que conciencia y compromiso social.
La tradición del Hip Hop rescata esta dimensión social de las luchas por el reconocimiento de derechos de los grupos segregados por cuestiones raciales o culturales. Las técnicas de baile, rima, canto, pintura y composición son instrumentos para volcar los conocimientos (al menos en la vieja escuela de este movimiento cultural).
Este enfoque de conciencia y compromiso social para transformar las comunidades de parte de niños, niñas y jóvenes con historias marcadas por la violencia, tiene muchos antecedentes en nuestras sociedades latinoamericanas. Lo vimos asociado con el boxeo, con el arte urbano y también en los proyectos de Casa. Lo podemos rastrear, además, en las juventudes sindicales de principios del siglo pasado o en la militancia social de base (religiosa y política) que genera inclusión con apoyo en la formación escolar, reflexión social, solidaridad, identidades colectivas, protección y respeto (frecuentemente con un enfoque de derechos.
La prevención social a través del involucramiento en la militancia social da respuesta a las nuevas formas de exclusión en la modernidad tardía. Aporta relatos integradores, identidades colectivas y seguridad en contextos de inmediatez absoluta, fragmentación de la vida, los espacios urbanos, de las historias y las experiencias. Concluyendo: es necesario valorar las oportunidades de prevención que ofrecen el reconocimiento y la participación de niños, niñas y jóvenes en transformar a través del compromiso social y el involucramiento político las condiciones tanto estructurales como culturales que generan violencia.