jueves, 14 de octubre de 2004

Entrevista a Laura Chinchilla: “Cuando hay participación de la gente, la policía Se vuelve más eficiente y mejora la seguridad"


Laura Chinchilla es ex Ministra de Seguridad, ex Diputada, ex Vicepresidenta y actual Presidenta de Costa Rica. Esta Entrevista fue realizada en 2005.

Por Martín Appiolaza, publicado en Revista Ideele, Perú

Las reformas en seguridad en América Latina buscan la capacitación  policial, la defensa de los derechos y garantías, la prevención de la  violencia y la participación ciudadana, explica.  Parece una enumeración de los ejes de las reformas implementadas en el Perú.




Laura Chinchilla Miranda tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. Fue viceministro y ministro  de Seguridad Pública en Costa Rica, y miembro de comisiones especiales  sobre inteligencia, drogas y derechos humanos. Hoy es diputada Nacional. Desde 1990 trabaja como consultora en América Latina y África con  Naciones Unidas y agencias de cooperación internacional en el área de la  reforma institucional, con especial énfasis en reforma judicial y  reforma de la seguridad pública. Además, es conferencista en diversos  foros internacionales en materia de seguridad pública y reforma policial. Tiene diversas publicaciones, tanto en español como en inglés –  libros, monografías y artículos- sobre temas relativos a la administración de justicia, la seguridad ciudadana y la reforma policial. Los más recientes son: “Seguridad Ciudadana en Centroamérica”  y “Seguridad Ciudadana en América Latina” (Siglo XXI, México 2002).

Costa Rica es el país más desarrollado y seguro de Centroamérica, con  una gran tradición institucional en materia de justicia y seguridad  (suele ser modelo de algunas de nuestras legislaciones). Abolió sus  ejércitos y destinó los recursos al desarrollo. La tasa de homicidios  también es la más baja. Como en el Perú (y toda América Latina), la  violencia delictiva comenzó a incrementarse a fines de los ‘80. Para  revertirlo, impulsaron
una serie de reformas que buscaron profesionalizar a las fuerzas policiales, generar una integración con la comunidad y mejores mecanismos de control. Como ministra de Seguridad de Costa Rica, Laura Chinchilla impulsó estos cambios. Su designación incomodó a varios: un ministro mujer, politóloga y joven (tenía algo más de 30 años), no era la figura tradicional de la fuerza pública. Aprovechándose de su experiencia académica y en el diseño de reformas de seguridad en América Latina y África, puso en marcha transformaciones  muy parecidas a las reformas en el sistema de seguridad pública impulsadas desde el Ministerio del Interior. Hoy es diputada (trabajo  que alterna con la investigación y publicación de ensayos), es uno de  los políticos mejor considerados, y para algunos analistas es la próxima vicepresidente de Costa Rica.
Chinchilla ha investigado y evaluado las reformas en seguridad y justicia en América Latina (precisamente este es el título de su último libro, que se consigue en las librerías argentinas). Desde la experiencia, afirma: “La sociedad civil no debe conformarse solamente  con denunciar, sino que también estamos viviendo momentos en que la  gente
debe involucrarse más en el trabajo y las tareas policiales.  Controlar, denunciar, garantizar que avancen las denuncias, que se  depure todo el trabajo policial, pero también hay que darle la mano a la  policía”. Para ella, es fundamental una sociedad civil activa y contar  con policías abiertas a la gente.

- ¿Qué cambios se buscan en los sistemas de seguridad pública para  hacerlos más eficientes?
- En los últimos 15 años se han hecho reformas importantes en el ámbito policial, en la justicia penal y en todo lo que es el papel de los gobiernos locales y de la comunidad. Lo primero que se ha hecho desmilitarizar a las policías, para que se ocupen de la delincuencia
común y no de la violencia social y política. En todo el mundo se buscan policías más civiles, orientadas a al servicio a la comunidad, abiertas, dispuestas a rendir cuentas. Esto mejora los niveles de eficiencia, porque es mucho más eficiente para combatir el delito una policía  abierta que una policía cerrada. Cuando hay participación de la gente,  la policía
se vuelve más eficiente y mejora la seguridad.

- ¿Cómo se logra este cambio?
- Primero, capacitando y profesionalizando a las policías. En América  Latina se está cambiando la formación de los policías. En los países del Cono Sur, ha sido especialmente importante formar a los policías en la  defensa de los derechos humanos. La policía debe ser eficiente, pero al mismo tiempo respetuosa de las garantías legales. Por ejemplo en
Colombia y México, han tenido problemas de corrupción policial y optaron por mejorar el control interno de los cuerpos de policías. En términos generales podemos decir que América Latina ha tenido reformas importantes en lo que es reforma policial.

- ¿Qué es más conveniente, jefes uniformados o jefes civiles de las policías?
No es lo importante. Si no haya militares a cargo de la seguridad pública, entonces está en manos de los civiles. Los policías son civiles. Si su jefe es un policía que viene de la estructura policial,  es más fácil la integración. Las policías siguen siendo cuerpos demasiado cerrados y conservan su subcultura de valores. Entonces,  cuando hay un mando que no considera suyo tiende a haber distorsión en  la comunicación. El tema de la jerarquía en la policía es importante.

- ¿No cree que con jefes que no son de la estructura policial se garantiza más apertura y relación con la sociedad?
- Por eso, no es importante quién tiene el puesto de jefe. Lo importante son los mecanismos de control que cada sociedad diseña sobre sus cuerpos de policía. Aquí tenemos en América Latina un gran déficit. Podemos  decir que han existido avances. Desde dentro de las policías, algunas ya  han creado sus oficinas de asuntos internos. Desde fuera, las defensorías de los habitantes u ombusman, han analizado que está pasando  con las policías. En otros países tenemos comisiones integradas por  parlamentarios como mecanismo de control externo y también tenemos el control jurisdiccional que hace la Justicia.

- ¿Esto mejora la integración con la sociedad?
- No es suficientes. Es interesante crear a través de los ministerios  del Interior o Seguridad, comisiones de ciudadanos ad-hoc para dar  seguimiento a las denuncias. Esta es una forma de relacionar la sociedad civil con la policía. Porque la sociedad civil no debe confirmarse
solamente con denunciar, sino que también estamos viviendo momentos en que la gente debe involucrarse más en el trabajo y las tareas policiales. Controlar, denunciar, garantizar que avancen las denuncias, que se depure todo el trabajo policial, pero también hay que darle la mano a la policía. Es necesario el intercambio de ideas e información a través de comisiones o foros de seguridad, que deben ayudar a que la policía conozca los problemas de la comunidad. Hay bueno ejemplos de estas formas de integración y cooperación.

- ¿La solución está sólo en las policías?
No, es un problema integral. Las policías son sólo una parte del problema de la seguridad. Para encontrar respuestas hay que buscar las causas. Existen estudios que sientan premisas válidas para entender por qué en América Latina en los últimos años se ha dado un crecimiento de  la violencia común. Hay causas de naturaleza social, algunas vinculadas  a la forma en que las comunidades se organizan y se relacionan. También  disfuncionalidades en la forma en que algunas instituciones públicas operan. No hay una respuesta única, pero creo que la respuesta a la violencia debe venir desde distintos sectores: gubernamentales y de la sociedad civil.

- ¿Cómo?
- Hay que apostar en materia de prevención. Tenemos que revisar qué estamos haciendo con la juventud de nuestros países, hay altas tasa de expulsión, pero tampoco se dan alternativas ocupacionales, o de un entretenimiento joven. Ahí tenemos una respuesta desde la educación, el mercado de trabajo. También hay relación entre violencia, alcohol y drogas, entonces tenemos que prevenir el consumo. También influye el  modo en que estamos llevando el desarrollo urbano. Hay que restringir el acceso a las armas, porque hay una relación directa entre tasas de homicidios y homicidios por armas. Contra menos armas, menos muertos.

-¿Sólo prevención?
- No, no tenemos que ser ingenuos. También hay que castigar. Tenemos que reconocer que la facultad punitiva tiene problemas. Hay países como El Salvador o Guatemala donde el porcentaje de homicidios esclarecidos es menor del 10 por ciento. En una sociedad donde no importa a quién maten, nunca se va a saber quién lo hizo, la gente seguirá matando de manera impune. Hay que prevenir y castigar al mismo tiempo. Pero a la hora de castigar, no podemos volver a los esquemas del pasado con policías militarizadas. Hay que sujetar el funcionamiento de las policías al  debido proceso  y garantías estipuladas por los códigos.

- La Justicia es importante a la hora de prevenir la impunidad…
- Todos los países de América Latina han avanzado en reformas de la Justicia penal. Han ido hacia un modelo mixto que permite menos formalismos en los procesos y en consecuencia ha tendido a bajar la mora  judicial. Esto reduce la impunidad. Ha sido muy importante que en muchos países se apruebe legislación más drástica contra la violencia
doméstica. Respecto a la delincuencia juvenil, existe todavía un debate  y mucha confusión. América Latina es ambivalente, no se decide entre  montarse sobre la Convención Interamericana de los Derechos de la Niñez  y apostar más a lo que serían medidas que prevengan la violencia en la niñez y la juventud. O si lo que quiere es más castigo y llevar a los niños al modelo de los adultos con penas muy drásticas.

- ¿Qué pasa con las cárceles? Allí van a parar todos aquellos que una mala prevención no pudo contener a tiempo.
- Una cosa es castigar sobre la base de una investigación debidamente documentada y otra es encerrar para tratar de evitar el problema, que es lo que se está haciendo en América Latina. Cuando tenemos legislaciones que facultan a las policías a hacer arrestos masivos, el resultado son cárceles cada vez más atiborradas de gente que ni siquiera han sido condenadas. A muchos ni siquiera se les inicia el proceso. El problema  es que las reformas en el sector judicial no han llegado al eslabón  final que son los sistemas penitenciarios. Seguimos teniendo un porcentaje de presos sin sentencia (en algunos lugares de América Latina llega al 80%), no hay inversión en infraestructura carcelaria, no hay veedurías para asegurar que los presos sean trabado bajos las normas humanitarias establecidas por Naciones Unidas. Esto tarde o temprano revienta en violencia en establecimientos penales.

- ¿Después de las reformas policiales, son necesarias reformas penitenciarias?
- Hay una falta de control sobre el personal penitenciario. Estudios  revelan que se comenten enormes violaciones a los derechos humanos de parte del personal penitenciario cuando no hay una debida supervisión, o  se vuelven cómplices de las redes de corrupción y crimen organizado que existen dentro de las cárceles.

- ¿Qué opina de que los comisarios sean puestos elegidos por la propia comunidad?
- Tiene sus pros y sus contras. Hay que verlo en el marco de una serie  de tradiciones. La policía es la institución que está más cerca de la  gente. La policía de cada país refleja lo que es cada país. La forma en  que se organiza una policía tiene que ver con mucho con los valores del  país, con la idiosincrasia de la gente. Dentro de un modelo de una  policía al servicio de la comunidad, que está donde el ciudadano la  necesita, porque la policía está para resolver los problemas de los  ciudadanos preferentemente de manera preventiva, la elección de policías  llevaría a que se aboquen más al ciudadano que debe votar para elegirlos. El peligro es que los poderes fácticos son muy fuertes y no  tenemos comunidades con criterios de autonomía, de bien común. Inciden poderes fácticos del pueblo, de a comarca, que muchas veces tiene que  ver con intereses no tan sanos. Entonces, un sistema electivo podría prestarse a una manipulación para poner personal policial que pueda favorecer esos intereses. De hacerse, habría que pensar cuáles será los mecanismos para evitar el abuso o el desvío de las instituciones.