jueves, 6 de junio de 2013

Una seguridad democrática y efectiva contra la violencia y el delito

El tiempo pasa, los fracasos se suceden y las viejas recetas para la seguridad se reciclan. Falta una política criminal focalizada en los mercados ilícitos, funcionarios con capacidad para atrapar a las cúpulas de las estructuras criminales e instituciones policiales modernizadas.


Por Martín Appiolaza, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia


Un fantasma recorre el mundo: la inseguridad. El miedo es una de las principales demandas sociales. El miedo al delito sólo una de sus caras, pero la más visible. Se aparece en sueños a los funcionarios públicos, los asusta con urnas vacías y marchas de vecinos indignados. 

Los más audaces le hacen frente intentando despertar: anteponiendo la razón a los instintos de preservación y arriesgándose a reformas profundas. Los más pragmáticos piden a los gritos auxilio para que algún jefe de policías se haga cargo, exorcizando los temores con algún plan salvador. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y así estamos.

El miedo al delito existe y tiene fundamentos, porque los delitos existen aunque, por lo general, el miedo al delito como los fantasmas, son desmedidos. Las encuestas de victimización son el método más fiable para entender qué delitos se producen, con qué características y cuál es el nivel del temor. Generalmente, el nivel de temor es mucho mayor que la amenaza.
 


Por lo tanto, la demanda de soluciones es desproporcionada respecto al riesgo real. Pero, sabemos, cuando el temor nos atrapa no hay forma de entrar en razón y pedimos soluciones acordes a esos sentimientos. La humanidad ha justificado sus peores injusticias y salvajismos en nombre del miedo, siempre señalando a un fantasma amenazante.

El otro problema son las instituciones. El cuadro de situación de la violencia y el delito que construye nace de las estadísticas oficiales y de quién las interpreta. A partir de allí, en teoría, se forjan los planes que buscan soluciones pero las frecuentes distorsiones en los datos desajustan la puntería (se denuncian 4 de cada 10 robos).
 

Si le sumamos la presión social por el temor, la urgencia que sienten funcionarios por dar respuestas a los grupos más influyentes (los pobres son los que más sufren el delito y los que menos aparecen quejándose en las noticias), la escasez de herramientas conceptuales para entender y diseñar políticas integrales, entonces, preparémonos para el show.

Reflujos militaristas

En la respuesta predominantemente policial para reducir los niveles del delito y aumentar la confianza de los vecinos, abundan los resabios militaristas de la doctrina de seguridad nacional que buscan ocupar el territorio a lo John Wayne, desplazando al enemigo (feo, sucio y malo) para restablecer el orden perdido. Pululan las metáforas bélicas y las inversiones en tropa y equipamiento para potenciar la capacidad ofensiva de las fuerzas leales. Luego, el despliegue y la captura a partir de la información de inteligencia aportada por los aliados (en muchos casos la propia comunidad, mutilada al rol de informante).

De acuerdo a qué midamos para evaluar los planes, al principio el impacto llega. Suenan los clarines, los calabozos se llenan de presuntos delincuentes (mayoría de jóvenes, tal vez ladrones y de origen popular). Pero la táctica militar enseña que no hay ofensivas eternas. Los comportamientos cambian y los planes sobreviven a duras penas hasta el nuevo anuncio estremecedor. Es el destino efímero de las tácticas de prevención situacional del delito, que intentan desalentarlo pero se agotan cuando los transgresores aprenden las mañas y modifican sus comportamientos (se desplazan a otra zona o cambian los horarios).

Las políticas de saturación policial como respuestas para abordar el delito son recetas viejas, pensadas para una sociedad que ya no existe ni aceptamos. Los tipos y la diversidad de conflictos, la incapacidad de las instituciones estatales (policiales y judiciales) para abordar los delitos complejos que animan la criminalidad medio pelo y la delegación política en nuestras instituciones policiales sumidas en desfasajes doctrinarios, les auguran corta vida.

O las guerras a las drogas de mentiritas, que fabrican humo de colores con los decomisos que no afectan la rentabilidad del negocio: se confisca el 10 por ciento y la rentabilidad llega al 1.000 por ciento. Nunca atrapan a los socios de cuello blanco que aportan capital, apoyo legal y administrativo para enjuagar dineros mal habidos. Un dato: se calcula que el 30 por ciento de las ganancias del crimen organizado en el mundo se invierte en estudios jurídicos, expertos financieros y para comprar la connivencia de funcionarios que garantizan impunidad.

Asociado a estas políticas, existen lugares en la Argentina donde es posible advertir un pacto político-policial que consiste en una delegación de las responsabilidades de los funcionarios políticos en las autoridades policiales para que se autogobiernen a cambio de que mantengan el orden. También un pacto policial-delictivo para regular ciertas formas del delito, tolerándolas en lugar de combatirlas.
 

Las consecuencias: corruptelas por un lado y por el otro la desmoralización de los trabajadores policiales más comprometidos con sus comunidades.

Otras formas

Estos esquemas están lejos de un abordaje de seguridad democrática: el Estado define la política criminal, gobierna el sistema de seguridad pública, se enfoca en los delitos de mayor gravedad (que no siempre son los más visibles) y fortalece el rol de la comunidad en el diseño, cogestión y evaluación de las políticas de prevención de la violencia y el delito. 

Desde esta perspectiva, la seguridad es co-construida entre los vecinos y el Estado abordando los conflictos más recurrentes y las policías son un instrumento fundamental pero no el único para abordar los delitos.

Entonces, el objetivo a vigilar no es la comunidad. Por el contrario, la comunidad es socia en la solución. Los vecinos no sólo pasan denuncias (generalmente guiadas más por el miedo que por la información criminal precisa), sino que participan en el análisis y en la gestión de conflictos oportuna que previene la mayor parte de los delitos que ocupan a los funcionarios policiales. Se construye así un conocimiento compartido que ayuda a los vecinos a entender el verdadero nivel de riesgo y a los policías el foco donde debe concentrar sus esfuerzos. Se trata de métodos científicos (no de olfato) que aumentan la eficiencia, mejoran la seguridad y reducen el temor.

Para una gestión democrática de la seguridad se necesitan funcionarios comprometidos en definir y guiar las políticas, funcionarios policiales adecuadamente formados en una gestión de seguridad ciudadana, vecinos ocupados y con capacidad para aportar en las políticas. Es decir, no se necesitan cazafantasmas sino una modernización de las instituciones y sus prácticas. El resto es humo que se va con el viento.