lunes, 27 de enero de 2014

¿Cómo prevenir la violencia en grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada?


Publicada por el Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Cita:

APPIOLAZA, Martín. 2013. ¿Cómo prevenir la violencia en grupos de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada? En Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación N°. 127. Buenos Aires.

1. Introducción

¿Cómo impacta la violencia y especialmente la violencia agravada por el uso de armas de fuego en niños, niñas y jóvenes? ¿Cómo se conciben las políticas públicas para abordar el problema? ¿Existen políticas de prevención y la única intervención estatal es la persecución penal? ¿Cómo se relacionan los comportamientos de adolescentes y jóvenes con estructuras criminales? ¿La pertenencia a grupos juveniles callejeros, universalmente conocidos como pandillas, es el final de toda posibilidad de abordaje o abre oportunidades para otras transformaciones? ¿Cuál es la situación en algunos países con situaciones críticas? ¿Cómo deberían construirse estrategias para prevenir la violencia en estos grupos altamente victimizados?
El desafío es pensar el fenómeno desde una perspectiva de derechos que se aleje de los enfoques de control que vienen fracasando, mapear oportunidades de intervención para prevenir violencia y delito en adolescentes y jóvenes afectados por la violencia armada e insertos en pandillas y estructuras criminales. También revisitar investigaciones relevantes y analizar también algunos casos. Establecer algunos ejes conceptuales desde donde desarrollar intervenciones y poner en contexto sudamericano.
Un texto referencial es la investigación “Ni guerra, ni paz” de Luke Dowdney, que estudió pandillas en 12 países con el apoyo de Save the Children y la International Action Network on Small Arms. Aquel trabajo aportó un conocimiento sobre el tema y también motorizó una agenda internacional para ocuparse del fenómeno de los niños y niñas afectados por la violencia armada organizada. Los fenómenos presentan algunas transformaciones en un contexto de aceleración en la circulación de mercancías e información, globalización en aspectos comerciales y culturales.
Nos interesa destacar dos dimensiones de los grupos juveniles afectados por la violencia:
  • Dimensión colectiva: Las pandillas no deben ser vistas sólo como organizaciones para delinquir, enfoque extendido y motorizado tanto por gobiernos como por organizaciones internacionales y no gubernamentales. Los grupos de adolescentes y jóvenes que participan en subculturas delictivas pueden ser la oportunidad para transformarse y que ellos cambien las causas que alentaron sus comportamientos violentos.
  • Dimensión individual: el ingreso de adolescentes y jóvenes en estructuras criminales les reserva un rol de alta exposición a la violencia, reproduce las condiciones de privación de derechos y son especialmente señalados por la persecución penal. Pero también los gratifica individualmente o en grupos (pandillas) y esa dimensión debe ser abordada para intentar transformar las condiciones que facilitan la violencia y el delito.



2. Niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada

La cuestión de la violencia está enfocada principalmente desde la lógica criminal: cuando alguien comete un delito, se busca al responsable y el por qué para revertirlo. Es una visión restringida que deposita su esperanza en la capacidad de persecución y condena disuasoria del sistema de persecución penal. Sin embargo, es sólo una de las dimensiones que tiene el Estado para abordar la violencia. Primero puede gestionar los conflictos, reconociendo a los actores entender sus razones y tal vez satisfacerlas. Nos alejamos así de una idea de seguridad centrada en el control del otro[1] (el enemigo de la sociedad) para arrimarnos a una seguridad de ciudadanos sujetos de derechos, una seguridad co-construida y con una mínima intervención violenta del Estado. Una seguridad democrática.
El abordaje de la violencia en niños, niñas y jóvenes no ha sido excepción. Pero la evidente incapacidad para reducir la violencia de parte de los sistemas tradicionales, el avance en la conquista de derechos, la recuperación del rol del Estado en varios países de la región sudamericana con un poco más de énfasis en políticas sociales, es una posibilidad para repensar algunos fenómenos asociados con la violencia y la forma de abordarlos. Es oportuno revisitar la relación entre políticas sociales, los derechos humanos y de los niños especialmente, que deben ser garantizados por los Estados. Finalmente son las políticas sociales y criminales que deciden los Estados las que configuran el tipo de ciudadanos y la satisfacción de necesidades consagradas como derechos.
Esta perspectiva centrada en los derechos puede entender la violencia como una consecuencia del orden económico, social y no exclusivamente como un acto individual desviado. Todos somos parte de los problemas y de las soluciones. Niños, niñas y jóvenes también deben ser escuchados, atendidos y facilitar su participación en reducir la violencia.
Dentro de la problemática de la violencia que los afecta, enfatizaremos en dos fenómenos que los vulneran fuertemente y que el enfoque punitivo no logra comprender más allá de los comportamientos individuales. O falla al abordarlo:
  • Analizaremos pandillas como emergente de las políticas sociales y los imaginarios que las sostienen. Es posible, a través de un reconocimiento de identidades de resistencia, establecer un abordaje desde la participación y transformación en actores relevantes de cambio.
  • Existen fenómenos de época asociados a la globalización económica y cultural, una inclusión social que al mismo tiempo excluye, la saturación urbana, proliferación de mercados ilícitos en los que se insertan niños, niñas y jóvenes urbanos, especialmente de sectores populares. Son entornos de alta violencia y victimización donde su rol es subalterno, pero al mismo tiempo son los más afectados.
¿Qué tienen en común? La negación de derechos. Buscamos entender cómo abordar la alta victimización infantil y juvenil desde una perspectiva de derechos, construir ciudadanía emancipada previniendo violencia y delitos.

2.a Fenómenos de violencia armada
La violencia agravada con armas de fuego afecta especialmente a niños, niños y adolescentes en Sudamérica. Lo ratifican las estadísticas criminales de los países, investigaciones como el Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas de Naciones Unidas (2007)[2], los trabajos de la Organización Mundial de la Salud (2002)[3] y del Small Arms Survey (2004, 2007). Resultan especialmente afectados los jóvenes varones[4] que viven en sectores urbanos populares, inscriptos en subculturas que construyen una masculinidad violenta como algunas pandillas, o bien cuando están insertos en mercados ilícitos de sustancias prohibidas, armas, personas, objetos robados o ejercen el control de espacios públicos manteniendo relaciones violentas con el Estado.
Niños, niñas y adolescentes urbanos, varones y de sectores populares están altamente vulnerados por la violencia agravada con armas de fuego. La situación empeora cuando participan de bandas o pandillas (respuestas a la dinámica social) que aportan una inclusión alternativa muchas veces a partir del uso de la violencia en las relaciones interpersonales. Y aún más grave cuando estos grupos se insertan en las dinámicas del crimen organizado.

2.a.I. Políticas sociales y políticas de seguridad

La violencia asociada con la infancia y la juventud es objeto de abordaje desde las políticas públicas. Tanto las políticas sociales como las políticas criminales se ocupan del tema tratando de reducir los niveles de esa violencia. Pero para entender el problema debemos entender el origen de esas expresiones de violencia y su asociación con el propio orden social.
Los derechos de niños, niñas y adolescentes están en el corazón de los conflictos por el acceso a los derechos. Las culturas centradas en lo adulto entendido como época plena por sus posibilidades para la producción, no aceptan a la infancia y juventud como momentos de la vida de pleno goce de derechos. Esta perspectiva es producto de un ejercicio del poder surgido desde el adulto. Pero como otras perspectivas de poder que buscan legitimar el control de grupos sociales por ser “incompletos”, “incapaces”, “inferiores”, la mirada adultocéntrica, etnocéntrica y masculinocéntrica, coloca a la infancia y juventud de zonas populares en la condición de grupos que necesitan ser tutelados.
Las políticas sociales complementadas con las políticas de seguridad han tendido a controlar a los grupos peligrosos (para la sociedad como para ellos mismos), “salvándolos” de sus propias limitaciones. El acceso a los derechos de los niños y las juventudes grupos plenos de derecho, son el producto de conflictos por alcanzar un estatus superior. Adolescencia y juventud se definen en oposición a lo adulto, son grupos sociales recientes, producto del acceso a la educación universal e intrínsecamente conflictivos respecto a una lógica de sociedad que valora la producción de riquezas[5]. Por lo tanto, han sido permanente objeto de control.
Veamos cómo se manifiestan estas ideas y cómo irá configurando las políticas sociales y de seguridad respecto a estos grupos.

2.a.I.1. Abordajes de la infancia y juventud afectadas por la violencia

Conviven varios modos de concebir y representar los adolescentes y jóvenes[6]. Si bien son distinguidos de acuerdo a normas y políticas públicas, se trata de grupos donde resulta difícil dividir, donde los límites se extienden y mueven fácilmente exigiendo una comprensión conjunta. Las principales perspectivas desde donde se diseñan las políticas orientadas a estos grupos sociales y la violencia son más complementarias: etarias, sociales, culturales, de género, generacionales.
Siguiendo a Dina Krauskopf (2003) diremos que conviven en tensión tres paradigmas dentro de los que se inscriben las principales políticas y programas. Como edad de transición y preparación para el futuro, como etapa de crisis y como sujetos de derechos, actores sociales relevantes y productores de cultura.
Como periodo preparatorio para el futuro. La infancia y juventud como etapa de transición es una de las ideas culturalmente más aceptadas. Ya sea como una etapa en la vida (el momento entre la infancia y la vida adulta) o como una etapa de formación (para la vida adulta y productiva). Esta perspectiva niega a niños, niñas y jóvenes el estatus de sujetos sociales plenos de derechos. Los considera incompletos, en preparación para la vida adulta, sin madurez y por lo tanto irresponsables: justifica la dependencia y la acción tutelar, limita la participación, distingue por oposición con los adultos.
Como periodo de crisis y riesgo. Las concepciones de la infancia y juventud como etapas semi-plenas de desarrollo, donde aún no se es persona, llevan a entender desde una perspectiva adulta algunos comportamientos juveniles como riesgosos[7]. Esas conductas problemáticas o de riesgo (drogas, embarazo, pandillas, fracaso escolar), no son las definidas deseables para ellos ni para lo sociedad, lo que justifica su control negándoles responsabilidad y negándoles autonomía plena. Se identifican los factores de riesgo y las intervenciones para eliminarlos[8]. Las conductas de riesgos a veces justifican su abordaje desde la política criminal bajo el argumento de proteger a los jóvenes y a la sociedad.
Como ciudadanos y actores estratégicos. Es la perspectiva del enfoque de derechos. Los adolescentes y jóvenes son entendidos como sujetos de derecho, actores estratégicos, grupo diverso y dinámico, con capacidades propias y necesario protagonista de la construcción de una sociedad democrática. Son el presente. Debe participar y volcar sus capacidades en beneficio de lo colectivo. Valorando sus potencialidades y capacidades, distintas prácticas trabajan con jóvenes como protagonistas.
Estas miradas son muy distintas y en consecuencia generan políticas sociales hacia la infancia y juventudes muy diferentes. Entendemos a las políticas sociales como “el conjunto de instrumentos para operacionalizar e implementar distintos modelos de ciudadanía” (Bustelo, 1998). Concebir a la infancia y juventud como plenas de derechos tendrá distintos instrumentos para operacionalizar e implementarlas. Será muy distinta a las de una concepción de la infancia y juventud como individuos incompletos que deben ser tutelados. El acceso a derechos será diferentes y los instrumentos para regularlo también.
La política de seguridad es una de las instancias para limitarlos o ampliarlos e instrumentan un orden de lo social complementándose con las políticas sociales. Aplicar la violencia del Estado sobre determinados grupos en conflictos en beneficio de otros, define un orden social. La legitimación de estas decisiones corre por cuenta de las políticas de lo social.

2.a.I.2. Tensión entre derechos y control

Los enfoques con los que se aborda tradicionalmente el tema de la violencia en niños, niñas y jóvenes son: enfoque de riesgo, exclusión social y participación (Vanderschueren, 2007:195). La correspondencia es sencilla: el enfoque de riesgo se sustenta en una mirada de la infancia y la juventud como etapas en que niños y jóvenes están en condición de riesgo que hay que reducir para alcanzar un desarrollo deseable (no definido por ellos). El abordaje desde la exclusión social se fija en las causalidades estructurales (económicas y sociales) como principal factor de violencia y tiene una conexión con la mirada de riesgos al enfatizar en las privaciones sociales como principal factor que genera violencia. Un tercer enfoque, se ha desarrollado particularmente en América Latina, se ocupa del capital social con énfasis en los derechos de niños, niñas y jóvenes, en especial el derecho a la participación.
Vamos a enfatizar en este último, porque es un cambio de paradigma, ubicado en las antípodas de la idea de infancia y juventud como promesa de futuro y época de riesgo. No argumenta el control a través de los factores de desviación del comportamiento deseado. Por el contrario, se concentra en las capacidades presentes de la infancia y la juventud como sujetos plenos de derechos. Como ciudadanos y actores sociales que asumen posiciones y compromisos sobre su propia vida. Los antecedentes del enfoque de niños y jóvenes como sujetos de derechos podemos buscarlos principalmente en la Convención de los Derechos del Niño (1989), que incluye la participación cómo un eje central de sus principios. Desde esa participación como ciudadanos con derechos que deben ser garantizados por la sociedad y el Estado, los niños, niñas y jóvenes son parte del proceso de exigencia para que se concreten.
Recapitulando. Proponíamos más arriba atender los enfoques habituales desde las políticas públicas y de seguridad para entender también cómo inciden en los problemas que nos preocupan. Si como grupo social en la búsqueda de reconocerse y ser reconocidos, adolescentes y jóvenes plantean conflictos respecto al orden social al que se incorporan, entonces el modo de gestión de estos conflictos que hagan las políticas sociales determinará cuál es el rol que ocupan. Si se imponen los enfoques de riesgo y de exclusión, es de esperar que el determinismo externo no les otorgue la relevante participación. En consecuencia, las políticas podrían conducir a una instancia de mayor violencia.
La gestión democrática de los conflictos necesita del reconocimiento y la participación de todas las partes. Sólo es concebible en un enfoque de derechos, que reconozca a la niñez y juventud como sujetos plenos, que los involucre en la solución de los conflictos y que la criminalización de las conductas para controlarlos no sea la respuesta predominante. Estamos hablando de prevención social y de cohesión social.

2.a.I.3. La negación de derechos en relación con la violencia armada

El gráfico[9] combina algunas variables sociales como acceso a la salud, al trabajo, a la educación, niveles de ingreso y violencia en jóvenes. Es notorio que en algunos países, pese a tener cierta uniformidad con el resto en cuando a la calidad de vida, las tasas de homicidios en adolescentes y jóvenes son desproporcionadamente elevados. Se trata países, regiones o ciudades donde los altos niveles de violencia conviven con sociedades desiguales en lo económico y lo social, con respuestas estatales predominantemente violentas para alcanzar seguridad y donde están presentes otros fenómenos como crimen organizado en forma de mercados ilícitos y respuestas subculturales de adaptación (como pandillas).
El aspecto en común de la niñez y juventudes insertas en mercados ilícitos en contextos violentos y la emergencia de las pandillas violentas tienen en común un contexto social de vulneración reiterada de derechos. Y contribuyen a seguir vulnerándolos. Si bien son fenómenos que aparecen con frecuencia vinculados, intentaremos revisarlos.

2.b. Pandillas como construcciones socioculturales

Bandas, patotas, pandillas son fenómenos juveniles diversos[10]. Cada pandilla es diferente. Sin embargo, es necesario poder conceptualizar el fenómeno para estudiarlo, abordarlo y reducir los niveles de violencia.
Las definiciones y la forma de entenderlos cambian también según la perspectiva política, teórica, institucional o del país. No es el objetivo aquí hacer una historia de las pandillas, pero si ejemplificar que las primeras miradas hace un siglo las entendían como jóvenes desviados, producto urbano asociado a la desorganización de las comunidades en la industrialización de las ciudades[11]. Ahí nace la primera definición de pandillas, todavía influyente: “Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio en la sociedad adecuado a sus necesidades. Lo que ellos obtienen de ese espacio, es aquello que el mundo adulto no tuvo la capacidad de otorgarles, que es el ejercicio de la participación, vibrando y gozando en torno a intereses comunes.” (Thrasher, 1927).
Otros las analizaron como consecuencias del orden social, donde los grupos de pares se buscaban y apoyaban para responder a las frustraciones a las que estaban condenados. Los estudios sobre estos grupos debatieron durante años si eran una reacción violenta a la denegación de estatus y cuestionadora del orden social. O bien, una inconsistente deriva en la que se reproducen las lógicas tradicionales que los victimizan. Desde otra perspectiva se sostuvo que quienes imponen un orden social deseable etiquetan a algunos grupos y comportamientos como desviados, construyendo así una identidad, prácticas y sentidos del rol que se les asigna. Inicio de una carrera desviada.
En el contexto de la globalización, la dinámica ambigua de exclusión-inclusión social, con la emergencia de mercados ilícitos, se ha reactualizado el debate respecto a las respuestas a la privación (relacionada con la pobreza y la falta de acceso a los mercados de trabajo) y desconocimiento de uno mismo (asociado con la falta de estatus y el trato violento de parte del Estado). Si no soy nadie, o si soy un perdedor, busco un anclaje en la idea de dureza, firmeza, en diferenciarme de lo “otro” (por ejemplo construyendo una hipermasculinidad).
Esta reafirmación se nota al principio de la adolescencia, donde esa reducción a la esencia se transfiere a pares: no se traduce en una lucha de clases, sino en una distinción de género, diferenciación y conflicto entre grupos étnicos como reafirmación, bandas contra bandas y territorios contra territorios. Incluso la propia pobreza es utilizada entre pobres como reafirmación-distinción y la referencia a sí mismos como 'nigga', el culto a la "maldad", la inversión ética de "hijo de puta", "chulo" o "b-boy ' (Young, 2003).
Se puede empezar a pensar algunos comportamientos violentos, como reacciones ante la humillación. El consumo de drogas en una villa aparece no sólo como un consumo placentero por los propios efectos de producto, sino también con una alegría asociada a la transgresión, al exceso, a la reafirmación de la masculinidad y de la propia identidad. Paradójicamente, la producción cultural de estos grupos sociales que se burlan todo el tiempo de los excluidos, es elemento de consumo del resto de la sociedad. Utiliza la masculinidad compensatoria, la violencia y el individualismo, amplificando los valores culturales del resto de la sociedad de la modernidad tardía, reproduciéndose en el cine, en la música popular en la moda. Esta producción discursiva, estos relatos de los jóvenes excluidos se convierte así en cultura de los incluidos, de la mayor parte de la población[12].
La tradición, la diversidad y la multiplicidad de abordajes hacen difícil entender a qué nos referimos cuando hablamos de pandillas.
Algunos consideran un componente distintivo de las pandillas es cometer delitos. La clasificación dependerá entonces de si son delincuentes por el hecho de ser pandilleros o bien porque delinquen. Hay políticas orientadas hacia estos grupos son criminalizadoras porque pueden convertir en delito comportamientos cotidianos: uso de tatuajes, reuniones, trasgresiones. Transforman el ser miembro de una pandilla o de un grupo juvenil callejero de un barrio popular en un hecho criminal. Es el caso de las políticas de “tolerancia cero” y las versiones en América Central de “Mano dura”, “Super Mano Dura” (El Salvador), “Plan Escoba” (Guatemala) y “Libertad Azul” (Honduras); las prácticas de la “seguridad democrática” en Colombia, la tradición de persecución a los niños soldados de las facciones en Río de Janeiro, o la violencia institucional naturalizada en otros países del Cono Sur.
Esta perspectiva nos priva de entender a los grupos juveniles en situación de violencia como comunidades con una identidad colectiva desarrollada en el ámbito local como consecuencia de un proceso y en correspondencia con un proceso de exclusión económica y social que alcanza niveles globales (Young, 2001; Brotherton, 2003).
Con un esfuerzo político por consensuar definiciones (algunas apuntando hacia el control y otras hacia el enfoque de derechos) la Organización de Estados Americanos, a partir de una serie de estudios nacionales, también construyó una. Se basa principalmente en la definición de Thrasher. Dice: “Las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio en la sociedad (fundamentalmente urbano) que sea adecuado a sus necesidades y en el cual puedan ejercer los derechos que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado. Emergiendo como grupos de la pobreza extrema, la exclusión y la falta de oportunidades, las pandillas buscan satisfacer sus derechos a la supervivencia, protección y participación, organizándose sin supervisión y desarrollando sus propias normas y criterios de membresía, afianzando una territorialidad y una simbología que otorgue sentido a la pertenencia grupal. Paradojalmente, esta búsqueda de ejercer ciudadanía es, en muchos casos, violatoria de los derechos propios y ajenos, generando violencia y crimen en un círculo que retroalimenta y perpetúa la exclusión de la que provienen. Por ello, las pandillas no pueden revertir la situación que les dio origen. Siendo un fenómeno predominantemente masculino, las mujeres que se integran a las pandillas sufren con mayor intensidad las brechas de género y las inequidades propias de la cultura dominante” (OEA, 2007).
En este intento de definición aparecen conceptos de derechos vulnerados, ciudadanía y jóvenes activos buscando mejores condiciones de vida. Son temas que hemos visto en relación al vínculo entre políticas sociales y política criminal, y que son centrales en los abordajes sociológicos del delito. Pero cómo dice el mismo trabajo de OEA (2007:45) intenta “transformar la visión del niño, niña y adolescente pandillero como aquel victimario que hay que perseguir y encarcelar, para restaurarle su condición de ciudadano/a sujeto de derechos que la misma sociedad ha marginado y ha desprotegido, violando el principio de universalidad e inalienabilidad de tales derechos”.
En el abordaje que se propone se conecta una dimensión colectiva de las pandillas como actor social y una dimensión individual del ingreso de niños, niñas y jóvenes a los mercados ilícitos. Antes de ingresar en estas dos dimensiones, revisemos de qué manera se conectan. Seguiremos a Franz Vanderschueren (2010)[13] que a partir del análisis de campo, especialmente en zonas con una fuerte dinámica de grupos y mercados ilícitos como Colombia y México, propone el siguiente esquema de involucramiento creciente desde un análisis de riesgos.
  • Adolescentes y jóvenes en riesgo. En comunidades populares marcadas por la presencia de organizaciones violentas que operan en mercados ilícitos, los niños, niñas y jóvenes en riesgos son los desertores escolares y expulsados de las instituciones. Hay posibilidades que se inserten en pandillas barriales. Este es el grupo principal para abordar con estrategias de prevención focalizadas.
  • Pandillas barriales (patotas, barras bravas). Aportan protección, reconocimiento, respeto, ingresos. Se pueden vincular con actividades ilícitas, por ejemplo: extorsiones, ventas de drogas prohibidas, peleas por dominio territorial y en casos extremos, sicariato. Estas pandillas tienen alcance barrial con líderes (en algunos casos claramente identificables). Tradicionalmente han sido abordadas desde la criminalización y la persecución penal. Sin embargo, es posible distinguir entre distintos grupos y también entre los miembros de los grupos. Es posible proponer estrategias de prevención focalizadas contemplando lo que las pandillas están aportando como grupo e individualmente. En algunos casos corresponde también el abordaje penal.
  • Pandillas institucionalizadas (maras u otras denominaciones que intervienen activamente en lo criminal). Nivel de articulación y control de otros grupos, criminalidad profesionalizada, extorsiones y ajustes entre grupos. Pueden establecer relaciones de intercambio y subordinados con bandas del crimen organizado, pero no es la generalidad de los casos (Aguilar y Carranza, 2008). Es necesario distinguir claramente. Puede incluir barras de clubes deportivos. Este nivel es más visible en ciudades con fuerte presencia de criminalidad organizada. Es posible un abordaje diferenciado atendiendo a referentes a partir de estrategias preventivas y tácticas similares a desmovilización, desarme y desarrollo aplicando los conceptos de COAV[14] desarrollados por Dodwney en la investigación “Ni guerra, ni paz” (2005) así como en diversos programas en la región que abordan grupos altamente expuestos a la violencia armada. Pero también es posible el abordaje como organizaciones de la calle que proponen más abajo Brotherton y Barrios (2003), reconociendo liderazgos y trabajando para que encarnen procesos de transformación propios, del grupo y sus comunidades.
  • Crimen organizado (bandas). Nivel profesionalizado, con alcance transnacional, que opera en relación con lo económico y lo estatal. Tráfico y distribución masiva de mercaderías prohibidas, robos organizados.

En este esquema es posible advertir un camino de progresividad y control, en el que los adolescentes y jóvenes pueden insertarse. Pero advierte lógicas diferentes. Algunos pueden participar de una organización juvenil que trasgrede algunas normas, otras que sistemáticamente lo hace porque participa de una lógica de producción de riquezas y también operan niños, niñas y jóvenes que prestan servicios.

2.b.I. Pandillas como actores sociales

Nuevos tiempos, nuevos modos de producción y globalización inciden en las lógicas de los grupos, en el uso del tiempo y del espacio. Perea Restrepo (2007) desde un análisis cultural de las pandillas en Colombia y México como producto y reacción a las dinámicas sociales del capitalismo tardío, propone un criterio amplio: “el título de pandilla se adquiere mediante la asunción del tiempo paralelo. En su universalidad”. El tiempo paralelo, es el propio tiempo. Mauro Cerbino (2006) ha trabajado con pandillas globalizadas como los Latin King en distintos contextos nacionales especialmente en Quito (Ecuador), entiende las pandillas, bandas o grupos como comunidades emocionales que ofrece contención, apoyo, protección y un sentido a la vida de los miembros, justamente faltas que han tenido en sus entornos familiares en situaciones de extrema exclusión y donde los jóvenes no han podido llegar a sentirse respetados.
Brotherton y Barrios (2003) hablan de las pandillas como “organizaciones de la calle”. Las definen como grupos integrados por jóvenes de clases populares (aunque no exclusivamente), que sufren la exclusión y que construyen con la organización una identidad de resistencia, que alcanza a sus miembros y les ayuda a tener poder (en lo personal y también como grupo), encontrar una referencia, alivio espiritual y constituirse en una vos para cambiar la situación de marginalidad y pobreza en que viven.
John Hagedorn (2005:156), define las pandillas como “organizaciones de los excluidos socialmente y de grupos de adolescentes. Muchos están institucionalizados en las calles o con la asistencia de grupos armados ya institucionalizados”. Delinquen participando en la economía subterránea y la venta protección son condiciones para la supervivencia. En esta definición caben las facciones de la droga en San Pablo y Rio de Janeiro, o las bandas criminales colombianas.
Si los grupos tienen una función de institucionalización alternativa, es posible analizar su dimensión cultural. La violencia armada, entonces, no será sólo un acto criminal sino que tendrá una dimensión simbólica. Desde este punto de vista, no será lo mismo qué armas y cómo las ocupan los grupos en las ciudades. Ni tampoco el tipo de abordaje que deben tener las políticas públicas.
¿Qué tienen en común estas perspectivas? Coinciden en que las pandillas son organizaciones definidas en el ámbito urbano que aportan a sus miembros posibilidades de resistencia ante las formas de socialización homogeneizante de la sociedad capitalista tardía, donde el Estado aparece debilitado.
Esta perspectiva nos permite aproximarnos a las pandillas como fenómeno social expresivo, una reacción ante la sociedad y el lugar que le asigna a la adolescencia como a la juventud. Supera así la comprensión desde una lógica del control que define a las pandillas como transgresores de la ley.
Si la pandilla es un fenómeno social expresivo es posible estudiarla, trabajar sobre sus comportamientos de reacción, en fin, concebirla como una organización compuesta por sujetos de derechos capaces de modificar sus comportamientos y entornos violentos. La pandilla como oportunidad.

2.b.II. Explotación y violencia en mercados ilícitos

La otra expresión de fenómenos violentos agravados por el uso de armas que victimizan especialmente a adolescentes y jóvenes en nuestros países, es su inserción y explotación en mercados ilícitos por el crimen organizado.
El rol en las estructuras criminales es un rol subalterno. No hay jefes niños de organizaciones criminales que intervengan en mercados de vehículos robados, de armas, de drogas, de metales, de mercancías robadas o de personas. Su intervención es mano de obra descartable de mayor exposición a la violencia[15].
Se ha documentado ampliamente cómo hay niños y adolescentes que se insertan en el mercado de repuestos de automóviles robando y vendiendo un auto; o cómo los niños y niñas venden cocaína y marihuana en las “bocas de fumo” en las favelas de Rio de Janeiro (Dodwney, 2003); también como hay niños y niñas que trasladan drogas prohibidas por ríos amazónicos; o los testimonios en la frontera norte mexicana sobre los niños trabajando como guías en el tráfico de personas o como pandillas que intervienen en enfrentamientos armados al servicio de alguna banda criminal.
Sin embargo es posible ver de qué modo la respuesta institucional antes estos problemas focalizan en las personas sin adentrarse en las estructuras. La creación de figuras penales y el énfasis de la criminalización se enfatizan en los niveles más bajos de las estructuras ilícitas a cargo de adolescentes y jóvenes (Binder, 2009). A pesar de las dudas respecto a las capacidades de los sistemas penales para prevenir las conductas violentas, es frecuente la privación de la libertad en cárceles poco aptas y que facilitan la formación de pandillas violentas que luego ejercen el control de actividades ilícitas en sus comunidades (SAS, 2010).
Aun así, mantiene vigencia el debate para permitir el encierro de niños cada vez más chicos. Retomando la relación entre políticas sociales y políticas criminales, se advierte que las prácticas que ponen a la infancia y juventud en la posición de ser controlados generan violencia a la que los estados responden con mayor violencia institucional a cargo del sistema penal. El resultado es un ciclo creciente que victimiza doblemente a niños, niñas y jóvenes que surgen de entornos sociales de derechos vulnerados, que son explotados por estructuras económicas ilícitas afectándolos aún más, que son selectivamente perseguidos por las normas y la justicia, y que luego resultan privados de la libertad.

3. Las caras de la violencia armada en la región

Revisemos algunos datos de contexto.
Indicadores generales de violencia. América Latina presenta la tasa de violencia armada más alta del mundo.
  • El Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y las Niñas elaborado por Paulo Sergio Pinheiro (2006),
  • como de la OMS (2003) o del Small Arms Survey (2004, 2007), demuestran que niños, niñas y adolescentes, especialmente varones, urbanos y de clases populares son los más afectados por la violencia con armas de fuego.
  • El 40% de los homicidios en el mundo son con armas de fuego. América Latina y el Caribe es la región más afectada: tiene el 40% de todos los homicidios con armas. La tasa estimada de 15,5 muertos por cada 100 mil habitantes, muy lejos de África, con el 20% de los homicidios con armas y con una tasa de 5,9 muertos por armas cada 100 mil habitantes (SAS, 2004).


Formatos de grupos de niños, niñas y jóvenes en violencia armada. Como fenómeno criminal tiene más presencia en las ciudades alcanzando niveles descontrolados en algunas ciudades muy desiguales y pobres. Allí emergen las pandillas a veces insertas en los mercados ilícitos que ofrecen protección, identidad, ingresos y el respeto que los adolescentes buscan. Pero ha nivel global hay una tendencia a que la violencia criminal agravada por el uso de armas se concentre en grandes ciudades (SAS, 2007).
Involucramiento con crimen organizado. Las dinámicas regionales del crimen organizado, especialmente en el triángulo norte de América Central, en algunas ciudades mexicanas, en las grandes ciudades colombianas, en Brasil y en el general de la región han comenzado a incorporar a las pandillas o barras en el narcomenudeo, control de territorios, extorsiones y también ajusticiamientos. Es un fenómeno heterogéneo muy diverso, sujeto a las dinámicas locales. Cada pandilla es diferente. Sin embargo, comienza a ser un fenómeno recurrente en muchas ciudades.
Más notorias estrategias de abordaje. Las organizaciones de la sociedad civil han aplicado estrategias de abordaje preventivas de acuerdo a los tradicionales enfoques de riesgo o bien han avanzado hacia enfoques de derechos reconociendo a niños, niñas y jóvenes involucrados en violencia armada como actores sociales relevantes. También generan expectativas algunas estrategias en ciernes como los acuerdos salvadoreños con los referentes de las maras para reducir las disputas entre grupos.
Perspectivas de políticas públicas y cooperación internacional. En los países priorizados en este informe, el principal abordaje es la criminalización de los grupos. Los argumentos divergen: o por ser parte de un grupo identificado como enemigo del orden público, por la vinculación con mercados ilícitos, por la posible relación con el crimen organizado o bien como forma de control social sobre grupos conflictivos. La incorporación de pandillas y combos como parte del crimen organizado en Colombia, la vinculación con los cárteles mexicanos de algunas pandillas, tienes aspectos en común. Las políticas preventivas se anuncian pero no gozan de peso relevante.
Veamos esquemáticamente la situación de cuatro países que presentan un interés especial en la región latinoamericana por los altos niveles de violencia, la presencia de niños, niñas y jóvenes insertos en mercados ilícitos y la presencia de pandillas.

4. Buenas prácticas en prevención y lecciones aprendidas

4.a. Algunos proyectos paradigmáticos en Sudamérica

Hemos elegidos algunos proyectos para resaltar buenas prácticas de acuerdo al enfoque conceptual del abordaje preventivo de la violencia y el delito desde una perspectiva de derechos y enfatizando en niños, niñas y jóvenes como actores sociales relevantes.
Centro Tecnológico Juvenil. Impulsado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) junto con la alcaldía de Quito en una comunidad con fuerte presencia de la pandilla Latin Kings. Mauro Cerbino, el antropólogo a cargo del proyecto estimuló la participación: los miembros de los grupos fueron verbalizando y relatando su versión de la historia de su organización, la forma en que se vinculaban entre ellos, la relación con las sedes de otros países y con el Estado a través del gobierno locales e instituciones policiales. Hubo aceptación de las capacidades de los pandilleros e iniciativas de promoción de derechos, donde los referentes se transformaron en voceros e impulsaron demandas que produjeron transformación de algunas políticas públicas. Finalmente, el Presidente Correa los distinguió. Nuevamente: participación y reconocimiento.
Luta pela paz (Lucha por la paz). Nació como una academia de boxeo en la favela La Maré, en Rio de Janeiro, dirigida por Luke Dodwney, antropólogo y ex boxeador amateur. En una comunidad tomada por facciones del crimen organizado. El desarrollo del proyecto que se inició como una pequeña iniciativa de la organización Viva Rio, significó un espacio de recreo y formación en un entorno hacinado, violento. Algunos de los niños, niñas y jóvenes que participaban eran utilizados por el narcotráfico, sometidos a situaciones de mucha violencia. Se pudo implementar porque hubo tolerancia de parte de los jefes criminales que controlaban la favela. Una aceptación tácita, quizá porque se entiende que es algo bueno para la comunidad y que los niños involucrados en el tráfico no son buenos para nadie. Los aportes del proyecto para prevenir la violencia fueron el aprendizaje de un deporte donde el esfuerzo a lo largo del tiempo produce resultados (dejar de vivir al día), respeto del entorno y seguridad personal ante un contexto de agresión permanente. El boxeo aportó la disciplina y las rutinas de las prácticas. También hubo prohibición de consumos ilícitos dentro de la academia. Quienes querían participar en el proceso de trabajo en la academia debían tener buenas calificaciones escolares y asistir a talleres. También se involucraron en el gobierno del proyecto y más tarde en procesos políticos de incidencia por los derechos de los niños y de los jóvenes. Aportó gratificaciones simbólicas y algunos participantes asumieron compromisos de incidencia política y social para mejorar las condiciones de vida en sus comunidades.
Cooperativa del Hip Hop[16]. Un grupo de jóvenes de la cultura del Hip Hop de origen popular y con historias atravesadas por la violencia liderados por el rapero Dragón, organizaron el proyecto al mismo tiempo participaban en el rodaje de un documental sobre la discriminación y violencia institucional que sufren de parte de las instituciones de seguridad pública. La Cooperativa del Hip Hop consiguió apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo de la Argentina para facilitar talleres de artes urbanas (breakdance, grafiti, rap) y derechos humanos a jóvenes de zonas violentas. Nuevamente, la participación y el reconocimiento estructuraron el proyecto. El documental firmado se llama “Hip Hop: el 5to elemento”, porque en esa cultura el quinto elemento es el “conocimiento” de uno mismo, de su comunidad y sus circunstancias[17]. En términos más tradicionales, no es otra cosa que conciencia y compromiso social. La tradición del Hip Hop rescata esta dimensión social de las luchas por el reconocimiento de derechos de los grupos segregados por cuestiones raciales o culturales. Las técnicas de baile, rima, canto, pintura y composición son instrumentos para volcar los conocimientos (al menos en la vieja escuela de este movimiento cultural)[18]. Hay muy notables proyectos en la región similares y más notorios como Familia Ayara, Afro Reggae, entre muchos otros.

4.b. Características de proyectos exitosos

Hay una variedad muy amplia de proyectos orientados a la prevención de la violencia en niños, niñas y jóvenes. Cuando esa violencia es agravada por la presencia de armas de fuego, la participación en grupos más o menos violentos que pueden involucrarse en mercados ilícitos, la variedad se acota.
Siguiendo el marco conceptual propuesto donde revisamos las miradas sobre infancia, juventud y violencia, mencionamos los enfoques de riesgo. La investigación “Ni guerra, ni paz” (Dowdney, 2005), referencial a la hora de presentar el fenómeno de niñez involucrada en violencia armada organizada (COAV), sugiere una serie de lecciones aprendidas y acciones para abordar el fenómeno. Las principales recomendaciones son:
  • Reconocer la especificidad del problema de niños, niñas y jóvenes sometidos a situaciones de violencia y participando en grupos armados. Distinguirlo del crimen común pero también de niños soldados.
  • Diseñar políticas específicas en el ámbito de gobiernos locales, basadas en un análisis del fenómeno, de los factores de riesgo e influencias que llevan al involucramiento para plantear entonces prácticas preventivas.
  • Establecer políticas específicas que reduzcan los riesgos (educación, pobreza, justicia, control de armas, policías de proximidad). También construir resiliencia a través de redes comunitarias de prevención y rehabilitación.
  • Estudio, monitoreo e investigación permanente de la evolución del fenómeno de violencia armada.
  • Reformas en las prácticas policiales, en la Justicia.
  • Políticas de desmovilización y reintegración.

Rebeca Pérez y Daniel Luz (2008) continuando con la línea de trabajo iniciada por Dodwney e incorporando experiencias de programas específicos de prevención local orientados al fenómeno de niños, niñas y jóvenes afectados por la violencia armada a través del proyecto Ciudades[19] coordinado por Viva Rio, formulan las lecciones aprendidas en términos de políticas públicas. Sostienen que es necesaria incluir en la agenda pública:
• Políticas integrales: abordaje holístico de la problemática de infancia y juventudes e insertas en el marco de desarrollo humano.
• Políticas específicas: deben atender a la especificidad del problema con atención especial a la cuestión de género.
• Políticas concertadas y participativas: en cuanto deben ser participativas e involucrar a todos los actores en el diseño e implementación, especialmente a niños, niñas y jóvenes
• Políticas descentralizadas: protagonismo de los gobiernos locales.
• Políticas selectivas: priorizar los grupos más vulnerables (jóvenes, varones de sectores populares).
Sistematizando aún más el abordaje y planteándolo en términos de violencia de pandillas, Rebeca Pérez (2009) lo resume en movilización, desarme e integración (MDI). En un primer momento se propone establecer una estrategia de movilización y contactos con los grupos para lo que será necesario también un marco legal y actores capaces de establecer vínculos con los grupos de niños, niñas y jóvenes en pandillas. Luego establecer prácticas de desarme que no sean en si mismas un despojo del arma sino también acuerdos que conduzcan al tercer momento, el de integración social y económica facilitando el acceso a educación, salud, servicios, recreación y también convivencia pacífica.
Otra de las visiones de abordaje de infancia y juventudes afectadas por la violencia va más lejos del enfoque de riesgo, enfatizando la idea de que deben ser sujetos activos de las transformaciones capaces de liderar con sus grupos el cambio de sus realidades. Como sostiene en su hipótesis la investigación “Maras y pandillas en Centroamérica”, es más fácil movilizar el capital social que los cambios estructurales socioeconómicos (factores estructurales) para prevenir y reducir la violencia. Por eso apuesta a la movilización del capital social positivo (ERIC, IDIES, IUDOP, 2004).
Ya hemos puesto foco no sólo sobre el capital social en el entorno comunitario como causa de la aparición de pandillas, sino también en que lo suplanta un capital dentro de los propios grupos: vínculos negociados, liderazgos y dinámicas de los grupos pueden ser la herramienta movilizadora (Brotherton y Barrios, 2003; Cerbino, 2006).
Un relevamiento de los programas de abordaje de pandillas en América Central y Estados Unidos realizado por el Washington Office on Latin America (WOLA, 2009) resalta algunos de estos aspectos:
  • Protagonismo comunitario, participativo, involucrando a instituciones educativas, de salud, religiosas, policía y principalmente el gobierno local, en los que el gobierno central aporte asistencia técnica y financiamiento.
  • Evaluación de condiciones de violencia y diseño de proyectos en el ámbito local, con la participación y el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes, respetando su identidad y pertenencia en relación con las pandillas. Quienes han sido parte de pandillas y programas suelen ser los mejores articuladores.
  • Deben tener relaciones con la mayor cantidad posible de organizaciones comunitarias locales que ya desarrollan programas así como relaciones constructivas con la policía local.
5. Conclusiones

Los programas de prevención y abordaje de la violencia en niños, niñas y jóvenes deben tener una perspectiva de derechos, reconocer a todos los actores, garantizar su participación efectiva, valorar los capitales sociales dentro de las propias organizaciones y negociar pautas que permitan el desarrollo de las iniciativas en el ámbito local sin descuidar la transformación de las políticas generales. Ahora el desafío es metodológico: de qué modo garantizar todas estas condiciones. En los programas arriba analizados pudimos ver cómo los deportes, las tecnologías y las artes urbanas son un buen espacio para el abordaje.
Vanderschueren (2010) agrega también la formación espiritual como forma de prevención de la violencia, pero también como el camino de salida de la actividad pandilleril. Es posible recoger en la región muchas historias de gente que optó salir de las pandillas a partir de un compromiso religioso. Agreguemos uno más: la participación política (Appiolaza, 2012). Históricamente los sindicatos y las organizaciones políticas comunitarias han aportado identidad, contención y pertenencia a los niños, niñas y jóvenes. Incluso, han transmitido también un sentido de transcendencia superador de la supervivencia cotidiana, el tiempo fuera del tiempo con que describe Perea Restrepo (2007) la vida de las pandillas. Ya hemos mencionado ejemplos en que la búsqueda de respeto, reconocimiento y el fortalecimiento de una identidad se fortalece en la acción colectiva. Pero, además, desde una perspectiva de derechos, nada mejor que los propios niños, niñas y jóvenes involucrados en la incidencia para transformar sus comunidades y prevenir la violencia.

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[1] Esta perspectiva asume que el mundo se divide en “buenos y malos”, donde “nosotros somos los buenos” y “los otros son los malos”. Por lo tanto, subyace la discriminación en esta visión de la violencia.
[2] Elaborado por Paulo Sergio Pinheiro. Habla de la violencia armada en el apartado que explica cómo afecta a niños en ámbitos comunitarios. Establece un vínculo con el acceso a las armas, la violencia institucional expresada en abusos policiales y en fenómenos como pandillas.
[3] En el mundo, la mayoría de las víctimas son niños y jóvenes (tienen tren 15 y 29 años unos 70 a 100 mil muertos por año, equivalente al 50% de los casos)
[4] Es posible advertir que la tasa de victimización entre jóvenes varones y mujeres es de 1 a 10. Las sanciones penales, generalizando, conservan las mismas proporciones. Existen trabajos interesantes que analizan el rol de las mujeres en los grupos afectados por la violencia armada y sus evoluciones.
[5] En Vanderschueren (2010) se puede encontrar una síntesis sustanciosa de estos procesos.
[6] En 1985, la Asamblea General de las ONU definió para el Año Internacional de la Juventud que comprendía entre los 15 y los 24 años (adolescentes entre 13 y 19). La Organización Mundial de la Saludo considera que la adolescencia va desde los 10 a los 14 y la juventud desde los 15 a los 24. La Convención de los Derechos del Niño considera que la niñez alcanza hasta los 18 años. Traducido en las políticas sociales es frecuente que haya superposición de facultades entre las políticas orientadas hacia la infancia y la juventud. Es más patente en las políticas criminales donde la discusión sobre la edad de imputabilidad es siempre actual. A los fines de argumentar las perspectivas sociales, utilizaremos la adolescencia y juventud como un una etapa continua que vaya entre los 12 y los 24.
[7] Los comportamientos juveniles considerados como riesgosos por los adultos son todos aquellos que alteren o amenacen un status quo donde el poder está concentrado en los adultos. Desde la existencia o actividades de “ciertos” grupos de jóvenes (ojo estereotipos) hasta las protestas pacíficas protagonizadas por jóvenes, se consideran un “síntoma” o “preludio” de problemas sociales (drogas, embarazo precoz, pandillas, fracaso escolar…).
[8] Eliminar los riesgos, pero también a los jóvenes en algunos casos. Frases como “no tienen remedio”, “ya están perdidos”, “hay que dejarlos encerrados para siempre”, sintonizan con esta perspectiva. Son frecuentes a la hora de hablar de situaciones de violencia y fenómenos criminales.
[9] Elaboración propia a partir de datos del Latinobarómetro 2011 y de CEPAL.
[10] Es necesario citar aquí la investigación “Ni guerra ni paz”, apoyada por Save the Children. Fue coordinada por Luke Dodwney (2005), tuvo un enfoque de factores de riesgo y estudió pandillas violentas en una decena de países. Inspiró el concepto Niños involucrados en la Violencia Armada Organizada (COAV en sus siglas en inglés) y una línea de trabajo e incidencia internacional para atender la especificidad del fenómeno. El abordaje se tradujo en el proyecto Ciudades para involucrar a los grupos violentos en diagnósticos participativos y la implementación de estrategias preventivas con grupos policiales y de la sociedad civil (Appiolaza, 2010). Al estar orientado a la violencia armada, dejaba de lado fenómenos como los de pandillas alejadas del crimen organizado.
[11] La Escuela de Sociología de Chicago fue la pionera en los estudios de pandillas.
[12] Los enfoques criminológicos para entender estos fenómenos no alcanzan con el señalamiento de actos o sujetos desviados. Es necesario entender cómo adolescentes y jóvenes en contextos violentos producen sentidos con sus transgresiones. Ese conocimiento es necesario para definir prevención desde una perspectiva de derechos.
[13] Se pueden encontrar categorizaciones compatibles en otros trabajos. Por ejemplo: Fundación Arias (2005), USAID (2006). Pero adoptamos el esquema de Vanderschueren porque está elaborado a partir del relevamiento en territorio en varias ciudades latinoamericanas, especialmente valiéndose de la experiencia de Casa de Promoción Juvenil, en Ciudad Juárez. Es necesario destacar que hay una debilidad de estos esquemas que muestran una agudización progresiva en el involucramiento criminal (compatible con las teorías de carreras criminales): hay ciudades latinoamericanas con alto nivel de violencia criminal donde los itinerarios se aceleran e incluso hay saltos en los procesos de reclutamientos y participación directa en el delito.
[14] COAV: Children in Organized Armed Violence. En español: niños, y niñas involucrados en la violencia armada organizada.
[15] Existen abundantes referencias a la utilización de niños y niñas en actos ilícitos por su condición de inimputables.
[16] Es posible encontrar más referencias en: www.cooperativadelhiphop.org
[17] Documental: “Hip Hop: el 5to elemento” (Appiolaza y Pacheco, 2009). Disponible en: http://vimeo.com/7309597
[18] Video sobre Proyecto Cooperativa del Hip Hop en http://vimeo.com/16998300
[19] El proyecto contemplaba un diagnóstico participativo y la formulación de políticas locales de prevención y abordaje de pandillas en ciudades de El Salvador, Colombia, Brasil, Sudáfrica. Es posible encontrar una síntesis de la sistematización en APPIOLAZA (2010).