viernes, 22 de agosto de 2014

¿Es posible una seguridad progresista?


Nota publicada en La Vanguardia Digital

“El delito perjudica a los pobres y resulta de mucha importancia para ellos y para los débiles, que sufren las consecuencias de los actos ilícitos de los empresarios y de sus compañeros empobrecidos. Los socialistas deben, por lo tanto, ver el delito como uno de los problemas a tratar en primer término. Ningún partido socialista tiene la menor posibilidad de asegurarse el apoyo de los pobres si no tiene una política sobre el delito, una política que reconozca tanto que las raíces del delito se encuentran en las contradicciones del sistema capitalista como que es necesario enfrentarlo sin recurrir al Estado autoritario de los conservadores”,John Lea y Jock Young en ¿Qué hacer con la ley y el orden?, 1984.

Las encuestas muestran que seguridad y violencia están entre las principales preocupaciones de los argentinos. Luz verde para que proliferen ocurrencias espasmódicas para resolver la inseguridad. Como en el cambalache se mezclan castigos más severos, militarizar la formación ciudadana, cárceles sponsoreadas, talleres de formación en oficios, enrejar y filmar espacios públicos, además de recetas de amplio espectro contra el “flagelo de las drogas”. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón. Ante la confusión generalizada, surge una pregunta necesaria: ¿cuáles de estas medidas ayudan a tener una sociedad más desigual y violenta? Y por el contrario, lo que nos interesa: ¿qué medidas aportan a una política progresista para la seguridad?

Resulta que las sociedades más igualitarias y democráticas son también las que menos niveles de violencia padecen. Son las que mejor saben gestionar sus conflictos para evitar las injusticias y la violencia. Es sabido: convivimos generando muchas formas de violencia. Algunas de esas violencias son clasificadas por las leyes como delitos para que las resuelvan las policías y la Justicia. Pero en la práctica policías y Justicia sólo se ocupan sólo de algunos delitos.
¿Qué pasa con todos los otros conflictos y actos de violencia? Un vecino pone la música fuerte. La gente del barrio se pelea para ver quién es el dueño de una calle. Dos grupos de chicos se enfrentan a piedrazos hasta que aparecen las armas. Lo que empezó como un roce pudo evitarse antes que fuera violencia y que luego fuera letal.
Diferencias

Hay que atender los conflictos para prevenir la violencia, porque cuando hay violencia se impone el más fuerte y vuelve a perder el más débil. No es lo mismo prevenir los delitos aplicando la fuerza como última instancia, de manera oportuna, proporcional al conflicto y siempre dentro de la ley que tratar de resolver todo con policías y Justicia usando la fuerza cómo único recurso y amenazando con aumentar las penas. No es lo mismo.

Pero por estos días de oportunismo político y uso electoral del miedo al crimen violento, se ve de todo como en el cambalache. Los mismos que hablan de prevenir el delito juvenil capacitando para empleo proponen penas de cárcel más severas; los que hablan de policía de proximidad quieren que también se ocupen del menudeo de drogas; hablan de la responsabilidad de la familia en la prevención, despotrican contra la asistencias económicas y miran para otro lado cuando se habla de violencia en el hogar. Hay más ejemplos, ocurrencias surgidas del olfato o las encuestas, guiadas por algún revival místico que las aleja del análisis criminal.
Una política de seguridad democrática necesita ver la complejidad de la conflictividad social y la violencia, en vez de quedarse sólo en el emergente delictivo. El Estado tiene un rol central diseñando respuestas a partir del conocer los problemas y dar respuestas que no empeoren las cosas. Necesita herramientas: producir y analizar información, tener sistemas de policías y justicia adecuados a los problemas; capacidad de investigar los mercados ilícitos hasta desarticular las redes criminales; desarrollar políticas sociales que garanticen las condiciones mínimas para vivir como personas, también a los que están encerrados. Ensayemos algunos puntos necesarios para una política de seguridad que contribuya a una sociedad más justa.
 
1. Producción de información confiable y oportuna. El sentido común suele ser mal consejero y la intuición lleva a profundizar los errores. No es posible abordar la violencia y el delito sin saber qué características tienen esa violencia y esos delitos. Tampoco evaluar los resultados a partir de los recursos que se asignaron: el control ciudadano es indispensable para una seguridad democrática. El riesgo es quedar atrapados hablando de las  noticas que suelen retratar los delitos más visibles, sin ver las regularidades que tienen los mercados ilegales que dinamizan el delito. Es necesario un buen análisis de la información apelando también a las técnicas de inteligencia criminal para conocer cómo funcionan mercados y organizaciones ilícitas.

2. Gobierno político de la seguridad. En políticas de seguridad arrastramos las prácticas del autogobierno policial en el que las cúpulas definen qué hacer, con qué recursos y sin rendir cuentas. Esto es tolerado por las autoridades políticas a cambio de que eviten grandes escándalos. Muchas veces es una luz verde para que las organizaciones policiales, lejos de todo control, regulen el delito a cambio de ganancias. Las autoridades políticas tienen la responsabilidad de la conducción estratégica de la seguridad. Por eso, los partidos necesitan formar cuadros técnicos y tener un diagnóstico de la situación institucional como de las características de la violencia.

3. Convivencia y gestión de los conflictos para prevenir la violencia. La vida está llena de conflictos y el desafíos es lograr una convivencia no violencia. Se construye gestionando esos conflictos para evitar que degraden en actos de violencia, luego seguida por intervención estatal. La plaza del barrio es un lugar de conflicto, unos juegan al futbol, otros andan en skate, algunos la prefieren para sentarse a tomar mate. ¿Cómo conviven? La mediación de algún referente barrial, un viejo del barrio, es un recurso que muchos conocimos y que ha ido perdiendo peso. Podrían ponerse de acuerdo aceptando alguna norma de convivencia, pedir la ayuda a un mediador judicial o construir una pista de skate. Sin embargo, la respuesta más frecuente es llamar a la policía con la ilusión de que borre a los que molestan (generalmente los jóvenes). Negarles el derecho a usar un espacio de todos será el principio y no el final de una serie de enfrentamientos, una tensión de nunca acabar. Es necesario apelar a policía y la justicia para delitos violentos mientras que los conflictos comunitarios (que hoy demandan la mayor parte del esfuerzo policial en los barrios y ciudades) lo pueden resolver entre vecinos.

4. Usar la fuerza como último recurso. Pero si el conflicto derivó en violencia y debe intervenir la policía, usar la fuerza debe estar muy bien regulado y ser el último recurso. Sólo cuando no queda otro medio y tratando de hacer el menos daño posible. La proporción de fuerza a usar dependerá de la situación y los medios pero siempre evitando el daño como premisa y dentro de la ley. Esta suele ser una gran desilusión para los aspirantes a Harry el Sucio. También un gran desafío.

5. Concentrarse en los mercados ilegales y redes delictivas. Sin embargo, las prácticas y ocurrencias que abundan en estos días se concentran sobre los emergentes del delito y la violencia. Las propuestas de castigo se ocupan sobre todo de los que tienen los niveles más bajos en los mercados ilícitos: los que roban al azar desde una moto para luego tratar de vender un celular; los que roban ruedas o espejos de autos estacionados que luego se revenden en la calle; los que roban cables que después hacen plata en alguna chacarita; los que venden drogas prohibidas como minoristas, pero no son los que compran al mayoreo, transportan y fraccionan. Los mercados ilícitos tienen una gran mano de obra para las tareas más violentas y menos rentables: en muchos casos se han vuelto una fuente de ingresos y reconocimiento en el barrio. Podemos seguir llenando cárceles con este ejército de reserva sin que las empresas criminales se resientan, seguros que habrá reincidencia y que el encierro trae más problemas. La política criminal debe concentrarse en los grupos criminales, expropiar sus riquezas para evitar que la violencia en el barrio siga intacta.

6. Las políticas de seguridad y sociales deben construir ciudadanos libres. Las políticas públicas deciden a quién se le da y a quien se le quita. Una política progresista tiende a reconocer derechos al tiempo que busca reducir desigualdades. Una política social que trata de incluir económicamente a jóvenes tratando de garantizar sus derechos es anulada por una política de seguridad que se ensaña contra esos mismos jóvenes y busca hostigarlos para amedrentarlos. Es necesario que las políticas públicas contribuyan a generar una ciudadanía emancipada concentrándose en reducir la violencia en lugar de acorralar a las clases populares. Por ejemplo, la presencia de policías y de gendarmes en Rosario va de la mano de una gran inversión en mejorar los barrios e inclusión social de los grupos más vulnerados.

7. Reducir la violencia para frenar las desigualdades. La violencia y el delito afectan especialmente a los sectores populares. Son también los que más dificultades tienen para instalarlo en la agenda pública. Las reacciones frente a las demandas de más seguridad suelen concentrarse en los barrios de clases medias. Sin embargo, la violencia delictiva y estatal en barrios populares afecta el valor de sus propiedades, las posibilidades de transporte, poder usar espacios públicos, gastos en asesoramiento jurídico. Es decir, la violencia profundiza las desigualdades. Son necesarias políticas efectivas que se ocupen de cortar estos ciclos de violencia garantizando derechos en lugar de segregar y profundizar las discriminaciones.

8. Recuperar sin culpas la preocupación de la izquierda por la seguridad y las víctimas. Complejo progresista: la seguridad es un tema de derechas. Y hay un error que une a derechas e izquierdas: el delito es consecuencia de la pobreza. Por lo tanto, predomina un desprecio por el problema del crimen y sus víctimas. Sin embargo, hay que recordar que los movimientos de trabajadores del siglo XIX surgieron reclamando seguridad para los más pobres ante la violencia de la explotación del mercado formal. La explotación violenta continúa hoy también en mercados ilícitos: niños y niñas usados para vender drogas o robar, abusos de bandas contra vecinos. Las respuestas de entonces fueron proteger garantizando condiciones mínimas de vida. La reacción conservadora fue segregar y aplicar la violencia. Ocuparse de las víctimas de la violencia actualiza aquellos principios fraternos y solidarios de conquistar una sociedad más igualitaria, ocupándose de todos los niveles de la violencia. Obvio: esta perspectiva es muy distinta al cotorreo conservador que pide penas más severas contra los más precarizados y calla ante los crímenes de niveles gerenciales.

9. Justicia oportuna y efectiva desentrañando y desechando responsabilidades. Sin una justicia que responda a las expectativas sociales de celeridad y transparencia, es difícil reducir la violencia y el delito. Pero esta justicia debe tener la capacidad de concentrarse sobre las estructuras criminales, globalizadas, especializadas y altamente sofisticadas. Un desafío para un sistema con rémoras medievales.

10. Regular el libertinaje del mercado de la seguridad. El rol del Estado para reducir la violencia no se agota en intervenir sobre los conflictos atendiendo los derechos humanos, atender a los grupos más afectados, concentrar esfuerzos en los niveles de accionistas y gerenciales de organizaciones criminales, sino que debe intervenir sobre el mercado que se estructura en torno al temor. Los intereses se confunden: los mismos que alertan sobre la violencia y el delito, las clases peligrosas, el crimen y la ineficacia estatal, suelen ser los que ofrecen dispositivos para paliar el temor. Es una confluencia de intereses empresariales y políticos que se benefician por un lado al potenciar la inseguridad, vender paliativos y proponer políticas de mano dura. La oferta precede a la demanda en un mercado libre, sin regulaciones, que termina afectando derechos individuales.

La seguridad se ha convertido en la bisagra entre un proyecto progresista de una sociedad segura, inclusiva, solidaria e igualitaria y otro excluyente, desigual y que violenta derechos. La seguridad entonces se coloca en medio de conflictos históricos y estructurales.

Para construir un proyecto de seguridad democrático hace falta mucho consenso, suma de fuerzas y el compromiso de sacarlo de toda especulación electoralista. El ámbito parlamentario debe ser el lugar de la construcción de esos acuerdo, mejor aún si es en torno de algunos proyectos claves para una seguridad democrática como el adecuado control de armas y municiones, la creación de una agencia especializada en investigar y perseguir el crimen organizado, un sistema de participación y trasparencia de los sistemas de seguridad, incluyendo un observatorio de la violencia y el delito que permitan tomar decisiones sobre bases sólidas e implementar estrategias reguladoras de los servicios de seguridad no estatales de acuerdo a una política integral de seguridad.