viernes, 29 de agosto de 2014

Se necesita información para tener políticas de seguridad serias



La seguridad aparece en las encuestas como la principal preocupación de los argentinos. Responder a esta preocupación debe ser una prioridad del gobierno y también de los candidatos. Pero no se difunden oficialmente las estadísticas criminales desde hace 5 años. Un obstáculo para discutir respuestas con seriedad y que da rienda suelta a los desvarios demagógicos.


Publicado en Diario Los Andes, 28 de agosto de 2014.

Por Martín Appiolaza. En las últimas semanas, las ocurrentes pociones para la seguridad de los candidatos conservadores alimentaron las polémicas periodísticas. Para unos, toda política se resuelve comprando cámaras y autos policiales. Para otros, pasa por tener más policías, comisarías y de paso usar los fondos públicos para publicitarse. Quintaesencia del populismo.

Pero las ocurrencias más preocupantes llegaron desde los niveles más altos del gobierno: vincular a los extranjeros con el aumento de la violencia y el delito. Hubo críticas severas a lo que podría interpretarse como un arrebato xenófobo y también silencios lamentables. El episodio merece algunas reflexiones.

Afirmar que hay bandas de extranjeros que viajan a la Argentina delinquir resultó inquietante. Supongamos que el gobierno tiene información confiable para afirmarlo (al menos así lo aseguraron señalando fuentes de inteligencia criminal). Corresponde que preguntemos sobre el crecimiento del 19% de la participación de los extranjeros en delitos, según se afirmó.

En la niebla

Sin estadísticas públicas es un desafío tratar de entender cómo se construyen esos datos. Las evaluaciones demuestran que el sistema de información criminal argentino es bastante deficiente, pese a los esfuerzos esporádicos por convertirlo en una herramienta confiable. Se nutre de los informes que dan las policías provinciales, que a su vez cuentan los delitos a su manera y con llamativas omisiones (pocos años atrás una provincia norteña declaró que no había tenido homicidios, sin embargo la prensa local había contado más de 80).


Si hay dudas respecto a cuántos mueren y cómo mueren, qué se puede esperar de otro tipo de delitos. Especialmente porque la mayoría no se denuncia: por ejemplo los robos y los hurtos. Como si fuera poco, no toda la información llega de manera oportuna. Todo esto suma dudas sobre la calidad de las estadísticas. Entonces, ¿será posible afirmar taxativamente el aumento de los delitos?

Tal vez la cuenta estadística mencionada por los funcionarios no se refiera a toda la Argentina ni a todo tipo de delitos. Tal vez hayan tomado una muestra y luego generalizado sin aclararlo. Quizá la cuenta se basó en las estadísticas de presos en cárceles federales (las cárceles provinciales tienen frecuencias largas para informar sus estadísticas) o bien de los procedimientos de la Justicia Federal. Estas cifras no son un espejo de la situación de violencia y delito: sólo una porción de los delitos es denunciada y aún una menor termina con gente presa.

Es necesario tener en cuenta que la cantidad de procedimientos policiales y presos dependerá de qué tipos de delitos se elija perseguir. En las cárceles federales alrededor de la mitad esta presa por delitos vinculados a drogas prohibidas: principalmente microtráfico y venta. Son de los niveles bajos de las organizaciones criminales. Aclaremos que entre la población de extranjeros privados de la libertad por este tipo de delitos no abundan los noruegos o suizos, sino más bien vecinos latinoamericanos.

Ver lo que se quiere

¿Pasa lo mismo con los niveles gerenciales y las cúpulas de las organizaciones de criminalidad organizada? El investigador sobre crimen organizado Edgardo Buscaglia aseguró hace un tiempo en reunión con legisladores argentinos que en el país operan organizaciones criminales en 18 tipos de delitos complejos. Hay pocas noticias sobre estas grandes bandas desarticuladas.

Sintetizando: la referencia al incremento estadístico de actividades criminales de extranjeros en la Argentina genera dudas sobre sus fuentes y posiblemente está focalizando sobre los eslabones más bajos de las estructuras criminales, mano de obra barata, de recambio. Mientras las cúpulas se mantienen anónimas y funcionando, el delito violento en las calles seguirá intacto.

Lo que hoy preocupa es justamente el delito violento. La violencia y los homicidios está aumentando, igual que pasó con otras crisis económicas: con la hiperinflación y el ajuste de los ’90, con el colapso de la Convertibilidad, con la inflación y coletazos de la crisis del 2008. La violencia y delito hacen foco en los lugares menos pensado: mientras los homicidios dejaron de crecer en Rosario, en Mendoza aumentaron un 40% en lo que va del año (terminaría el 2014 con la cifra record) y un par de ciudades patagónicas aparecen como las más violentas del país.

Pero hay muchas otras formas de violencia que escapan a las estadísticas porque no se denuncian o porque los responsables no reciben las denuncias. Detrás de cada muerte hay decenas de conflictos violentos y delitos que también son graves. Hay cambios culturales en las calles: todos los días somos Relatos Salvajes.

Mientras no tengamos información sobre qué está pasando con la violencia, es imposible plantear políticas efectivas y serias a largo plazo (todas las políticas de seguridad serias son a largo plazo). Nos quedaremos en el festival de ocurrencias exóticas que busca manipular el miedo para conseguir votos. Sin información, al hablar de seguridad se hace cotillón.


Un primer paso sortear el populismo y construir consensos para tener políticas de seguridad sería crear un Observatorio Nacional del Delito. Luego, una agencia federal de investigaciones capaz de llegar eficientemente a las estructuras delictivas más complejas. Para dar esos pasos se necesita salir del oportunismo electoral y entender que la seguridad necesita grandes acuerdos.